De la afrenta y el abobado derroche del catalán

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de diciembre de 2020, haciendo obligatorio que, al menos, el 25% de las clases en las escuelas públicas catalanas sean impartidas en español (castellano), ya es firme, tras la inadmisión por el Tribunal Supremo (TS) del recurso de casación del gobierno de la Generalidad contra dicha sentencia. Eso supone un fuerte revés a la estrategia separatista para dividir al país arrinconando al español, conocida como “inmersión lingüística”. Despótica zambullida en contra del idioma  oficial en todo el Estado y frente a la cual, curiosamente, la Real Academia Española de la Lengua, parece estar ajena. Indirectamente, la sentencia también desacredita la extravagante interpretación sobre la lengua vehicular en la enseñanza, implícita en la llamada ley Celaá; tan desgraciadas ambas: ella y su ley. 

Inmediatamente, el gobierno de la Generalidad se ha declarado en rebeldía contra la sentencia. El consejero de educación autonómico, José González, ha anunciado que no se cumplirá; intención refrendada, también, por el presidente de la Generalidad, Pedro Aragonés. El señor González, además, con esa bambolla tan frecuente en los dirigentes separatistas catalanes, ha remitido una carta a los directores de los centros públicos, exhortándoles abusivamente a seguir con el modelo educativo actual que, en la práctica, ignora el español en la escuela pública.  

Vuelve a producirse así un nuevo desafío al estado de derecho. Lo novedoso es el asociado y cobardica apriete de posaderas del consejero, en dos tiempos. Tiempo uno, apuntando una supuesta complicidad de la ministra de educación, Pilar Alegre, quien ―viendo las orejas al lobo―, se ha apresurado a desmentirlo: “la sentencia es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública”. Tiempo dos, pretendiendo descansar sobre los hombros de los docentes el aventurado peso del desacato activo a una sentencia firme. 

Nadie, con dos dedos de frente, puede ya creerse el cuento de que la “ley catalana” esté por encima de la Ley o, en este caso, que blinde la “inmersión lingüística” frente al Tribunal Supremo. El asunto no es banal. Porque es una argumentación que recuerda la que los sediciosos catalanes emplearon, en 2017, en su intento de implantar aquella cachonda y fugaz “republiqueta”, que obligó a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Empeño que, asimismo, llevó a sus principales “figuras” o bien a dar con sus huesos en el trullo, o bien a huir de la justicia. Consecuentemente, los directores de los centros, que son funcionarios públicos, tendrán que tentarse bien los bolsillos antes de incurrir en el desacato a una sentencia firme, tanto por su incumplimiento como por su potencial encubrimiento en el ámbito de su respectiva competencia.  

El culmen de la idiotez lo ha dado Ada Colau, la indocumentada alcaldesa que sufren los barceloneses, expresando que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano lo hagan en centros privados. Qué inmensa inversión de valores y pobreza intelectual muestra esta individua, cuando la sentencia obliga a dedicar al idioma oficial en todo el estado, a solamente un 25% del tiempo educativo público. 

Pienso que debería ser al revés. Es decir, educar en español el 75% del tiempo y, en catalán, hasta un 25%. Y el que quisiera más catalán, recurriera a la enseñanza privada. Y, aun así, pensando en la utilidad futura para los niños y jóvenes, tal relación sería desproporcionada en favor del catalán porque ―lo sabe hasta el Nuncio―, más allá de Puente de Montañana, por no mencionar el resto del mundo, el catalán sirve para bien poco. En fin, queridos feligreses, que consumir tanto tiempo, esfuerzo y dinero como se está empleando en España en la promoción del catalán, discriminando en Cataluña a los hispanoparlantes, no solo es una afrenta a la Nación sino también un abobado derroche. 

(Post dedicado al TG Álvarez-Espejo, anterior Capitán General de Cataluña y buen conocedor de la realidad catalana).