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Así empezó el Caso Halsa, ahora llamado Operación Términus

Un exempleado de HALSA encuentra documentación B en un contenedor donde hay políticos y funcionarios trincando a manos llenas.

 

Esta es la crónica que publiqué el sábado 2 de noviembre de 2013 narrando los detalles conocidos hasta ese momento sobre la documentación de la Caja B de una importante constructora almeriense hallada por un exempleado en un contenedor de basuras. Los secretos mejor guardados por la constructora HALSA y su relación económica con políticos del PP quedaron al descubierto. Fue la bomba que no estalló en Palomares. Desde entonces se ha estado trabajando en un sumario cuyo grueso  acaba de ser entregado a las partes tras años de instrucción y en secreto.

Sorprenden los informes policiales adjuntos a la causa por su rigor, documentación analizada, claridad en las exposiciones y ausencia de valoraciones que, como bien señalan, corresponderá realizarlas a otras instancias. Salvo mejor criterio de la autoridad judicial, el trabajo parece impecable

Efectivamente, el conocimiento hoy de lo que se ha ocultado detrás de la relación de políticos del PP con la más importante constructora de la época en Almería, afecta en términos políticos no solo a Gabriel Amat y al PP de Almería, también a Juan Manuel Moreno Bonilla, jefe de filas del PP, que bien se ha encargado de cuidar y mimar a Amat desde hace años, incluidas decisiones del actual gobierno como la construcción de un hospital con financiación publico privada en Roquetas.

Todo ello sin olvidar el triste papel que viene desempeñando desde hace años el PSOE de Almería, cómplices políticos del PP en muchas de las tropelías que ahora confirma la policía judicial. Alguna migaja de las mordidas iban a parar a bolsillos socialistas, como también queda constatado por la policía.

Tuvo que ser el PSOE de La Mojonera el que dio la cara con las siglas del partido, uniéndose a las denuncias que la asociación Amayt ya había puesto en marcha ante la fiscalía en octubre de 2013.

Precisamente con lo que sucedió ese día en Granada arrancaba la crónica  que a continuación se reproduce con algunas actualizaciones pertinentes.

 

MORENO BONILLA: «SOIS UN EJEMPLO DE GESTIÓN»

No tiene desperdicio la dedicatoria que  ‘el parlamentario’ del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dejó estampada en el libro de honor del Ayuntamiento de Roquetas.

 

El blog de Pepe Fernández, 2 de noviembre de 2013

 

CASO PP-HALSA: LA ´BOMBA´ QUE NO ESTALLÓ EN PALOMARES

 

(La narración de esta historia de actualidad está dedicada a mi compañera periodista de El Ejido, Eva Liria Rubio. Vicepresidenta de AMAyT, veterana luchadora contra la corrupción en Almería que destapó la ´Operación Poniente´ y represaliada laboral y profesionalmente a instancias de quienes hoy están en la lupa de la Justicia bajo la sospecha de hacer trampas a la Ley y a la Democracia. Va por ti Evita… y por algunos más).

 

El miércoles día 23 de octubre pasado el cielo de Granada presentaba un tono grisáceo hasta bien entrada la tarde en que aparecieron los primeros rayos de sol en Plaza Nueva. El reloj de la Real Chancillería, sede del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía, juega con ventaja porque corre adelantado. Su carillón anuncia sonoramente el tiempo tres minutos antes de la hora oficial. Cuando marca las 13,45 ( realmente las13,42 ) una mujer joven y un hombre cincuentón, realizan una comparecencia en la secretaría particular del Fiscal Superior de Andalucía. Junto a una carpeta con documentos en papel -un centenar de hojas aproximadamente- entregan una memoria USB de color azul oscuro de gran capacidad, que es introducida en un sobre amarillento y sellado por la funcionaria que les atiende. Ambos firman un documento de 25 líneas en cuyo encabezamiento puede leerse: “A la Fiscalía Superior de Andalucía”.

Tras la firma de ambos a pié de texto, se estampan dos sellos de caucho con tinta azul. Uno con la fecha del registro de entrada, 23 de octubre de 2013, y el otro donde se lee “Es Copia”.

