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Democracia apoderada

Voto prestado vs voto otorgado

La práctica de la representación anticipatoria, la causa de la desconfianza de los ciudadanos en la política, el acceso de los populismos a los parlamentos, la consecuencia, y el voto otorgado, el facilitador de la llegada de ese modelo de representación.

Siendo uno de los graves problemas de la sociedad española la desafección ciudadana de la política según las encuestas del CIS, salvo error por mi parte, no recuerdo haber leído, ni oído, a nadie que al menos identificara la causa principal y su raíz, intentando proponer soluciones y no simples trabajos de chapa y pintura. 

Al tratar sobre el modelo de representación política, la mayoría de los autores centran sus trabajos en profundizar sobre cuál sería el más adecuado para una democracia, pero el debate sigue aún abierto y ninguno contempla la posibilidad de que el modelo actual sea errático como consecuencia directa de la concepción del voto en las urnas, que genera dicha representación como derivada de un voto otorgado- cedido.

Cualquier alternativa operativa requerirá un cambio de mentalidad, un nuevo paradigma cultural del concepto del ejercicio de los derechos de los ciudadanos sobre sus representantes políticos para que verdaderamente podamos hablar de un sistema democrático pleno y adaptado a los tiempos. Hoy, avanzado el siglo de las luces tecnológicas, no sería de recibo alegar dificultades operativas para que el cambio fuera viable, siempre y cuando se hiciera contando con la voluntad de los legisladores y la inteligencia fruto de la suma de las aportaciones de la representación de la sociedad civil. 

Que la democracia como sistema político está en crisis en el siglo XXI es tan obvio que sólo desde la necedad se podría negar. Que a pesar de ello hasta ahora no conocemos otro sistema que favorezca más y mejor los intereses de las mayorías, con el debido respeto a las minorías, con tolerancia mutua y decoro institucional, defendiendo la justicia, la equidad, la solidaridad, la decencia y la libertad, es una realidad contrastable desde su advenimiento. Que siendo el gran reto a afrontar de manera inmediata su perfeccionamiento y adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas para defenderla de los movimientos populistas, iliberales y totalitarios, estamos obligados a llevar a cabo una tarea en la que nadie sobra, y todos y cada uno de nosotros podemos y deberíamos sumar.

La democracia representativa en la sociedad de la información no es sostenible hoy en el modo y manera en el que ha venido practicándose desde hace más de dos siglos, habiendo desembocado en la aparición de superestructuras de la organizaciones políticas que están anteponiendo sus intereses a los de las representaciones que sustentan e, incluso a las de sus propios militantes de base.

Son muchos los datos que hacen evidente que en las sociedades contemporáneas, entre otras la española, hay una importante fractura que distancia a los ciudadanos del mundo político, lo que se suele traducir en un significativo descrédito del sistema democrático liberal- representativo, y de sus instituciones, administraciones públicas, partidos políticos y hasta del conocido como cuarto poder del estado, los medios de comunicación, al que hoy no siempre se le reconoce su tradicional papel mediador entre políticos y ciudadanos, entre otras razones, porque la formación crítica ciudadana a través de los medios y las redes sociales le permite conocer sus vínculos con los poderes político y económico, y la influencia de estos sobre lo que deciden comunicar.

El modelo agotado de la mera y tradicional representación de los ciudadanos requiere un perfeccionamiento mediante la recuperación de sus esencias y una mayor participación activa de los representados para poder apalancar un avance dinámico de la calidad democrática; los cambios tecnológicos y culturales lo permiten y la ciudadanía lo requiere. 

Con el nacimiento de la democracia liberal- representativa se consideraba que el parlamentario era un embajador de sus representados. Dos siglos más tarde, se distinguieron los roles parlamentarios del trustee y del delegate. El trustee es un representante que sigue su propio criterio a la hora de determinar lo correcto y actúa conforme al mismo. El delegate, en cambio, siempre actúa subordinando su criterio a la voluntad de los representados. Hoy, esto no explica el comportamiento efectivo de los representantes políticos ya que se basa en una concepción obsoleta de la representación y se considera que todos ellos combinan ambos roles. En una democracia no demediada, debería ser práctica común la doble dirección en las relaciones entre representantes y representados. 

