Elías Bendodo y los maletines

 

No, no son maletines con dinero, les llamaban los ‘maletines Speedy Bag’, con 100 test anti Covid, con caros consumibles a comprar cuando se acaben los cien primeros, aunque en su intento de compra por la Junta llegó a estar sobre la mesa la petición de una comisión nada despreciable de cinco millones de euros públicos, propuesta desde el antedespacho del mismísimo consejero de Salud y Familias el  médico cordobés Jesús Aguirre. Todo a través de uno de sus asesores, Guillermo González Pérez, un joven paisano del partido, confundido habitualmente por los intervinientes de la trama como «Jefe de Gabinete del consejero». Manuel Garcia Gallardo, cabecilla del tinglado, el empresario famoso por el escándalo de Quality Food, lo decía así en una de las video reuniones: «Sí…sí, sí, es una persona que conocemos bien, ( a Guillermo) lo que pasa es que lo han puesto ahora de jefe de gabinete y entiendo que el tema lo…además lo hacen con… con autorización de alguien de arriba, por qué… tiene bastante… bastante poder, el chaval, ¿no? un tío joven, un tío que tendrá treinta y tantos años»

Es oriundo de Cabra (Córdoba) donde era un destacado cuadro del PP como Secretario General  local.

En las primeras informaciones publicadas con cuenta gotas sobre este nuevo escándalo de corrupción, nacido como el de las mascarillas de Almería en el escenario de terror y pánico por los primeros efectos de la pandemia, se empezó a hablar del «Caso Maletines», algo que irritó profundamente en San Telmo porque, según ellos, da pie al equívoco dando a entender lo que no ha sido, máxime con el nombre de la estrella rutilante del PP, Elias Bendodo, en los papeles de la investigación como figura que realmente genera la primera parte del problema al no ceñirse a las normas de contratación y auspiciar un trato de amigo a un amigo asturiano con el que coincide como vecino veraneando en Manilva. 

Como mucho y en privado llegan a confesarte que el consejero de Presidencia pecó de « ingenuo y pardillo», aunque cuesta creerlo en el caso de Bendodo, al que amigos y adversarios le respetan por ser precisamente un tipo hábil y listo.

 

No hubo maletín con dinero

Y tienen razón, al final no hubo maletines con dinero porque la operación no se llevó a cabo. Claro que por chiripa aunque hubo otras y a la vista de las investigaciones queda en evidencia un entramado, un modus operandi, un personal nombrado a dedo, la actuación de unos funcionarios que la opinión pública andaluza tiene derecho a conocer y valorar ya que es su dinero con el que han estado jugando. Especialmente si, haciendo memoria, se busca en el inmediato pasado hechos y situaciones similares de grandes o medianos escándalos de corrupción en los que salieron a desfilar hasta los puticlubs y camellos con algunos del Psoe dentro, gastando y dañando para muchos años las siglas del partido. Con una curiosa y novedosa circunstancia que conviene subrayar en el actual escenario de cambio político radical andaluz, según vaticinan los sondeos. Cuando a los socialistas la justicia les ha pillado con el carrito de los helados hasta arriba de corrupción, los medios de comunicación en general, han sido implacables, dedicando grandes espacios, sesudos editoriales y horas de tertulias sobre la ética y la estética en el ejercicio de la gestión política de un gobierno con indicios de infección. 

Muchos de los periodistas que denunciaron la corrupción socialista en Andalucia durante años trabajan hoy para el gobierno del PP y Cs en la Junta o en Canal Sur, siendo el Dircom de la Junta, Sebastian Torres, el icono más visible de esa generación de periodistas procedentes de El Mundo, La Razón y Abc y que destacaron contra la corrupción socialista.

Ahora no ha sido así, dejando más que en evidencia un silencio bovinar clamoroso, consecuencia, siempre y en todo lugar, de las millonarias cantidades destinadas por el gobierno del cambio para cuidar su imagen y gestión durante tres años largos. Ahí quedó como ejemplo práctico y sin huellas el trabajito en la casa de Bertín Osborne en Mediaset por la productora del ex director general de Canal Sur TV , Pablo Carrasco, la misma productora que puede presumir de mantener en la parrilla de CSTV el programa más caro de la cadena. Debe ser tan importante esta producción que la Junta sacó un buen puñado de millones de fondos Covid para afrontar el coste del show televisivo estimado en 1,1 millones, amén del agujero que tenía la RTVA. 