En cinco puntos los comparecientes hacen constar la documentación – “mediante papel y soporte informático”- que se entrega y que acompaña el escrito.

“1.- Recibos emitidos por la empresa Hispano Almería correspondientes a pagos en “B” a miembros del Partido Popular en la provincia de Almería cuyo objeto, inicialmente y entre otros, es el de la financiación de campañas electorales.

2.-Extracto de la contabilidad de la empresa Hispano Almería correspondiente a los periodos de agosto de 2011 a enero de 2012, como una primera muestra de lo que aquí denunciamos.

3.-Notas simples, Prestamos Hipotecarios, documentos mercantiles, contables, societarios etc y en general correspondientes a la empresa Hispano Almería así como otras que pertenecen a los propietarios de la misma, los Sres. D. Miguel Ángel Morales Duarte y don Miguel Ángel Morales Carrillo (padre e hijo).

4.- Relación de Obras contratadas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

5.-Relación del total de las obras que la empresa/s, el grupo, han realizado desde el inicio de sus actividades”.

Se indica al final del texto de la comparecencia que querían dejar constancia que “la documentación nos ha sido facilitada por una persona que, por el momento, requiere mantener su anonimato, pero que a requerimiento de esa Fiscalía, y si puede considerársele como ´testigo protegido´ estaría dispuesta a aportar muchísima más documentación que serviría para un mayor y mejor entendimiento y esclarecimiento de los hechos origen de la presente”.

 

Carolina Gutiérrez y Eva Liria, presidenta y vicepresidenta de Amayt respectivamente junto a Luis Montoya, colaborador de la entidad quienes entregaron en Fiscalía toda la documentación de Halsa.

 

La última frase del breve escrito justificaba el motivo por el que los comparecientes se personaban en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía en Granada y no en la de Almería:

“Que en los documentos que nos ha sido aportados, de ellos, se desprende la posible implicación de personas aforadas. Lo que ponemos en su conocimiento y a los efectos que procedan”.

Firman dicho documento Carolina Gutiérrez Marín, como presidenta  de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia y Luis Montoya Palencia, en nombre propio y como colaborador de dicha asociación cuyo acrónimo es AMAyT.

 

La Justicia que rodea al ‘Fabra andaluz’ (II)

 

Tercera visita a Fiscalía

No era la primera vez que representantes de esta asociación, nacida públicamente el 9 de enero pasado en Almería, impulsada desde la sociedad civil y al margen de las formaciones políticas, comparecían con el mismo propósito ante la Fiscalía del TSJA en Granada.

Lo hicieron la primera vez con una denuncia sobre las actividades mercantiles de los últimos años del alcalde de Roquetas, Gabriel Amat Ayllón, que daría pie a una “extensa y amplia investigación” que siguió su curso, según confirmó en su día, por escrito, al denunciado y a los denunciantes la propia Fiscalía. Todo ello sirvió finalmente para ampliar un procedimiento en marcha desde hacía muchísimo tiempo en un juzgado de Roquetas por el denominado «Caso La Fabriquilla».

Entre los imputados en ese sumario ya se encuentra el ex concejal de Urbanismo de Roquetas  José María González, amigo y mano derecha durante años de Gabriel Amat -también personado en la causa- en las cuestiones urbanísticas del término municipal.

Tiempo después presentaron otra extensa y documentada denuncia sobre la supuesta manipulación y falsificación de facturas que afectan a los presupuestos de la Diputación Provincial de Almería, donde se habrían abonado entorno a los 800 mil euros, fundamentalmente pagos en concepto de publicidad institucional a diversos medios de un determinado grupo de comunicación por parte del actual equipo de gobierno presidido por Amat, también con un aforado de por medio.

Llegaba este escándalo a cuenta de un posible reconocimiento irregular de deuda, casi al mismo tiempo que se judicializaba otra denuncia, en este caso presentada por el PP, por facturas falsas en el Patronato de Turismo, contra los anteriores gestores socialistas. El juez almeriense Luis Durbán, que ordenó de inmediato numerosas imputaciones e incluso medidas de prisión preventiva, pegó un gran acelerón inicial a la instrucción, obligando todo ello a abandonar el PSOE al ex vicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez Montoya.

