Gastos de Defensa a paso de cangrejo

Los gastos de defensa en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018), ya en tramitación parlamentaria, son decepcionantes. La ministra de defensa, Dolores de Cospedal, venía prometiendo una subida presupuestaria sustancial para acomodarse paulatinamente al compromiso adquirido en la cumbre atlántica de Cardiff (2014), de alcanzar un gasto de defensa del 2% del PIB en 2024. Se barajaba la cifra de un 10% de incremento real en 2018 con respecto a 2017. Pero, papel en mano, resulta que los tiros no van por ahí. La subida real del gasto es de solo del 2,3% porque se contabilizan 640 millones que anteriormente ya se gastaban, pero no se contabilizaban en los presupuestos. Corresponden a 300 millones € en inversiones para pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEA), y 300 millones € para misiones en el exterior (OMP) que se pagaban con el fondo de contingencia.

De esta forma, de los gastos de defensa españoles, que cuando los jefes de estado y de gobierno de la OTAN se reunieron en Cardiff suponían el 0,92 del PIB, hemos pasado, cuatro años después, a unos gastos del 0,91% del PIB. Además, también descendemos en el ranking aliado del gasto defensivo al pasar, en el mismo periodo  de tiempo, desde el tercer puesto al segundo, ambos por la cola. Esto, en toda tierra de garbanzos, se llama avanzar hacia atrás. Vaya, como los cangrejos. No es de extrañar que el JEMAD, el sufrido general Alejandre, haya plasmado dramáticamente el nivel de operatividad de las FAS, ante la comisión de defensa del Congreso, el pasado 16 de abril, como ”por debajo del que piden los aliados y de lo que quizás exige nuestra situación de seguridad”. No es que me sorprenda. Llevo muchos años advirtiendo sobre la baja calidad de los presupuestos de defensa que había llevado a las FAS a una operatividad bajo mínimos. “Diez años sin invertir dejan a las FAS en situación crítica” (JEMAD dixit diplomáticamente).

A la vista del proyecto de PGE-2018, el voceado compromiso del Gobierno con la defensa nacional no es más que un “bluff” muy costoso.

Hoy vuelvo a remachar el mismo clavo porque o somos operativos o no lo somos, y las cifras apuntadas no sostienen ese “potente ciclo inversor” voceado por la señora Cospedal. Ni se están abordando solventemente los compromisos adquiridos, ni tan siquiera se vislumbra poder contar con una ley de financiación de la defensa, que satisficiera las necesidades operativas de las FAS y permitiese una política industrial sustentadora de aquéllas. O, en otras palabras, que asegurase y amarrase el planeamiento presupuestario a largo plazo. En definitiva, a la vista del proyecto de PGE-2018, el voceado compromiso del Gobierno con la defensa nacional no es más que un “bluff” muy costoso. Y no porque los gastos de defensa previstos para 2018 estén en torno a los 8.500 millones. Sino porque no hay FAS más caras que aquellas que, cuando se las ordenara ¡Adelante!, no estuvieran en condiciones de cumplir todos sus cometidos. Como es el caso.

En definitiva, si el objetivo político es presupuestar el detalle de las OMP, habría de habilitarse un sistema parlamentario muy ágil para realizar gastos no presupuestados.

Está bien por ortodoxia presupuestaria (y porque así lo ha sentenciado el TC) que los programas de armamento se contabilicen en los PGE. Pero me preocupa que tal deriva se aplique a las llamadas Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). En el proyecto de PGE-2018 figuran 300 millones € bajo la rúbrica de OMP, lo que parece indicar que tal gasto (que ronda anualmente entre los 800 y los 1100 millones €) va a ser contabilizado, en años sucesivos, en los PGE. Si se llegara en el futuro a presupuestar el detalle de todas las misiones en curso, se ganaría en previsión de gasto, pero se perdería tanto en libertad de acción gubernamental para afrontar inmediatamente gastos sobrevenidos en operaciones reales, como en seguridad de las tropas desplegadas en misiones en el exterior. En definitiva, si el objetivo político es presupuestar el detalle de las OMP, habría de habilitarse un sistema parlamentario muy ágil para realizar gastos no presupuestados. Y, por cierto, es de justicia asimismo apuntar que en los PGE-2018 no se contempla subida de sueldos a los militares, en consonancia con la de otros colectivos del Estado.

Pese a todo, mantengo una esperanza: que, en algún momento, se deje de avanzar hacia atrás y se empiece a hacerlo hacia delante. En todo caso ―que nadie se llame a engaño―, el futuro de las FAS está ligado a la percepción que tenga la sociedad española de la utilidad de sus Ejércitos.