Los asesores de Bonilla saben bien que Canal Sur ha dejado de ser un instrumento eficaz para sumar votos, se les ha ido la mano, han roto el juguete de tanto manosearlo y buscan alternativas al precio que sea. Con la intervención estelar de Alberto Nuñez Feijóo ante Bertín, allí estuvieron en prime time en Tele5 Isabel Diaz Ayuso y el candidato andaluz Juanma Moreno. ¡Bingo! 

 

A Fiscalía en diciembre de 2020

Este asunto de los maletines covid, con todo lo que se oculta detrás, se lleva investigando judicialmente desde el mes de diciembre del 2020, y ha sido el Grupo Joly el que hace un mes empezó a publicar los primeros detalles judiciales del caso que, oh sorpresa, no fueron especialmente seguidos por otros medios como sería lo lógico y habitual. Los más críticos con la linea adoptada por el grupo gaditano de Pepe Joly creen que la valentía editorial de sacar a Bendodo a pasear por el juzgado número 2 de Sevilla obedece a razones no estrictamente informativas ni periodísticas. Pero no las explican. ¿Acaso ha sido falso lo que ha publicado?

Desde luego nada de nada se dijo en el plató propagandístico permanente que San Telmo tiene en Canal Sur TV, convertidos los telediarios en una extensión de la Oficina del Portavoz de la Junta. Es a todas luces tan desmedido y descarado el control desplegado por el PP sobre la RTVA que se han acabado cargando el juguete y enviando el share a tomar viento. Los socialistas fueron menos brutos, quizás por eso les duró más tiempo su fórmula. Y esa caída de CSTV empezó a suceder desde el día que el PP de Genova 13 impuso a Moreno Bonilla romper unilateralmente seis meses después un acuerdo institucional adoptado por el PP-A con el resto de fuerzas en el Parlamento andaluz, maltratando desde entonces a la RTVA y a sus trabajadores, primero a zancajazos, luego a codazos.

Sin ánimo de entrar en el detalle de lo que se indaga por la Justicia en el caso de los maletines Covid conviene contextualizar en términos políticos un asunto grave de corrupción que estalla oficialmente, ojo, hace casi año y medio, en concreto el 11 de diciembre de 2020. Antes de esa fecha, a vuelta de aquel verano, pasaron otras muchas cosas.

 

La Junta denuncia

Ese 11 de diciembre tuvo entrada en la Fiscalía un escrito de dos folios y medio, redactado y firmado por  Joaquín Fernández Quintero, funcionario de carrera de la Junta de Andalucia y a la sazón Coordinador General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Familias. Una semana antes, el 4 de diciembre, la Viceconsejera de Salud le había nombrado «instructor» de las ‘Actuaciones Previas 1/2020’ y que muchos meses después serían bautizadas en algunos medios como  el «caso maletines». Ese día el panorama de infección seguía creciendo en Andalucia de forma preocupante.«Salud informa de que 1.506 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 318 se encuentran en UCI» informó esa misma mañana la consejería de Aguirre.

 

Los políticos adjudican a dedo

Mientras el dolor invadía a una sociedad asustada por tanta muerte diaria, en Andalucía como en otras comunidades y administraciones  se peleaba a brazo partido por lograr material sanitario escaso en un mercado plagado de piratas y saqueadores. Fue cuando, dada la urgencia y el Estado de Alarma, se abrió la manga en los contratos públicos de compra de material relacionado con la pandemia. La política, sus gestores, podían adjudicar a dedo contratos millonarios sin despeinarse, muchos de ellos con verdaderos golferas de por medio como se está viendo en los casos que se van conociendo.

A raíz de las diligencias practicadas por los investigadores este podría ser un breve resumen de la historia.

Elias Bendodo, consejero de Presidencia, tiene su segunda residencia veraniega en Manilva donde coincide habitualmente con un vecino, empresario asturiano, con el que mantiene una relación de semi amistad, se deduce que bastante cercana con la familia de por medio. Se trata de Felix Guerrero Arias de la empresa Harmonium Healthcare.

El Sr Guerrero quiere ofertar a la Junta la compra de unos maletines llamados Speedy Bag que contienen para cien pruebas rápidas de Covid, pero que el mismo maletín sigue sirviendo al acabarlas aunque comprando los consumibles correspondientes aparte, nada baratos por cierto. Un negocio. Para ello le pregunta a su vecina, a la esposa de Bendodo, cómo hacerle llegar un prospecto del maletín, facilitándole ella una dirección electrónica de su marido, documentación que llega al destinatario. 