(Actualmente Pérez Montoya se encuentra cumpliendo condena en prisión y, según se ha sabido, el Fiscal acaba de  señalar a Pérez Montoya como el «único» responsable del procedimiento facturas a medios de comunicación)

La puesta en marcha de este procedimiento coincidió en el tiempo con la reactivación de un largo proceso judicial del denominado «Caso Auditorio» contra el Ayuntamiento de Roquetas y su alcalde Gabriel Amat por parte del PSOE. Algunos entendieron que fue una respuesta – «venganza» se oyó entonces- del PP tras un año en el gobierno provincial, con  gran éxito judicial como se pudo comprobar con la acelerada instrucción del juez Durbán. Una millonaria obra donde, según denunciaron los socialistas, se habría gastado el Ayuntamiento de Roquetas el doble de lo presupuestado inicialmente. Ocho millones de euros por encima de lo previsto, sin concurso y adjudicado a dedo a quienes la ejecutaron, HALSA como constructora principal. El dirigente regional socialista, Mario Jiménez, se plantó entonces en Almería siendo muy duro y contundente en sus acusaciones públicas de presunta corrupción contra Amat y el PP. Aquel asunto, pasados los meses, quedaría como tantos otros, arrumbado en la lentitud enmarañada de ciertos procesos judiciales almerienses que rozan a determinadas castas políticas.

Lo cierto y verdad es que, desde aquella primera andanada del PSOE ante el enorme gasto producido en el Teatro Auditorio de Roquetas y la respuesta del PP denunciándolos posteriormente en la Fiscalía de Almería, los socialistas no volvieron a realizar denuncia alguna contra la presunta corrupción del adversario. De alguna manera, los ciudadanos volvían a reencontrarse en Almería con un viejo y conocido escenario de no agresión entre las dos principales formaciones políticas de la provincia. Una situación que a muchos recordaba bastante la que durante una década larga habían mantenido Martín Soler como SG del PSOE y Gabriel Amat presidente del PP, aunque entonces el PSOE estaba ya liderado desde hacía meses por un joven político oriundo de Chirivel, José Luis Sánchez Teruel apadrinado ante Pepe Griñán para el cargo por la ex presidenta del Parlamento Fuensanta Coves Botella. “A mí nadie me marca la agenda política” suele responder para justificar su tibieza contra el PP Teruel, mientras que en Sevilla los populares lograban que la jueza Mercedes Alaya acabase apuntando la imputación de sus jefes Chaves y Griñán en el caso Eres.

El PSOE en ese tiempo no solo no entraba en el cuerpo a cuerpo de las denuncias contra el hegemónico PP almeriense, sino que llegaba a pactar con ellos el reparto de puestos en la dirección de la ADR Alpujarra; un entramado político y económico donde también han sido detectadas graves irregularidades económicas protagonizadas fundamentalmente por cuadros de confianza socialistas, asunto que AMAyT estudia elevar próximamente a Fiscalía.

En este contexto político pasaron las semanas y los meses sin grandes alteraciones en esta especie de reino de la ´omertá´ en el que, los dirigentes provinciales del PP y del PSOE, habían convertido nuevamente el escenario político provincial. Los socialistas estuvieron más preocupados por el relevo en el PSOE-A y la Junta. Los populares atentos al terremoto generado por los papeles de Bárcenas.

Solo en primavera, una extraña operación de acoso y derribo del Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, alteró en abril el tranquilo panorama al desvelarse extrañas maniobras políticas desde el PP que darían cobertura y respaldo a empresarios denunciantes con un amplio historial delictivo y judicial. Lógicamente ningún partido se interesó por las entretelas del caso – «OperaciónTres Reyes»– donde se mezclarían denuncias en despachos oficiales sobre corrupción, supuestos agentes del CNI, millones de dinares iraquíes en venta en El Ejido, supuestas presiones para cobrar deudas y una instrucción de la Guardia Civil almeriense sobre la que siguen pesando muchas dudas e incógnitas por parte de la defensa del Abogado del Estado y otros imputados.

