El Informe Gabilondo

No comento el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en el interior de las estructuras organizadas de la Iglesia católica española. Pretendo señalar la maldad política y, por ende, ética que alumbra. Durante decenas de años clérigos y laicos responsables de tareas de enseñanza, culto, asistencia y ocio desarrolladas por las congregaciones religiosas, parroquias o movimientos de apostolado han cometido delitos penados por los códigos del Estado y de la propia Iglesia, sin que públicamente se hayan denunciado a los autores, que no han sido perseguidos ni han recibido castigos penales, civiles y en la mayoría de los casos tampoco eclesiásticos. Ni han reparado los daños causados por sus fechorías, ni han recibido la repulsa pública por los mismos. En el caso de los funcionarios del culto han seguido ministrando el mismo, con un simple cambio de destino, a lo sumo.

No me interesa, ni soy quien profesionalmente para hacerlo con hondura, reflexionar sobre las causas de tales conductas y lo que en ellas se esconde de maldad, desviaciones sexuales, enfermedades mentales, derivas educativas, influencias familiares transgresoras. Pero si digo que los gobernantes ordenados en el seno de la Iglesia o los que de ellos tenían encomendado el gobierno del personal a sus órdenes, han conocido, callado, tolerado, disimulado esas conductas, con absoluto desprecio de las víctimas y de sus sufrimientos y perdidas de vida feliz. Ese es el fondo de este desgraciado modo de ocultar desmanes y de utilizar manipuladoramente a personas, niños o adultos, al servicio de su poder, pues no otra es la razón de semejante horror. Mantener una limpieza falsa, una confianza herida de muerte, una trasparecia espiritual y divina inexistente y blasfema, para seguir viviendo de los fieles y de su confianza y bienes.

La posición de los funcionarios del gobierno eclesiástico, papas, cardenales de curia y obispos al frente de territorios en los años que describe el informe español, el francés de hace un par de años y los que han llevado a la bancarrota a 16 diócesis norteamericanas muestra frente a las víctimas y a los fieles a quienes se dice que, como bautizados, participan en el hacer colectivo de su Iglesia un estado de agresividad que se ejerce contra los que sufren, o han sufrido los ataques de abusadores, violadores de menores y mayores con prevalimiento de su estatus. Agresividad que es el poder. Poder que es político, de estatus, pero también económico y de manejo y control de capitales.

Hay que exigir civilmente responsabilidades a las autoridades institucionales De la Iglesia católica española. Las tuvieron, las tienen, las tendrán. La moral del séptimo mandamiento exige la reparación del mal cometido, tolerado o encubierto. No puede aceptarse que las autoridades internas en la Iglesia han actuado por el bien común colectivo. Eso es un insulto a la razón y una befa al Evangelio de Jesús de Nazaret. Las ruedas de molino al cuello de quienes escandalicen a uno de los más pequeños son compartidas por quienes los han enviado de un lugar a otro permitiéndoles aumentar el número de sus víctimas.

Y de quienes han ordenado callar, bajo secreto pontificio, a los tales.

Masivamente hemos alejado a Dios de nuestras sociedades. Pero anda por aquí. “El cielo proclama la gloria de Dios …..el dia al dia le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los limites del universo su lenguaje”. Es el salmo 18. De Dios nadie se ríe impunemente. Ni los cardenales, obispos y papas. Lo poetizó el Dante.