Una politóloga norteamericana de la Universidad de Harvard, Jane Mansbridge, reconocida por sus estudios sobre teoría democrática, distingue entre cuatro modelos normativos de acuerdo con los cuales se podría generar una representación legítima:

• la representación en base a promesas recogidas en programas de gobierno presentados en campaña: la clásica electoral prospectiva en la que los electores castigan por el incumplimiento de las mismas posteriormente en las urnas.

• la anticipatoria: en la que los representantes quieren “satisfacer” al futuro votante, anticipando el resultado electoral de sus acciones.

• la giroscópica: en la que los electores confían en un representante cuya constitución interna pueda preverse que desembocará en el resultado deseado por el elector sin incentivos externos.

• la sustitutiva: en la que el legislador representa a ciudadanos de fuera de su distrito y, por tanto, fuera de todo control electoral.

Entre algunos teóricos de la política se viene intentado resetear el concepto de la representación como una verdadera institución democrática, de modo que los parlamentarios actuarían sin que los representados hubieran formulado sus preferencias. Esta idea quedaría recogida en el concepto de representación anticipatoria de Mansbridge, “Repensar la representación”, 2003, según el cual el voto se consideraría retrospectivo y el representante electo intentaría satisfacer a los futuros votantes, de modo que podría cambiar las preferencias de sus votantes, creando incluso otras nuevas.

Esa hoy predominante representación anticipatoria se traduce de hecho en que los electos no gestionan durante las legislaturas para cumplir los programas presentados a los comicios por su plataforma electoral, sino que desde el primer momento de sus mandatos lo hacen remando para su reelección. La mutación del comunicador político a spin doctor coadyuva a una ficción que se conoce como la “comunicación continua” que decide en función de los sondeos y trackings. Hemos pasado de una representación en base a promesas, a otra anticipatoria en la que el acento se pone en la comunicación y los grandes magos para ello son los spin doctor, que se acaban consagrando públicamente como tales a partir del momento en el que le han facilitado al político de turno llegar al poder ejecutivo por primera vez.

En teoría, una representación puede tener dos direcciones: desde abajo, bottom-up, o desde arriba, top-down. En la representación desde abajo, los ciudadanos tienen unas preferencias más o menos cristalizadas antes de entrar en el proceso de representación, exógenas a la acción de los representantes, que son el origen de las iniciativas de los representantes. En la representación desde arriba, la relación representativa se inicia con las ideas y propuestas de los parlamentarios, que tienen un rol más activo y se considera que las preferencias de los representados se crean o modifican durante el proceso representativo, o sea, endógenas a la acción de los representantes.

En la mayoría de los escritos sobre esta materia, se considera que el representante- delegado actuaría por el bien de una parte, confiando en un juicio ajeno y siendo muy sensible a las sanciones, todo lo contrario que el representante- fideicomisario, quedando ocultas otras combinaciones lógicas. Y, lo que es más relevante, también ocultaría la diferencia entre la localización de la autoridad para decidir cómo se actúa y sus roles. Es posible imaginar que los ciudadanos que contaran con un férreo control del representante le exigirían que actuara como un fideicomisario, mientras que a un representante delegado le permitirían que decidiese actuar motu propio en algunas ocasiones.

Si llegáramos a identificar quién determina el rol que ha de seguir un representante, eso nos permitiría localizar la autoridad y, por tanto, descubrir si estamos ante una relación realmente democrática o no. Además, la cuestión de cómo se adoptan las decisiones también sería relevante para el conocimiento de la estimación cualitativa de una determinada democracia.

La representación en una democracia exenta de mecanismos de control y rendición de cuentas más allá de las urnas, acaba convirtiéndose en una forma de oligarquía que excluye al ciudadano de la vida pública, mantienen algunos autores; si bien la representación es una cualidad indispensable para acreditar que un sistema político es democrático, no es condición suficiente. Otros sistemas no democráticos también cuentan con modelos representativos; hemos venido escuchando con relativa frecuencia durante la última década el poderoso y eficaz mantra del “no nos representan” utilizado por los populismos para desacreditar a las democracias.

Para implementar la bidireccionalidad de manera práctica es imprescindible un cambio de concepto del voto que depositan los ciudadanos en las urnas, dejando de ser un voto otorgado para pasar a ser un voto prestado; cada votación en un legislativo democrático se convertiría en un acto de representación singular susceptible de ser revocado en cualquier momento a lo largo de una legislatura, al modo y manera de un mandato imperativo. Para ello los programas deben volver a contener los objetivos y sus presupuestos de gastos asociados, sus hojas de ruta y el origen de los medios financieros a destinar. 

