El bochornoso estado del Estado sanchista
Hay que aplaudir la actuación del magistrado Marchena impidiendo que una decisión política enmendara otra judicial con sentencia firme.
El pasado 7 de octubre, el diputado Alberto Rodríguez fue sentenciado por el Tribunal Supremo a una pena de prisión (conmutada por una multa) con la accesoria de inhabilitación, por un delito de atentado a la autoridad. Y, hasta el pasado viernes, el podemita seguía pululando por el Congreso como si la cosa no fuera con él. Incluso la Mesa, dominada por sanchistas y podemitas, agarrándose al clavo de un dudoso informe jurídico ―que ha dejado el prestigio del cuerpo de letrados de las Cortes a la altura del betún―, había acordado no retirar a Rodríguez el acta de diputado.
Así, el poder legislativo planteaba un pulso al poder judicial. Un envite que fue aceptado por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien requirió a la presidenta del congreso de los diputados, Meritxell Batet, que informara de la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial, impuesta al diputado. Y la Batet, olvidando que don Manuel es mucho Marchena, tratando de marear la perdiz, le contestó requiriéndole, a su vez, una “aclaración” de la sentencia.
A vuelta de correo, el magistrado le recordó que “entre las funciones del Tribunal Supremo no está incluida la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme». Rematando la colosal faena añadiendo que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada», según el artículo 56.1.2 del Código Penal, cuando se imponga una pena privativa de libertad. Doña Meritxell, viendo tan cerca las orejas al lobo, se apresuró entonces a retirar el acta al diputado Rodríguez.
Inmediatamente, las ministras podemitas Ione Belarra e Irene Montero se han levantado contra el poder judicial acusando públicamente al Supremo de prevaricar, y anunciando una querella también contra la Batet por el mismo delito. Fernando Jaén, profesor titular en la Universidad de Vich, lo sintetiza así: “se cargan la justicia, lo único que quedaba. Salvar el pellejo de los partidos frente a las acusaciones, judiciales y someterlo a los intereses de esos partidos, con la rúbrica del PP y PSOE”.
Negando cínicamente la evidencia, Sánchez, trilero medular, ha manifestado el “respeto del ejecutivo por la independencia de los poderes legislativo y judicial”, tratando así de esquivar el bulto. Como si no fuera de su responsabilidad mantener o cesar como ministras ―poder ejecutivo―, a dos indocumentadas como la Belarra y la Montero. O propiciar como cabeza del legislativo y tercera autoridad del Estado a quien, como la documentada Batet, ha tratado de subordinar su función a los infames intereses podemitas. En fin, una escena tan insólita como tórrida, que debería cerrarse con el cese inmediato de ambas ministras. Pero eso sería soñar.
Hay que aplaudir la actuación del magistrado Marchena impidiendo que una decisión política enmendara otra judicial con sentencia firme. El caso contrario hubiera supuesto que la pena de inhabilitación quedase al arbitrio de las mayorías transitorias en la Cámara, precisamente cuando el prestigio institucional ya está por los suelos. Tristemente, nos estamos acostumbrando a que no pase una semana sin que se produzca un conflicto grave entre instituciones o, incluso, en el interior de éstas. Una perversión inaguantable del funcionamiento del Estado. Sánchez ha llevado el Estado a un estado bochornoso.