Desescalada del Estado policial franquista
Hoy en España el principio de autoridad de un policía es un valor superior a los derechos civiles de la ciudadanía.
Arcadi Espada, hace unos días: «Estamos siendo obedientes como con Franco, no responsables». El protocolo policial de actuación hacia los ciudadanos hoy es el mismo que entonces, no ha cambiado desde que Franco era cabo.
Durante la transición (1975-1982), ni Adolfo Suárez ni Calvo Sotelo cambiaron las pautas de actuación policial existentes con la dictadura. Felipe González, por temor a perder el control del orden público y las consecuencias que ello trajo para la Segunda República, tampoco las modificó; se siguen aplicando hoy en España los mismos principios de intervención policial despreciando los derechos civiles de la ciudadanía. ETA fue una excusa más para mantenerlas. El estado de alarma está dejando en evidencia la insostenible situación.
Imaginen control policial con Franco en una calle de cualquier ciudad de España. Guardias civiles, policías nacionales, autonómicos o locales. Armas largas, caras cubiertas, uniformes militares de guerra, con trato seco te exigen el DNI y te interrogan: “¿de dónde viene?” “¿A dónde va?” Registran el coche, te cachean, si encuentran un cuchillo de ir por setas, espárragos, o llevas hachís para consumo propio en casa, que es legal, te lo incautan y sanción económica elevada, mínimo el salario de un mes de cualquier trabajador. Identificado porque el Estado, la dictadura, tiene ese poder sobre sus súbditos que carecen de derechos civiles. Este proceder sería prueba de vulneración de derechos en una dictadura pero ocurre a diario en España, es habitual. En programas de tv se ve a la Policía entrar en un local, apagar música, encender luces, identificar a los presentes como un derecho policial, algo habitual; en una democracia ese proceder costaría el cargo al ministro de Interior.
Hoy en España el principio de autoridad de un policía es un valor superior a los derechos civiles de la ciudadanía. Una anomalía en cualquier democracia que no ocurre en ningún país de nuestro entorno. Fundamentos del Tribunal Supremo de 1993 sobre la “ley Corcuera” establecen que se puede retener a alguien para identificarlo en la vía pública si es sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo; en 2018, la Sala Militar del Tribunal Supremo impone a policías y militares que las órdenes ilegales deben ser rechazadas y denunciadas. No hay democracia donde se pueda identificar por capricho a millones de personas cada año, como ocurre aquí desde hace 40 años. Los mandos ordenan verbalmente identificaciones masivas (nunca por escrito conscientes de su ilegalidad), para usar estadísticas en su beneficio, sin entregar al identificado documento que explique la razón, porque no la hay, de la vulneración de sus derechos. Mientras, cada año quedan decenas de miles de llamadas sin atender al 091.
Hay que acabar con el Estado policial en el que vive la sociedad española. Hay que derogar una parte importante de la ley Mordaza y prohibir que los policías coaccionen a quienes les graban en actuaciones al límite de la legalidad usando la ley de protección de datos. El sistema consiste en que tú me puedes grabar pero para impedir que hagas un uso indebido de esta grabación yo puedo reclamar tu identificación. Entonces el policía puede chantajear al ciudadano (dependiendo de la condición del agente), y le extiende una propuesta de sanción por desobediencia, negarse a identificarse aunque sea mentira o hasta detenido por resistencia si se empeña en no borrar la grabación. Es imprescindible dotar a los policías de cámaras grabadoras en el uniforme, de pistolas taser, y exigirles que no cumplan y denuncien cualquier orden de identificar que no se imparta por escrito. Las prácticas policiales franquistas deben desaparecer.