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Del 4M al estado de tumulto

El terremoto en el PSOE está en marcha y el cambio de ciclo en el horizonte próximo. Se han perdido los papeles y se embiste al bulto.

 

El exitazo de Ayuso el 4M ha puesto de los nervios al socialismo radical. Ese del arcaico grito “no pasarán” de Adriana Lastra, portavoz sanchista en el Congreso. Porque no es solamente que hayan pasado, sino que (en argot de infante) se la han clavado hasta donde pone “Toledo, Fábrica de armas”. Sánchez se ha quedado mudo. Al incauto Gabilondo, el de “Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones”, le ha dado un jamacuco y se le ha quedado cara de chivo expiatorio. Y a Iglesias, el coaligado podemita mayor, le ha faltado tiempo para saltar por la borda, haciendo bueno el refrán chino: “las ratas son las primeras que huyen del barco que se hunde”. 

 

El terremoto en el PSOE está en marcha y el cambio de ciclo en el horizonte próximo. Se han perdido los papeles y se embiste al bulto. La jerarquía, tratando de blindar a Sánchez, que es el primer responsable del desastre madrileño, embiste ruidosamente al bulto en Andalucía, que representa la cuarta parte del PSOE, intentando tapar los errores cometidos desde el Federal y el Gobierno. El manipulador del CIS, Tezanos, nos ha carajeado a los madrileños tildándonos de tabernarios. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, abundado en el insulto alude a los berberechos y hasta el Holocausto. No soportan, en fin, que Ayuso, lozana de hierro en ciernes, estableciera una estrategia capaz de resolver eficazmente el dilema capital de cualquier crisis sanitaria: adoptar las medidas precisas para  proteger la salud y, simultáneamente, tratar de evitar aquellas que pudieran resultar en costes y riesgos inasumibles. 

 

En éstas estamos cuando ha decaído el estado de alarma. Sánchez, gato escaldado, ha huido de sumergirse nuevamente  en las calientes aguas del debate parlamentario, a que hubiera obligado la extensión de tal estado. Y, como Pilatos, se lava las manos rehuyendo responsabilidades que pudieran resultarle conflictivas. Esa es la estrategia que le ha llevado a endilgar a los gobiernos autonómicos, “con el apoyo de los tribunales”, la responsabilidad de la gestión pandémica. 

 

Una situación que suscita, entre otras, dos reflexiones de calado. La primera incide en la judicialización de la vida pública, con insuficiencia de soporte jurídico para que los gobiernos autonómicos puedan limitar derechos fundamentales. Se parece lícito descargar tareas del legislativo sobre los tribunales. Se muta así desde un constitucional estado de alarma  a un alarmante estado de tumulto a gestionar por 17 gobiernos, otros tantos Tribunales Superiores de Justicia y propio Tribunal Supremo. Me temo que una maraña contradictoria de resoluciones administrativas, así como de autos y plazos dilatorios nos va a hundir a todos en el fango, mientras la gente está muriendo en las UCI,s.   

 

Y la segunda reflexión, concurrente con la anterior, viene de recordar que la Constitución reserva la limitación de los derechos fundamentales, de forma excepcional, al Gobierno con autorización y control del parlamento (estados de alarma, excepción y sitio). Y, sin embargo, tratando de escaquearse de responsabilidades complejas, Sánchez se salta esa reserva de potestad tratando de normalizar lo que es constitucionalmente excepcional. Perverso camino, por otra parte, en un país con tantas fuerzas centrifugas.  

 

En definitiva, entiendo como ilícito que, sin estado de alarma en vigor, se limiten derechos fundamentales. Además, si se permitiera jugar en ese campo a los gobiernos autonómicos, qué razón habría para que no pudieran también hacerlo los ayuntamientos. Y, ya puestos, por qué no los presidentes de las comunidades de vecinos. ¡Qué tumulto, Señor!