(Tras años de instrucción y suspensiones, la sentencia final  del ‘Caso Tres Reyes’ exculpó de todas las acusaciones de la G.C. al ex  Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, confirmando así la actuación inquisitorial en la instrucción del procedimiento, denunciada por las defensas).

Centenares de recibos como estos aparecieron sin destruir en un contenedor y que Halsa intentó invalidar jurídicamente sin éxito ante el juez. Quedaba al descubierto una posible financiación irregular del PP a través de comisiones por obras públicas adjudicadas.

 

AMAyT, una válvula

Mientras la vida política almeriense seguía por sus habituales cauces de armonía y buen rollito, la sociedad civil empezó a encontrar una válvula de escape en aquella asociación creada a principios de este año 2013 contra la corrupción política e institucional y de la que solo sabían los ciudadanos por blogs y redes sociales, ya que el acceso a los medios convencionales locales les resultó una misión casi imposible, un muro infranqueable. El diario Ideal, en su edición de Almería, fue el único que se hizo eco generoso de sus escasas pero contundentes actividades y denuncias. Otros desmentían, sin firma, noticias que luego confirmaban los fiscales. Los mensajes a AMAyT, desde el anonimato ciudadano, empezaron a fluir y a aumentar con el paso de los meses. Mucha gente quería contar desmanes y corruptelas con los bienes públicos en la provincia por parte de la clase dirigente. No daban abasto, cuentan, en separar el grano de la paja.

En pleno verano, el 28 de julio a las 20,40 horas, en el buzón de Facebook de AMAyT, se recibe un críptico mensaje que, entre tantos recibidos, les pasó desapercibido.

-“Buenas tardes: Necesito ponerme en contacto con vosotros si sois tan amables y me hacéis llegar una dirección de correo o teléfono. Os lo agradecería, un saludo”.

Al no recibir respuesta, el 22 de agosto a las 9,53 de la mañana, vuelve a escribir otro:

«Buenos días, me gustaría ponerme en contacto con vosotros. No sé donde tenéis las oficinas o bien a quién me puedo dirigir. Es un tema tela (sic) opinado con corrupción».

El comunicante tampoco recibe respuesta, pero vuelve a la carga tiempo después, el 15 de octubre a las 13,37 de la tarde:

-«No logro ponerme en contacto con vosotros, ruego os pongáis en contacto conmigo. Tengo una información y prescribe y necesito asesoramiento».

A la tercera fue la vencida. La Presidenta de AMAyT va y le responde dos días después, el 17 de octubre a las 6,46 de la mañana:

«Perdona xxxxx, se nos traspapelan los mensajes entre tantos, discúlpanos por favor. Soy Carolina, presidenta de Amayt, te doy mi teléfono para que me llames y hablamos del tema».

Gabriel Amat con Sánchez Teruel, S.G. del PSOE de Almería en un acto público.

 

El consejero de Almería.

A vueltas de las vacaciones en la capital más oriental de Andalucía solo se hablaba del inminente gobierno que debería formar la nueva presidenta de la Junta Susana Díaz. En Almería se había activado una especie de campaña mediática, social y política en favor del nombramiento de un almeriense para una Consejería en el nuevo ejecutivo de la presidenta. Amplios sectores llegaron a estar plenamente convencidos de que el Secretario General del partido en la provincia, José Luis Sánchez Teruel, sería nombrado para el puesto. Incluso se afinaba al máximo y se postulaba al político oriundo de Chirivel para el puesto de Consejero de Agricultura, departamento que conocía desde que, en 2008, fue nombrado Director General por el entonces consejero almeriense Martín Soler, su primer padrino político.

El nombramiento del «consejero de Almería» no se produjo y quienes lo habían jaleado y propugnado, dándolo como “hecho”, se revolvieron duramente contra Susana Díaz y contra el PSOE-A. Declaraciones y columnas de opinión que pusieron a caldo a la presidenta. Más de lo mismo con Almería, marginación y olvido, decían. En esa monumental revuelta de desgaste no faltó incluso la crítica acerada de algunos dirigentes populares como la parlamentaria Rosario Soto, acusando a Susana Díaz de marginar y despreciar, una vez más, a Almería desde Sevilla.