Bendodo hace llegar el dossier al gabinete del Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y es ahí donde empieza el baile. 

En el canal habitual para ofertar este tipo de compras no hay ni rastro de los maletines de Felix Guerrero que entró por la vía rápida de Presidencia. Uno de los asesores del consejero Aguirre, Guillermo González Pérez, mantiene una estrecha relación con el conocido y polémico empresario gaditano Manuel García Gallardo, rodeado de un entramado familiar de su confianza, todos investigados. En la denuncia que la Junta presenta en la Fiscalía en diciembre de 2020 se habla del asesor como posible responsable de «intercambio de correos, uso de información personal en grabaciones, supuesta autorización de compra y sobreprecios, supuestas recomendaciones, supuestas comisiones por el uso de hoteles, llamadas recibidas de consejería de Salud/SAS, y por último referencia a supuesto enriquecimiento» 

Guillermo González, hombre de la confianza política del consejero Aguirre y por eso lo eligió para su cuadrilla, es nombrado en numerosas grabaciones como «Jefe de Gabinete del Consejero» cuando en realidad su trabajo, por lo que se evidencia, no iba más allá de zascandilear  entre quien pagaban los facturones del SAS, con quienes debían certificar la validez de los productos sanitarios ofertados al sistema publico andaluz , empresas ofertantes y cuestiones de protocolo. Un chico para todo, completito.

En esta operación el joven Guillermo mete cuchara y es el que plantea a los intervinientes en nombre de la Junta una comisión de cinco millones de euros «para ellos», los de arriba, de forma que los implicados en la trama, a lo largo de sus videoconferencias grabadas y aportadas, consideran que Guillermo González es solo un mandao que cumple órdenes y sirve a gente de ‘las alturas’ del PP (hablan de un ex ministro) y del Gobierno andaluz.

 

La avaricia rompió el pelotazo

Sirva mejor que nunca el viejo refrán de «La avaricia rompe el saco» para concluir que el estallido de esta operación se produce por pretender los intermediarios una cifra escandalosa de cinco millones de euros de comisión con dinero público. El método a emplear era el siguiente: Guerrero envía a Guillermo el presupuesto y a ese presupuesto Guillermo le aplicaba un subidón con siete cifras. Luego a formalizarlo y a trincar.

El empresario asturiano, amigo y vecino de Bendodo, al ver que a una compra de 19.454.430 euros hay que sumarle cinco millones más de comisión, se lleva las manos a la cabeza – «no me va entrar en ese juego» afirma- y llama al consejero de la Presidencia en la mañana del 22 de septiembre de 2020 y le cuenta lo que le está pasando. Elias Bendodo se compromete a investigar y el 24 de septiembre es Antonio Sanz el que llama a al empresario amigo de su jefe. 

La policía, en uno de sus informes deja esta importante anotación: «Entre estas dos fechas – 22 y 24 de septiembre- tiene lugar la reunión de Antonio Sanz con Guillermo Gonzalez». 

El 29 de septiembre hablan el empresario gaditano Manuel García Gallardo y el asturiano Felix Guerrero. El primero le alerta de que hay filtraciones. La policía cree que el viceconsejero de Bendodo, Antonio Sanz, ha alertado al principal investigado antes de tiempo, provocando entre otras cosas la desaparición de pruebas con el borrado de correos y documentos relacionados con esta operación y otras, documentación recuperada en gran parte gracias a la pericia de los especialistas informáticos de la Policia.

 

Antonio Sanz, instructor politico

En octubre la actividad del instructor político del caso Antonio Sanz se dispara. El 7 se reúne con Felix, el amigo de Bendodo al que una primera validación de la máxima responsable en estos temas, la gerente del Hospital de Valme, le ha echado para atrás los maletines. Catorce días después Sanz ofrece a Guerrero una segunda operación de validación del producto, que se realizará esta vez en el Hospital de las Nieves en Granada. Por cierto, tampoco superó el examen.

