La Causa

Una cosa es lo que se dice y otra su significado. De palabra o por escrito pretendemos transmitir cierta información, otra cosa es lo que realmente llega a oídos del receptor.

Lo que se dice puede ser cierto,  estar manipulado, ser falso o, tendenciosamente delictivo.

La forma de interpretar el mensaje suele ser honesta y coherente, aunque a veces sea arbitraria o tergiversada.

Podríamos preguntarnos cuál es la manera correcta de interpretar un escrito, ya sea un documento oficial o privado, un contrato, declaración o una simple charla. Lo habitual es que se haga atendiendo al tenor literal del texto, aunque la predisposición, en función de los intereses o conveniencias del lector puede condicionar dicha interpretación. Y esto es así sobre todo en el caso de la “Ley” cuya interpretación, por ministerio del legislador, queda en manos de jueces y tribunales. Es pues que aquí, el uso y la interpretación del lenguaje queda al arbitrio de los llamados, de modo único, exclusivo y excluyente para llevar a cabo esta tarea.

Legislativo, ejecutivo y judicial son, por definición, poderes y estos, por mandato constitucional han de ser independientes, estar separados unos de los otros y actuar como contrapesos, ejerciendo labores de control mutuo para evitar la primacía de unos sobre otros.

Independencia, separación, contrapesos y control se traducen en confrontación. Unos poderes tienden a influir sobre otros cuando no a manipularlos o, incluso anularlos. Es, por tanto, que el ejercicio del poder implica arbitrariedad y conlleva, por la íntima conexión entre éste y las miserias y necesidades humanas, la aparición y sostenimiento de la corrupción.

Partimos pues de que el ejercicio del poder implica corrupción, en el caso del ejecutivo no nos queda ninguna duda y, en el caso del legislativo, sometido a los vaivenes de las conveniencias o aritméticas variables, la sombra de la sospecha es muy alargada. ¿ Pero, qué decimos del tercer poder en liza? El judicial es, como los dos anteriores, caladero de corrupción institucionalizada.

Aquellos encargados de dirimir controversias entre particulares, entre administraciones o, entre estas y aquellos, interpretando textos legales, gozan de un poder omnímodo, se les supone, además de amplios conocimientos técnicos,  una serie de valores superiores como la honestidad, la honradez, la ecuanimidad, y se da por hecho que ejercerán su labor siguiendo los principios de justicia, equidad e igualdad sin hacer distinción por razones de sexo, raza o cualquier otra condición social o personal. Esto es así en la mayoría de los casos, pero hay personas que, imbuidos y arrobados del poder (ejecutivo o judicial) no dudan en utilizarlo para fines espurios, cuando no delictivos.

Para solventar las controversias que se le plantean, los órganos judiciales y ahora también el ejecutivo, además de la Ley cuentan con un importante mecanismo de interpretación. Hablamos del principio de la libre valoración de la prueba que ya, a primera vista, se muestra como la quinta esencia de la arbitrariedad, pues deja en manos desinteresadas o no,  decidir qué es importante o superfluo para la causa o atender, de modo preferente aquello que conviene a una de las partes o desestimar todo lo que, por los mismos motivos, pudiera favorecer a la otra.

Pero no solo este principio corrompe el concepto de justicia.  Jueces y magistrados, legos en casi todas las materias, excepto en una, delegan sus “instrucciones” en funcionarios que, a su vez reciben consignas de sus mandos naturales y estos de los políticos que allí los han colocado, corolario y efecto de la Ley de la libre designación. Por tanto,  la confrontación está servida.  Lo que, atendiendo a los principios de legalidad, justicia y equidad conviene a unos, probablemente no convenga a los otros. Aunque a veces se da una conjunción de intereses y en un asunto determinado, aplicando estos principios y por muy distante que estén las posiciones de unos y otros, parece que a todas las partes conviene la misma argumentación, excepto a los damnificados, claro está.

A veces aparecen causas que en principio puede reportar fama y prestigio, en las que ciertos sectores afines al lucro dinerario ven la oportunidad de hacerse con un patrimonio o,  en su defecto, la posibilidad de tener acceso a unas instituciones con las que venían soñando desde tiempos inmemoriales. Estos sectores promueven, alientan e incentivan este tipo de causas.  Y, con un poco de suerte y mucho de picardía buscan y con frecuencia encuentran a jueces instructores proclives a sus planteamientos,  y no dudan en medrar con la adulación y el soborno si es preciso, para obtener una instrucción implacable, aunque sea focalizada en el sentido levógiro, es decir, en contra del sentido común.

Cuando hay dinero o poder en juego todos los recursos son pocos, desde periodistas de medio pelo cantando a los cuatro vientos las bondades de tal o cual decisión, Auto, Providencia  o Decreto  mediante, claro está, a fiscales contorsionistas, especialistas en  interpretaciones inverosímiles,  abogados profesionales del peloteo, más interesados en congraciarse con las elites dominantes que en el ejercicio del Derecho en defensa de sus clientes, y de un sinfín de agradaores dispuestos a dejarse la piel en pos de obtener algún beneficio, siempre a la sombra del poder emergente.

Es sabido que para que existan tiburones (Sharks) han de existir muchos pececitos (fishes). Y es desde la perspectiva de los damnificados, los pececitos, como se debería afrontar la narración e interpretación de algunos hechos que, por su relevancia e impacto social, han venido llenando las portadas de diarios e informativos nacionales,  poniendo el acento en el daño causado a personas que, por no ser del grupo de las élites han pasado desapercibidas pero que, sin embargo, han sufrido y siguen sufriendo  en sus vidas, su patrimonio  y su salud los efectos perniciosos de agentes sociales crueles, depravados y corruptos.

Podríamos analizar algunos de ellos.