 

‘El País’ investiga.

Arrancado el mes de octubre un periodista de la delegación andaluza del diario El País, Javier Martín-Arroyo, llega a Almería y comienza a mantener entrevistas con diversas personas. Nadie sabe muy bien que lleva entre manos quien se ha destacado en el periódico del Grupo Prisa por unas excelentes y elaboradas crónicas periodísticas sobre el Caso Eres. Sus interlocutores almerienses y sus preguntas a unos y otros acaban dando pista de que Martín-Arroyo, junto a la corresponsal en Almería, Marta Soler, están investigando “algo entorno a adjudicaciones de obras” por parte de instituciones almerienses. Algunos suponen que tanto las gobernadas por el PP como por el PSOE. La cautela de los periodistas es más que evidente en sus movimientos. Saben el terreno que pisan.

La presidenta de AMAyT, Carolina Gutiérrez y quiénes le ayudan en la oenegé, son también contactados.  Casi al mismo tiempo reciben el tercer mensaje del «topo» y toman contacto con el desconocido remitente al que han facilitado el teléfono de la asociación anti corrupción.

Paralelamente, el periodista de El País, sigue amarrando datos, contrastando opiniones y recogiendo declaraciones de todos los protagonistas de su trabajo de investigación. Desde luego un trabajo riguroso y profesionalmente impecable. A los pocos días, semanas, el run run por Almería se hace insistente y es vox populi que el diario de mayor tirada de España está trabajando en algún asunto relacionado con Almería, algo que inquieta a casi todos, especialmente a quienes más poder detentan porque esta vez no controlan, como suelen, la información que publican algunos medios. Tras el trabajo de campo periodístico comienza el realizado desde la propia redacción en Sevilla. Un puzzle muy complejo, desde luego. Avanzado el mes de octubre AMAyT acuerda un encuentro «de trabajo» con el misterioso contacto que les confirma haber hablado también con el periodista de Prisa y les dice haber visto papeles muy importantes en su poder. Les hace entrega de abundante documentación en soporte informático, “cerca de nueve o diez mil páginas con información, prácticamente toda la contabilidad “B” de la empresa Hispano Almería” aseguran. Los miembros de la asociación, conocedores de la tela de araña almeriense, rápidamente se dan cuenta de la importancia y trascendencia que puede tener para la Justicia el material del que son conocedores y poseedores.

Lo analizan y comprueban, entre otras cosas, la existencia de una gran colección de «recibos» que contienen supuestos pagos a cargos y cuadros del PP para campañas electorales y, también, a algún socialista como el histórico portavoz del PSOE en Roquetas, parece que para un concurso de misses. También analizan la contabilidad de la empresa con anotaciones a mano donde se menciona expresamente a personas, entre ellas al actual alcalde de Almería y Senador del PP Luis Rogelio Rodríguez Comendador al que le habrían hecho un arreglo en un ático de su propiedad del que, según El País, no dispone de facturas porque pagó «en efectivo». Especialmente llamativos les resultan los denominados  «Modelo 347» de la Agencia Tributaria, los que reflejan la declaración anual de operaciones con terceras personas de la empresa. Allí aparecen sociedades de las que el Registro Mercantil revelan apellidos vinculados familiarmente a políticos del PP, Amat entre ellos. Los montantes son importantes, en algún caso supera el medio millón de euros – exactamente 664.049,20 en una del ejercicio 2010- o los 56.501, 28 Euros  en 2009 a un despacho de abogados con el apellido de un conocido político del PP de Almería, actual cargo público en el Ayuntamiento por más señas.

Imagen de una de las decenas de folios que acumulan los nombres de autoridades y funcionarios a agasajar cada Navidad por el entramado empresarial de HALSA. Gabriel Amat siempre es el primero de la lista y con el regalo de más valor.

