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Almería: Intentar amordazar a la prensa con dinero público

Con la información se pudo conocer las intenciones de Campoy: responsabilizar del caso Rambla II al alcalde titular Torrecillas, mientras éste se hallaba en una UCI.

 

La noticia publicada por la agencia Efe, y que ha sido reproducida por diversos medios de comunicación, en la que se da cuenta del archivo definitivo por la Audiencia provincial de Almería a la denuncia del ex-alcalde accidental del Ayuntamiento de Albox, José Campoy, dirigida contra el director de La Comarca Noticias por la publicación de una foto en la que aparece declarando en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción Nº1 de Huércal-Overa por su presunta participación en graves delitos de corrupción municipal (malversación de caudales públicos, falsedad de documento, delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación), y que pueden llevar aparejadas penas máximas de prisión de hasta 16 años, según fuentes jurídicas de máxima solvencia, para el caso de que se aperturara la fase de juicio oral contra el mismo, (por su actuación en las obras de pavimentación de la rambla, a su paso por el casco urbano), constituyen un ataque muy grave contra la libertad de expresión, contra la prensa, y contra el derecho que tienen los vecinos de Albox y de la provincia, de conocer  esta información y sus implicancias a nivel judicial.

La Asociación de Periodistas de la provincia de Almería ha mostrado su apoyo y solidaridad al director de este medio, y ha expresado su satisfacción por el resultado judicial final, que certifica que la actuación del periodista no fue constitutiva del delito que le acusaba Campoy, de atentar contra su honor e intimidad.

Pero lo que resulta también especialmente grave, es el uso de los fondos públicos que ha hecho Campoy con la contratación de un abogado, -marido de la ex-secretaria del Ayuntamiento, Eva Cano-, para impulsar su denuncia que, finalmente, no ha tenido el recorrido que esperaban, que era meter en la cárcel al informador.

Resulta totalmente inaceptable, -y ya se verá si constitutivo de delito o no-, que con fondos públicos se sufraguen los costes a este abogado para silenciar informaciones que afectan a un político, en ese momento con la más alta responsabilidad de gobierno, pues era el alcalde del municipio de Albox. Ante tal situación es necesario que los promotores e impulsores de la “brillante idea” tuvieran que dar explicaciones, así como el alcalde de Albox Francisco Torrecillas, aclarar si con dinero proveniente de las arcas municipales se paga el intento de silenciar a periodistas que cumplen con su deber de informar, sin olvidarnos de la obligación inclaudicable del primer edil (Torrecillas) de perseguir un delito si tiene conocimiento que se ha cometido.

En el contexto actual, surgen los siguientes interrogantes:

1, ¿En qué medida afectaba la información de su declaración y de su foto al interés público municipal para que Campoy solicitara del Ayuntamiento el abono de la minuta de un letrado y se decidiera previamente la contratación del mismo? Está claro que no hay afectación de interés público alguno, ya que la información sólo versaba sobre su intervención en los hechos que están siendo investigados en el Juzgado. Es decir, la foto que se publicó era la suya, y no afectaba al Ayuntamiento.

2.- ¿Qué hubiera pasado en caso de existir una indemnización: se la hubiera quedado Campoy en su bolsillo o la hubiera ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de Albox?.

3.- ¿Que intervención ha tenido en estos hechos la que fuera alcaldesa de facto del Ayuntamiento de Albox, durante el periodo que estuvo en la UCI Torrecillas, y a la sazón esposa del abogado que llevó el asunto? ¿Efectuó la funcionaria algún tipo de advertencia o no, respecto a estas cuestiones, tratándose de su actual esposo el abogado al que encargan el asunto? ¿Fue realmente la impulsora de la contratación de su marido? ¿Es cierto que se le adjudicó el contrato para denunciar al director de este diario digital cuando ya había efectuado todo el trabajo, y por tanto no prestó servicio profesional alguno, en este asunto, durante la vigencia del mismo? ¿Es cierto que presentó una factura para su cobro? ¿Es cierto que ha cobrado más de 12.000 euros?

Lo relevante que subyace en el fondo de todo este asunto con la denuncia que interpuso el alcalde en funciones José Campoy, sin lugar a dudas, era la de intimidar a este medio de comunicación para  silenciarlo, y que no publicaran más hechos con una enorme trascendencia en la opinión pública, y que afectaban y afectan a Campoy a nivel judicial penal. No olvidemos que con la primicia que publicó La Comarca Noticias se pudo conocer realmente la estrategia de Campoy, que era la de responsabilizar por las actuaciones del caso Rambla II a Torrecillas, mientras éste se hallaba conectado a un respirador artificial. Al parecer, con lo que nunca contaron, era conque Torrecillas volvería. Ahora esperamos de la máxima autoridad municipal, que eche luz sobre este asunto turbio.

Como siempre, la cuenta en Albox, corre a cargo de los vecinos.