El ambulatorio de Amate
Es sólo el preludio del desmantelamiento de un centro de salud que, si finalmente se impide, será a causa de que los vecinos salgan a la calle una y otra vez.
Los tiempos en política se miden de forma diferente a como suele ser usual. Las recientes Elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el inicio de las obras del tranvía hasta Santa Justa han eliminado de la prioridad mediática un asunto que ya dio que hablar durante este invierno. Me estoy refiriendo a la decisión del Distrito Sanitario Sevilla de trasladar (‘temporalmente’ dicen) el servicio de pediatría del Parque Amate al Centro de Salud de La Candelaria, que también ha afectado a La Plata y a Palmete.
Esto sucedió en noviembre de 2021, dando lugar incluso a enfrentamientos de los vecinos con la policía. Según las explicaciones dadas oficialmente, esto no suponía el paso previo al cierre del Centro de Salud de Amate, sino una suerte de medida de contingencia hasta reponer al personal que actualmente está de baja. Han pasado meses y la situación ahí sigue. Pudiera pensarse que se trata de un asunto marginal y que no debe merecer más atención que la que suele darse habitualmente. Pero lo cierto es que es indicativo de las prioridades administrativas. La incapacidad galopante de la misma Administración Pública, sostenida con el bolsillo de todos los ciudadanos, para procurar atenciones mínimas e indispensables. Cuando cierto es que Hacienda no perdona ni una, tampoco deben hacerlo los usuarios de los servicios públicos.
La memoria es frágil y lo que hoy ya no es noticia no debería perderse entre la maraña de eventos inmediatos del fast thinking. Ciertamente, numerosos son los problemas que tienen tanto Sevilla como Andalucía en general por delante. Pero el que la Sanidad Pública funcione de una manera que suponga para los vecinos de un barrio humilde tener que desplazarse fuera para recibir atención primaria es algo significativo por cuanto es un ejemplo verdaderamente claro de cuáles son las prioridades sociales de los gobernantes.
Lo digan o no, es sólo el preludio del desmantelamiento de un centro de salud que, si finalmente se impide, será a causa de que los vecinos salgan a la calle una y otra vez hasta que las autoridades valoren que el coste de echar el candado es mayor que el de su mantenimiento. Una vez ganada esta batalla comenzará otra: que sus servicios se mantengan en condiciones dignas. Veremos.