La impunidad urbanística sevillana

Históricamente, no creo que haya ciudad en el mundo —y hablamos de una de las que posee uno de los cascos históricos más grandes de Europa— que, sin haber sufrido guerras ni bombardeos, haya sido tan maltratada y transformada como Sevilla. El enemigo, el «bombardero», ha tenido y tiene nombre administrativo: la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. La urbanista Jane Jacobs escribió que las ciudades fracasan cuando dejan de entenderse como organismos vivos y pasan a gestionarse como simples operaciones técnicas o financieras. Su crítica al urbanismo burocrático sigue siendo devastadoramente actual en Sevilla. Jacobs denunció cómo muchas administraciones municipales terminaban destruyendo precisamente aquello que hacía valiosas a las ciudades: su complejidad, su tejido humano, su diversidad arquitectónica y su memoria acumulada. Hay ciudades que se destruyen bajo las bombas y hay ciudades que se degradan lentamente: expediente a expediente, licencia a licencia, excepción tras excepción. Sevilla pertenece a esta segunda categoría.

Muchos sevillanos aún creen que existe una institución encargada de proteger la ciudad: preservar su trazado histórico, defender su patrimonio arquitectónico, impedir abusos urbanísticos y garantizar que el interés general prevalezca sobre la especulación. Sobre el papel, esa función corresponde a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Sin embargo, la realidad visible en las calles cuenta otra historia: solares vacíos donde existieron casas centenarias, patios desaparecidos, edificios regionalistas vaciados conservando solo su fachada, sobreedificaciones que deforman el perfil histórico, hoteles que sustituyen antiguas casas-palacio y «rehabilitaciones» que son, en realidad, demoliciones encubiertas.

Sevilla no solo pierde edificios: pierde memoria. Al mismo tiempo, proyectos urbanísticos de enorme impacto han avanzado entre flexibilizaciones normativas y silencios administrativos difíciles de justificar. La recalificación de los suelos del Canal de los Descubrimientos y áreas colindantes de la Expo-92 reabrió viejos debates sobre la subordinación del planeamiento a intereses económicos. Las polémicas en torno a las Reales Atarazanas evidenciaron denuncias por modificaciones ejecutadas sin los informes patrimoniales adecuados. Incluso existen denuncias ante la UNESCO sobre el incumplimiento de compromisos relacionados con la protección del casco histórico.

Y esa pérdida no es accidental. No responde únicamente a la presión inmobiliaria ni al auge turístico. Ha ocurrido bajo supervisión administrativa, mediante autorizaciones, omisiones, reinterpretaciones normativas y una preocupante cultura de permisividad institucional. La gran tragedia urbanística sevillana no es solo la especulación, sino su normalización. La Gerencia de Urbanismo, creada en 1983 para ordenar y proteger la ciudad, ha terminado funcionando en demasiadas ocasiones como un engranaje subordinado a dinámicas políticas, turísticas e inmobiliarias de corto plazo.

Durante las grandes transformaciones del boom inmobiliario, esa institución se situó con frecuencia del lado de los intereses más poderosos, una realidad que no debería quedar diluida en la memoria colectiva. Mientras el ciudadano común se enfrenta a inspecciones y sanciones rigurosas por intervenciones mínimas en su vivienda, los grandes proyectos operan con mayor flexibilidad, en una zona gris de excepciones e interpretaciones.

Sevilla no necesita convertirse en un decorado monumental ni en un parque temático. Necesita seguir siendo una ciudad real. ¿Por qué no se ha abierto un debate profundo sobre el modelo de gestión urbana, sobre los criterios técnicos que permiten determinadas intervenciones y sobre la necesidad urgente de una auditoría independiente de décadas de decisiones patrimoniales?