 

Medios de comunicación y Papá Noel

En el listado se reflejan también facturas a medios de comunicación y agencias de publicidad, especialmente una que suele trabajar para las instituciones gobernadas por el PP y en sus campañas electorales. En el contacto mantenido con quien les entrega la documentación, «el topo» les explica el significado de muchas facturas y claves manuscritas. Creen que muchos de esos documentos mercantiles podrían ser facturas falsas. Y recuerda que en la Audiencia Nacional existe un procedimiento precisamente relacionado con este tipo de fraudes, con la empresa HALSA de por medio. Entre los papeles sorprenden unos listados muy curiosos y llamativos, a mano, como son los regalos que la empresa realizaba a gente Vip para celebrar la Navidad. Caros y valiosos obsequios de joyería que se habrían distribuido en función del poder y los cargos del obsequiado. A más poder, más valor el paquete de Papa Noel y más regalos. Casi doce mil euros en regalos habrían llegado en estos años al domicilio del alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación y del PP.

Según explican los responsables de AMAyT  «llegamos al convencimiento de que habíamos obtenido la confirmación documental de muchas sospechas, las que podrían confirmar como ciertos políticos aparentemente se peleaban en el escenario, pero entre bambalinas se repartían el dinero de todos».

Una breve comunicación telefónica con la Fiscalía Superior en Granada bastó para que, el 23 de octubre, les diesen cita para depositar dicha documentación en manos del Ministerio Público. Cinco días después, el lunes 28, el diario El País, en su edición nacional, empezaba a contar con pelos y señales, recibos incluidos, una historia que muchos creían saber en Almería, que callaban y que, desde luego, nunca denunciaron.

Hasta aquí la historia, a grandes rasgos, sobre como se ha activado una bomba informativa de incalculables consecuencias políticas. Alguno llegó a compararla, salvando tiempo y distancias, con las atómicas de Palomares, que no causaron muertes pero sí mucha contaminación. Claro que en este caso la situación es la contraria, primero la contaminación y, ahora, la explosión en términos políticos y posiblemente judiciales. Todo ello mano a mano entre la sociedad civil y unos periodistas que han cumplido con su trabajo y deber: contar aquello que molesta y que el poder oculta, porque no quieren que se sepa.

Susana Díaz en Almeria junto al Secretario General del PSOE, uno de los peones de su confianza. Sánchez Teruel no puso demasiado entusiasmo a la hora de denunciar la trama Halsa en el juzgado, cosa que finalmente forzó el PSOE de La Mojonera. Muchos en su partido recordaron que su hermano había sido auditor de la empresa Halsa.

 

 

Primeras reacciones.

Las reacciones a la explosión periodística han sido las esperadas. La empresa HALSA ha acusado a dos ex empleados despedidos de haberles «robado» la documentación; ex empleados a los que ya habrían denunciado según han dicho ahora en su defensa. (Por cierto, parece que ninguno ha recibido en este tiempo citación de ningún tipo). Han desmentido que hayan sobornado a políticos y han llegado a decir que sus documentos han sido manipulados. Se basan, por ejemplo, en un recibo supuestamente para la campaña del PP de Níjar en 2008 que, en letra, pone «veinticinco» y en números «25.000 Euros». De ser cierta la manipulación, dejo a criterio del lector la opinión sobre tan generoso donativo de 25 euros para una campaña electoral que, como máximo, daría para una ronda de cervezas y sin tapas para los que pegaban la cartelería.

Pero el dueño de HALSA ha ido más allá a la hora de justificar la pulcritud de su contabilidad, por supuesto negando pagos al PP, al recordar que el Auditor oficial de sus cuentas es el «hermano del Secretario General del PSOE» de Almería, Pedro Sánchez Teruel.

A nivel mediático, una vez más con la muy digna excepción del diario Ideal, el eco del escándalo se ha centrado fundamentalmente en darle voz a la empresa afectada y a las escasas declaraciones de los políticos señalados para defenderse. Ha resultado curioso comprobar como lectores, oyentes o televidentes sabían de unas reacciones a la defensiva sin haber tenido antes noticia de las graves acusaciones publicadas.

