CGPJ: el mayor ataque al Estado de Derecho
Son este tipo de cosas las que deberían sacar a la gente a la calle.
Se sabía. Los partidos políticos que componen la actual coalición de Gobierno no han ocultado nunca sus convicciones anti-democráticas. Y esto, lejos de ser una invectiva gratuita motivada por cuestiones ideológicas, se revela como un dato objetivo que, a día de hoy, ni sus más enconados defensores se pueden atrever a negar. Como es lógico, en la arena política se impone la defensa impertérrita de una causa, aun a riesgo de caer en el autoengaño y en el cinismo. No es lo ideal, pero es lo que realmente sucede. Guiado por este pensamiento, al autodenominado ‘Gobierno del Progreso’ no se le cae la cara de vergüenza a la hora de plantear recortes paulatinos de las libertades civiles amparándose en la Crisis del Covid. Se ha hecho durante el confinamiento y se seguirá haciendo. En el horizonte está la nueva ley de Telecomunicaciones que, con la excusa de poder lanzar alertas sanitarias gubernamentales que estén al alcance de todos los ciudadanos, permitirá al Gobierno acceder a los dispositivos móviles de los usuarios.
Con todo, hoy no vamos a hablar de esto. Hoy, nuestra atención recala sobre la reforma exprés que el gobierno se plantea respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Hace unos meses ya explicábamos el problema que se plantea con el bloqueo sistemático de la elección de este órgano , así como su método de elección. Lo cual sólo podrá ser superado -repetimos- si el mismo es elegido directamente y al margen de los partidos políticos por los propios ciudadanos. Pues bien, el Gobierno ha decidido abordar este escollo de una manera muy diferente: si el sistema de mayorías no te beneficia, lo cambias, Así de sencillo. Pese a su aparente imperfección, el sistema de mayoría cualificada previsto en la ley persigue, dentro de lo que cabe, mantener una cierta pluralidad política en la configuración del CGPJ. De manera que una mayoría no pueda imponerse con facilidad y, en consecuencia, convierta al Poder Judicial en una mera correa de transmisión de las decisiones del Poder Ejecutivo. De lo contrario, el último resquicio de una mínima separación de poderes se pervertiría definitivamente, emergiendo un poder único a merced del Gobierno.
Ni Sánchez ni Iglesias han ocultado esto nunca. No en vano, se nombró a la exministra saliente Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, la cual se ha afanado en presionar los fiscales para que soliciten el archivo de las causas abiertas contra el Gobierno en relación a la gestión de la pandemia. Por otra parte, ¿cabe esperarse algo diferente de quienes plantearon una reforma de las competencias del Senado para arrebatar la capacidad de veto de la Cámara Alta cuando, tras la Moción de Censura, estaba aún controlada por una mayoría del Partido Popular? Y si la respuesta a esto pudiera ser inimaginablemente afirmativa, ¿puede esperarse de un Gobierno y de unos partidos que han pactado con los herederos de ETA y los golpistas catalanes para conseguir el poder? ¿Y de quienes se plantean una reforma del Código Penal para aclimatar los delitos de Sedición y Rebelión a los intereses de quienes han sido condenados por ellos? ¿O de los que han impulsado la tramitación de los indultos de los golpistas? La respuesta es inequívoca.
Han sido listos, aunque indisimulados. El Gobierno sabe que si plantea la reforma por él mismo se arriesga a una tramitación parlamentaria lenta y tortuosa, en la que es preceptiva -aunque no vinculante- la existencia de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Al ir por la puerta de atrás e impulsar dicha reforma a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos, se saltan la preceptividad de estos informes y se encarrilan hacia una tramitación más rápida y fácil, que puede estar concluida en alrededor de dos meses. Todo, en definitiva, para ser ellos quienes puedan elegir a los miembros del CGPJ sin tener que negociar en la práctica con la oposición o, de tener que hacerlo, ser capaces de imponer su mayoría. Desde el mundo jurídico más cualificado ya se han lanzado a considerar esta iniciativa como un atropello gigantesco y un atentado sin parangón contra el Estado de Derecho.
Son este tipo de cosas las que deberían sacar a la gente a la calle. Y la oposición, narcotizada y zarandeada por un liderazgo débil y diletante, encuentra una ocasión imperdible para hacerse valer. No puede seguir negándose la realidad: PSOE y Unidos Podemos son partidos antidemocráticos, que no persiguen otra cosa que modificar el sistema parlamentario español para instaurar un sistema autoritario que sólo conserve de democracia el ropaje. No pararán hasta conseguirlo, y quienes hoy les votan y ante ellos ceden serán los responsables de los inmensos problemas que en el futuro España tendrá que afrontar.