El 2 de diciembre, día clave en esta historia al dar la Junta por válidas las denuncias del empresario asturiano, se celebra una reunión presidida por Antonio Sanz con Felix Guerrero y altos cargos de la consejería de Salud. A esas alturas todos lo saben todo, o debieran saberlo. Dos días después, el 4/12 se inician actuaciones formales disciplinarias, incoándose el Procedimiento Actuaciones Previas 1/2020 de la Viceconsejería de Salud contra Guillermo Gonzalez Pérez. El día 9/12 se le incauta material informático y se le bloquean las claves de acceso al sistema. Al mismo tiempo  se le requiere a Felix Guerrero para que «de forma urgente» aporte los elementos de prueba contra el intrépido y avispado asesor, al que se le separan del servicio de forma definitiva el 10 de diciembre. El empresario aportará un pentdrive plateado de 8 gigas de capacidad donde demuestra todo el tinglado denunciado por él al número dos del gobierno y del PP. En esta entrega de material probatorio es donde hallamos una primera pista de que el empresario amigo de Bendodo no se fía ni un pelo de la manada que tiene enfrente. Decide colaborar pero exige que se haga ante un notario que de fe de la documentación que entrega posteriormente su abogado Miguel Valdés-Hevia. Felix Guerrero, del que la policía habla muy bien destacando su honradez y colaboración anticorrupción , ya debió ver raro que no le dejasen desde la Junta denunciar en Fiscalía, asumiendo el gobierno esa responsabilidad.

 

Más de dos meses de inacción

En el atestado 317/22 de la U.D.E.F. puede leerse esto: «Se observa  que desde la alarma dada hasta la incoación de un expediente administrativo formal de investigación transcurren más de dos meses de práctica inacción, en que además se mantiene una reunión con el investigado Guillermo González, tras la cual, el grupo delictivo ya tiene conocimiento de la existencia de filtraciones es decir de la alarma dada. Este dato debe ponerse en relación con el borrado sistemático de comunicaciones en la cuenta de correo y el equipo informático de Guillermo González y que carece de sentido si no es en el contexto de la investigación y el intento de eliminar posibles pruebas delictivas»  

Se remacha el texto de situación con estas consideraciones policiales: «Se ignora lo sucedido en el transcurso de la entrevista entre el viceconsejero de Presidencia y Guillermo González, pero resulta evidente para cualquier investigador profesional que el investigado terminó teniendo conocimiento, al menos de las sospechas que se concentraban en él, lo que llevó a que el entorno García Gallardo tuviera noticia de la alarma dada, así como a la eliminación de las comunicaciones»

Para los investigadores la conclusión final es que existen «elementos de prueba e indicios suficientes para considerar la existencia de un delito contra la Administración Pública por revelación de secretos en la medida en que Guillermo González Pérez invitó a participar en un negocio a empresarios ajenos al mismo una vez tuvo conocimiento de la oferta que un tercer empresario (Felix Guerrero) había realizado a la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Este conocimiento fue exclusivamente con ocasión de su cargo».

 

Un año antes de que echen a Casado

El caso tienen muchísimos aspectos más  donde  desfilan personajes muy variados que hablan y cuentan cosas que, de ser ciertas, merecerían abrir diligencias aparte. También muy curioso comprobar cómo se emplea bastante la mentira como moneda de curso legal en esta historia. Hasta una influencer de la derecha sevillana aparece salpicada, lo que no se sabe es si salió favorecida o perjudicada su colecta popular de 71.000 euros para material anti covid.

Y también más operaciones. En una de ellas, la venta de 50.000 test anticuerpos cuenta el empresario Guerrero como intermediario que «les mandaron para aceptar la operación duplicar las cantidades solicitadas y aceptaron».

Pero quizás lo que más llama la atención es comprobar cómo, exactamente un año antes de la caída de Pablo Casado al frente del PP, el 24 de febrero de 2021, este asunto fue llevado por el amigo Félix a Génova 13. Había pedido contárselo al propio Casado en persona, se tuvo que conformar con ser recibido por Pedro Olmo y Pablo Hispán, director de gabinete del presidente del PP.  Para el equipo de Casado parece que resultó más importante los 300 mil pavos de comisión del hermano de Diaz Ayuso que esto de los maletines del amigo de Bendodo con el paisano de Aguirre de por medio, de tal forma que cae por su propio peso parte de la argumentación empleada en su defensa final por la limpieza y la transparencia. La respuesta recibida por Arroyo es que ellos, la dirección nacional del PP, «no pueden interferir en la gestión de las CCAA gobernadas por el PP, pero que tratarán de informarse sobre el expedienté iniciado».