 

IU

En el ámbito político se ha destacado IU de Almería, históricamente inflexible y en una clara posición contra la corrupción, la primera fuerza política en pedir en rueda de prensa a las pocas horas de las primeras informaciones de El País – con la coordinadora provincial Rosalía Martín y el portavoz en Roquetas y Diputación Juan Pablo Yakubiuk- la dimisión de Gabriel Amat, al tiempo que ponían el asunto en manos de sus abogados personados en el ´Caso Gürtel´ en Madrid al coincidir, dijeron, en el modus operandi.

(Al final, el esfuerzo de los cuadros de IU en Almería, no fue correspondido por la organización regional dirigida entonces por Antonio Maillo quien tras varios intentos acabó tirando la toalla con la corrupción en Almeria)

 

PSOE

En el PSOE ha quedado en evidencia la contundencia, una vez más, de Mario Jiménez desde Sevilla frente a la de su SG en Almería José Luis Sánchez Teruel. Este ultimo hiló muy fino en una nota pública donde le exigía a Amat que explicase si había «recibido dinero de empresas», en plural, sin mencionar en ningún momento en la nota a la empresa en cuestión, Hispano Almería, para la que ha trabajado su hermano como Auditor de cuentas.

Teruel sí que se refirió a HALSA semanas antes de estallar el escándalo, al recordar en una polémica pública en las redes sociales con el colaborador de AMAyT, Luis Montoya, que  HALSA no solo trabajaba para ayuntamientos del PP, también para ayuntamientos del PSOE «como por ejemplo Vícar donde ha ejecutado el Palacio de los Deportes o gran parte de su bulevar, también antes de estar yo en cargo alguno en el Psoe», escribió el máximo dirigente del socialismo provincial.

Un texto y un señalamiento hacia Antonio Bonilla, alcalde socialista de Vícar, que no ha gustado ni a destacados militantes de Almería ni a la dirección regional del PSOE en Sevilla, donde ha causado malestar, además, el que no tuviesen noticia suficiente de la estrecha vinculación de su hermano Pedro Sánchez Teruel con la contabilidad de HALSA.

Mario Jiménez se tiró nuevamente en plancha contra el PP y llegó a anunciar la posible personación de su partido en el supuesto de que se judicialice este caso que parece, dijo, de financiación ilegal del PP, preguntándose si sus dirigentes también recibían sobres de dinero negro como los que entregaba el tesorero Luis Bárcenas en Génova 13. Jimenez ha anunciado hoy en Granada que pedirán comisiones de investigación en los municipios afectados.

(El Psoe se acabó personando en el Caso Halsa, pero no desde la dirección provincial que puso todas las trabas habidas y por haber para que no se diese ese paso, lo tuvo que hacer el PSOE de La Mojonera cuyo alcalde del PP, entonces diputado autonómico aforado, era al mismo tiempo socio de los dueños de Halsa a los que adjudicaba pelotazos en su término. Todo y más ha quedado confirmado por la policía judicial en sus informes)

 

PP

Desde luego el PSOE ha recibido serios impactos en este estallido, pero los mayores daños políticos han afectado especialmente al mismísimo corazón del PP de Almería, cuyo líder espiritual es el democristiano Javier Arenas Bocanegra. En dos legislaturas consecutivas el ex presidente regional de los  populares decidió encabezar la lista de su partido por aquella provincia. Un gesto que fue interpretado como el acercamiento  de un político sevillano a la eternamente marginada Almería. De hecho, gracias a Arenas, Mariano Rajoy hizo excepciones acudiendo a actos de partido donde piropeó hasta la saciedad públicamente al presidente local Gabriel Amat. Casi de la misma forma que años antes el propio Arenas alababa la figura del alcalde de El Ejido Juan Enciso – «el mejor alcalde de España»- antes de que este ingresase en prisión a consecuencia de la Operación Poniente, un sumario que lleva más de cuatro años instruyéndose en un juzgado de Almería con casi 70 imputados, en relación con la empresa semi pública ElSur que acaba de despedir en un Ere a 120 trabajadores, todo ello bajo la presidencia del actual alcalde popular Francisco Góngora.

