Identidad y derechos humanos
Todos hemos conocido en nuestro entorno mujeres de toda la vida, que sin embargo no han podido cambiar su género en el DNI.
Todos hemos conocido en nuestro entorno mujeres de toda la vida, que sin embargo no han podido cambiar su género en el DNI, lo que ha provocado situaciones muy embarazosas cuando se han visto obligadas, por ejemplo, a ser atendidas en un centro sanitario. Estas mujeres se ven humilladas involuntariamente por el personal sanitario cuando en una sala de camas de un hospital son llamadas por el nombre que figura en su documento de identidad.
Pero volviendo a la cuestión, la solución al ejemplo planteado, se encuentra regulada en el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Igualdad y que sin embargo suscita el rechazo de un sector del movimiento feminista porque mantienen que la entidad jurídica de la autodeterminación sexual considera que los sentimientos, presiones o manifestaciones de la voluntad de una persona respecto a si se siente hombre o mujer no deben tener automáticamente efectos jurídicos plenos.
Una filosofía que es defendida por un grupo de ‘santonas’ del feminismo, que consideran que el citado anteproyecto desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista.
Postura enfrentada con otros colectivos trans y feministas, incluidas militantes socialistas. En este sentido, a pesar de la postura de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, a favor del feminismo más conservador, en la secretaría de Movimientos Sociales del PSOE, según fuentes consultadas, sería mayoritaria la posición que defiende la autodeterminación de género.
En este mismo sentido, se manifestaba hace pocos días en una entrevista radiofónica Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, que ponía de relieve que la legislación que se pretende aprobar ahora en España ya está vigente desde hace años en otros países, como por ejemplo, Argentina, basándose en la legislación española en esta materia del año 2007, además de Dinamarca, Portugal, Chile, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, entre otros países.
Antonelli también afirmó que el borrador en cuestión “emana con puntos y comas de la ponencia final elaborada en el año 2019 de una proposición de ley que registró el Partido Socialista, el 20 de febrero de 2017” propuesta que mantenía que la solicitud de cambio de sexo solo exigía la autorización expresa de la persona interesada o de sus representantes legales en el caso de los menores.
Una polémica que a juicio de la diputada está inflada por ‘negacionistas’ que están en contra de los derechos fundamentales de las personas trans, detrás de la que se encuentran personas como la ex diputada del PSOE Ángeles Álvarez, firmante de la ley del 2007, y que tras abandonar el Congreso de los Diputados cambió extrañamente de posición.
Una postura también mantenida por otra de las mujeres relevantes del movimiento feminista en España, la catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED, Amelia Valcárcel, que también se opone a que las leyes LGTBI y Trans blinden la despatologización y autodeterminación de personas trans prohibiendo las terapias de conversión, cuando la denominada ley Trans beberá, como ya se ha reseñado, fundamentalmente de la ponencia socialista que en 2019 intentaba abordar la reforma de la ya citada ley 3/2007.
El debate planteado no es fácilmente comprensible para la mayoría de la sociedad, pero que su fruto será esencial para muchas personas que han vivido y viven un auténtico estigma social. Una polémica menos entendible si se tiene en cuenta que once comunidades autónomas españolas ya tienen leyes bajo el principio de autodeterminación y no se ha borrado a nadie, como ha puesto de relieve en una reciente entrevista la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé. En definitiva, la sociedad española debe tratar de entender este complejo problema, ya que estamos hablando de los derechos humanos.