El cumplimiento de los programas electorales debería ser fiscalizado por los parlamentos, cámaras de representación de la ciudadanía, convirtiéndose así en los garantes del cumplimiento de los mismos. Las sanciones por su incumplimiento debería estar protocolizada según un escandallo basado en la gravedad del acto, pudiendo ir desde el apercibimiento, pasando por la inhabilitación para su continuidad, hasta llegar a la revocación del mandato presente. Esto ofrecería un mayor grado de confianza y credibilidad de las instituciones democráticas ante la ciudadanía y se podrían solventar mucho mejor las polarizaciones intencionadas de algunas representaciones políticas.

En un momento como el actual en el que se critican cada vez más las instituciones de la democracia representativa, la sustitución del estilo por la dirección constituye una oportunidad para repensar la relación entre los parlamentarios y los ciudadanos, y dejar atrás viejas conceptualizaciones que dificultan un avance en la democratización de nuestros sistemas políticos.

Para poder superar la opción populista a favor de una democracia asamblearia que la historia nos viene demostrando que podría desembocar en el caos y posteriormente en un modelo totalitario de organización de la sociedad, hay que ofrecer un formato satisfactorio para la ciudadanía que se aproxime más a un voto por apoderamiento a través de las urnas que por cesión de una soberanía recogida en nuestra Carta Magna, lo que no debería excluir su cesión, ni siquiera temporal, en el marco de un modelo bidireccional que superara también el eterno debate sobre el trustee y el delegate, lo que hoy es posible gracias al enorme avance de las tecnologías de la información y la comunicación que prácticamente anulan la latencia en las intercomunicaciones entre representantes y representados.

Así pues, la gran pregunta a juristas y politólogos sería: Residiendo la soberanía nacional en el pueblo y emanando de ella los poderes del Estado, según el Artículo 1º de la Constitución Española, cuando el ciudadano vota en las urnas en unos comicios electorales, ¿está cediendo o prestando temporalmente su cuotaparte de soberanía? 

Por otra parte, el perfeccionamiento del sistema democrático debería romper el corsé que impone a la expresión de la voluntad de la ciudadanía  una excesiva duración de los mandatos en un contexto de aceleración de los cambios que se están produciendo en el mundo hoy, sometiéndolos a un examen durante el periodo legislativo que confirme la decisión en las urnas al menos una vez durante el mismo, o eligiendo su composición como suma de dos partes elegidas en dos momentos diferentes, lo que haría que se renovaran los legislativos dos veces cada cuatro años, tal como ocurre en países como los EEUU. Además, los sondeos y los trackings preelectorales sería deseable que fueran más transparentes y no estar sólo al servicio del político y de su opción en las urnas, sino también del resto de los ciudadanos, que al fin y al cabo son quienes los financian de una u otra manera.

La democracia por poder se sitúa entre la democracia representativa y la directa. Funcionaría al modo y manera del voto por poder en la junta de accionistas de una empresa. En los legislativos y de forma predeterminada, el voto de cada elector contaría en la dirección que eligiera su representante electo, pudiendo hacer decaer su voto en determinadas ocasiones concretas por decisión de su elector, o bien el elector podría decidir, en cualquier momento, a otros representantes de su jurisdicción electoral para prestarles su voto. Evidentemente, la transparencia y su bondad serían otra seña de identidad del funcionamiento de una democracia. Los enemigos serían las superestructuras que juegan a favor de sus intereses por encima de la defensa de lo que representan, tanto las públicas, como las privadas, y el populismo de ambas orillas que podrían perder así su razón de ser. 

El voto del elector no se le otorgaría como hasta ahora a un representante concreto, sino que se lo prestaría. Los desafíos operativos que esta propuesta presenta no tendrían que ser necesariamente objeto de polémica ya que gracias el enorme avance la las tecnologías de la información y la comunicación se podrían salvar. Los cambios serían viables y mejorarían ostensiblemente la calidad de la democracia, pero aunque se trata de un sistema basado en la representación, no toda representación es necesariamente democrática, ya que para serlo debe cumplir también determinadas condiciones que evolucionan en función de la disponibilidad de herramientas que permitan avanzar en la calidad de la misma, siempre en el contexto de su consistencia con este principio: la soberanía debe residir en el pueblo.