(La Operación Poniente comenzó a ser juzgada en audiencia pública a principios de este año 2020, tras once años desde que arrancó su investigación. La vista tuvo que ser suspendida a causa del Estado de Alarma y ha vuelto a ser convocada para principios de 2021. Medio centenar de personas han acabado sentadas finalmente en el banquillo, entre ellos Juan Enciso, exalcalde de El Ejido e importantes ejecutivos del Grupo Abengoa)

Rajoy y la plana mayor del PP  parece que se sentían muy cómodos en la plaza, tanto que no tuvo empacho el hoy presidente del Gobierno en firmar en el libro de oro del Gran Hotel Almería junto a su dueño, el empresario Miguel Rifá, socio de la familia de Amat, sometido desde hace año y medio a una importante investigación judicial, acusado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de ser supuesto autor de graves delitos económicos como alzamiento de bienes, estafa, crimen organizado, evasión de capitales y delitos contra la Hacienda pública entre otros. Otro sumario instruido en Almería y del que tampoco se ha sabido nada informativamente hablando hasta la fecha.

En este contexto político, la salida a la luz de los papeles de la contabilidad «b» de HALSA, ha supuesto un auténtico mazazo para la estructura directiva provincial de los populares.

La respuesta del partido se ha basado en esta ocasión en el conocido manual utilizado en primera instancia para defenderse del huracán Bárcenas. Negarlo todo y, además, amenazar con querellas no solo al diario El País, también a cualquier medio que se hiciese eco de sus informaciones. Siempre a través de comunicados, sin comparecencias públicas.

A nivel regional ha sorprendido también el silencio estos días del presidente Juan Ignacio Zoido. Una actitud que se interpreta de cautela y meditada prudencia dado que la explosión se ha producido en el distrito político de su predecesor Javier Arenas. Solo la Delegada del Gobierno, Mari Carmen Crespo, ex alcaldesa de Adra, se ha lanzado a poner la mano en el fuego por Gabriel Amat y lo hacía un día antes de que se conociese, también a través de El País, que ella fue objeto igualmente de regalos navideños por parte de HALSA, al igual que el alcalde socialista de Vícar, el popular de Níjar etc. En las hemerotecas de la red permanecen fotos suyas con directivos de la empresa constructora firmando acuerdos para obras importantes en su municipio.

De todas formas el alcalde de Almería, el también senador Rodríguez Comendador, parece que es el que más ha sufrido las quemaduras de tercer grado tras la detonación del caso de presunta financiación irregular de su partido en Almería. Que no pueda presentar las facturas de los arreglos de su lujoso ático, realizado por HALSA, le ha colocado, de momento, en una muy complicada situación política. Aunque no parece que este sea el único disgusto de Luis Rogelio en esta convulsa temporada. Fuentes de AMAyT aseguran que en breve saltará un nuevo escándalo relacionado con las licencias municipales en el sector de gasolineras de la ciudad, «un asunto que llegará muy pronto a la Fiscalía de Granada» aseguran.

(El asunto de las gasolineras acabó judicializado. Posteriormente  disuelto en acuerdos bajo cuerda y pactos extrajudiciales entre los interesados)

 

Un antes y un después.

Parece claro y evidente que, tras este escándalo que lleva casi una semana en el candelero regional y nacional, habrá un antes y un después en la vida política de Almería. Ya sea en el PP como en el PSOE.

Que Susana Díaz haya comprobado cuanta razón tenía al sugerir o exigir, siendo Secretaria de Organización del PSOE-A, que se apartase de la circulación política al portavoz socialista roquetero, Ortega Paniagua, le tiene que haber incomodado sobremanera. Especialmente porque la actual dirección del PSOE almeriense, a través de la mano derecha de Teruel, Adela Segura,  apostó por la candidatura que apoyaba Paniagua frente a la renovación que quedó en minoría en la agrupación de Roquetas.

Por su parte, en el PP, parece que puede quedar definitivamente apartada del delfinario la Delegada del Gobierno Carmen Crespo, una de las aspirantes del arenismo para las próximas autonómicas. Pero, desde luego, quien sí parece tener un oscuro futuro político es el veterano Gabriel Amat que, a punto de cumplir los 70 años, se halla en el centro de la lupa de la Justicia no ya por el caso HALSA, que también, sino por las otras investigaciones en marcha y ya judicializadas.