En mi opinión, la complejidad de la acción política exige la representación en un sistema auténticamente democrático, pero mediante un modelo que incorpore la rendición de cuentas con una temporalidad concreta, siempre inferior a la de los periodos legislativos, y en audiencias relevantes, más allá del momento la de las urnas, y la revocabilidad del mandato de manera protocolizada normativamente, a modo de una soberanía de vigilancia por parte de la sociedad civil a través de los electores. La democracia representativa no es un oxímoron, ni un formato de sustitución imperfecta de la democracia directa, sino que, debidamente configurada, es el modelo idóneo que, además, permite un perfeccionamiento dinámico a lo largo de los tiempos.

El nuevo sistema del voto prestado podría comenzar aplicándose en algunas administraciones locales, para que tras el análisis de sus resultados mediante el método de acierto y error, pasara posteriormente a las autonómicas y finalmente a la nacional, lo que permitiría un amejoramiento progresivo de la implementación del sistema de democracia apoderada.

Merece la pena remarcar que la representación anticipatoria cambia radicalmente la concepción del representante democrático que deja de ser el encargado de la dialéctica para la defensa de una alternativa de posiciones ideológicas y de gestión de la cosa pública entre antagonistas, para convertirlos en guerreros en un tablero de juego en el que desde el primer día el objetivo es derrotar al enemigo en las batallas de los legislativos para finalmente vencerlo y derrocarlo en la última batalla materializada en las siguientes elecciones. La llegada al sistema de representación liberal- democrática de los populismos se debe en gran medida a la generalización de la política de representación anticipatoria por la inmensa mayoría de las organizaciones políticas. Nadie como los populismos para batirse utilizando todo tipo de métodos que van desde la formulación de hechos alternativos, pasando por la violencia, hasta llegar a la inducción a la física si fuese necesario para poder acceder al poder institucional.

Mientras no salgamos del escenario de la representación anticipatoria, la democracia será un sistema cuestionado y cuestionable por parte de la ciudadanía que no acabará de recuperar la confianza en la política. La eficacia para salir del actual deterioro de la organización de la sociedad que contemplan los ciudadanos supondría cortar de raíz su origen, que personalmente identifico con el modelo de voto otorgado- cedido, pasando a la práctica del voto prestado incompatible con una representación anticipatoria.

La gran pregunta a dirigir a juristas y politólogos sería la siguiente: Dado que la soberanía nacional reside en el pueblo y que de ella emanan todos los poderes del Estado, según el Artículo 1º de la Constitución Española, cuando el ciudadano, el pueblo soberano, vota en las urnas en unos comicios electorales, ¿está otorgando- cediendo o prestando temporalmente su cuotaparte de soberanía?. 

Si la estuviera prestando, impleméntense mecanismos para que se cumpla la Constitución y si caben ambas nociones, legíslese a favor de los representados, considerándose el voto como un préstamo temporal susceptible de ser sometido a reclamaciones en caso de incumplimiento a lo largo de la vida del mismo. En el hipotético caso de que el voto sólo pudiera ser legal y legítimamente considerado como un otorgamiento- cesión no retornable a lo largo de la vida del mismo, la correspondiente legislatura, mis reflexiones serían meramente eso, reflexiones.

Un apunte y una pregunta para rematar. El apunte: en todo ese contexto constituye un desafío, y una oportunidad, la generación de otros espacios complementarios de mediación” en el que se produjeran y se socializaran contenidos políticos de calidad, se articulara el diálogo y se brindara un nuevo escenario de reencuentro ciudadano en torno de los temas relevantes para una más eficaz gestión de lo público, y en el que se produjeran interacciones sincronizadas entre los actores implicados, más allá de los actuales plataformas de acceso a la gestión administrativa o económica.

La pregunta: ¿Hasta qué punto se cumple con los mínimos exigibles en una democracia sobre transparencia y honestidad con los ciudadanos por parte de sus representantes políticos cuando utilizan CM, Community Manager, para comunicarse con ellos a través de las redes sociales sin advertirlo previa y explícitamente?. El modelo a seguir para solventar este no deseable escenario podría estar en línea con el de la publicidad pagada en los medios de comunicación: “Esta cuenta está siendo gestionada a través de un CM”, pudiendo establecer, si así lo deseara, una casuística que reflejara nítidamente que un post concreto fue colgado directamente por el titular de la cuenta, por ejemplo incorporando al mismo sus iniciales, de esta manera los ciudadanos le otorgaríamos al contenido de cada post el valor político que realmente le corresponde. 

 

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