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La economía sumergida en Andalucía también por obligación del Estado

Se han reído y ríen continuamente de Andalucía en el reparto presupuestario, todos y de todos los colores, ahí están los resultados y sus trayectorias.

 

¿Qué es la economía sumergida?, como sabéis, la forman esas actividades tanto de bienes como de servicios que tenemos en el mercado y que no consideran norma alguna fiscal o económica, comprendiendo frecuentemente a colectivos de trabajadores parados, inmigrantes sin documentación, inmigrantes y trabajadores que paralelamente tienen otras ocupaciones o empleos, autónomos y empresas a la hora de no registrar la totalidad de sus actividades comerciales y particulares. Gestiones ilegales, todas que conllevan pérdidas de derechos por cotización, competencias mercantiles desleales, reflejo de mala repercusión a clientes y mercado, así como las pérdidas de ingresos estatales vía impuestos. Destacando el riesgo en el que se coloca la legislación vigente por no ser respetada.

Tengo que recordar que, según el BOE (disposición adicional cuarta de la ley 11/2021, del 9 de julio de 2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal). «Se encomienda al Gobierno para que encargue a expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado español, del fraude laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos».

Por el contrario, aquí ni está ni se le espera. Referente a la economía sumergida no existen datos oficiales. No se conoce seguimiento alguno, pese a la Ley de Transparencia. Y todo ello hace casi tres años que se aprobó, en julio de 2021, la Ley Contra el Fraude Fiscal. Entre otras medidas, incorporaba a un grupo de expertos para el análisis y desarrollo de ésta. Quedando todos los estudios, datos y resultados en manos de asociaciones varias, de inspectores de Hacienda, asociaciones financieras, profesores expertos en fiscalidad y similares. De ahí la subjetividad oficial de sus desconocidos resultados. Destaco igualmente que, sin duda, la reducción de la economía sumergida apuntaría a ese recorte en la brecha del PIB per cápita de Andalucía con el del resto del país. Y digo Andalucía por ser la zona donde más paro existe, más notoria es la existencia de esta economía. Por lo que apunto que no solo acortaríamos la brecha del PIB per cápita comparada con el resto de los países de la comunidad europea, también la brecha del PIB per cápita de Andalucía con el resto de España, solo al ver las cifras de desempleo que marca nuestra tierra. Aunque apuntando algo demoledor, aumentaríamos más nuestro nivel de pobreza.

Reitero mi cautela sobre la exactitud de los datos, dado las fuentes que lo generan y sus posibles tendencias o intereses.

Pese a la dificultad de un seguimiento exacto de los importes a la hora de hablar de economía sumergida, existen multitud de informes que admitiendo la objetividad más que parcial, sí debemos admitir como objetividad el diferencial de los resultados entre países o comarcas.

Veamos un cuadro comparativo sobre los porcentajes de economía sumergida por comunidades autónomas para su comparación, indicando igualmente la media nacional. Datos publicados en su estudio sobre el seguimiento de la economía sumergida por el CEIM (Confederación Empresarial de Madrid – CEOE).

 

 

Esos informes colocan a España en la media de la Comunidad Europea con el 18,2 %. Dentro de esa media y al cierre del año 2020, las regiones españolas con más actividades sumergidas eran Extremadura (29,1 %), Andalucía (27,3 %) y Castilla-La Mancha (27,2 %). Cierto que, en toda la comunidad europea el dato va descendiendo año tras año. Aunque la situación española, que no la andaluza, continúa estando en la media comunitaria.  Destaco que, sin la última expansión de miembros en la UE, (Europa del Este), España continuaría a la cabeza de las economías sumergidas junto con algún otro país.

 

¿Y dónde se encuentra Andalucía a nivel europeo con su tasa de economía sumergida?

Sencillamente, en los puestos de pódium de toda la Europa Comunitaria, comparando a Andalucía con el resto de países europeos, solo Bulgaria estarían por encima de los andaluces, colocándonos a niveles similares a los de Croacia o Rumanía y por encima del resto. Dato más que significativo.

El gran peso de la economía sumergida suele ser achacado a actividades ilegales de gran volumen económico, como el tráfico de drogas, armas o prostitución, entre otras. Tráfico de drogas y prostitución que, desde el 2014, la Unión Europea viene obligando a todos sus miembros a introducir cambios en la metodología a seguir para el cálculo particular del PIB, con el fin de que figuren incorporadas en los mismos. Por el contrario, y según el informe Visa Europe, en los países más desarrollados apuntan con fuerza, por el uso de esta economía, los sectores de la construcción, comercios en general y restauración.

En cifras absolutas, hablo de una cantidad que en España ronda los 200.000 millones de euros, según los distintos estudios. Entre los que repercute notoriamente la corrupción en el sector público. De la misma manera, se calcula que Andalucía mueve una cantidad superior a los 50.000 millones en esa desconocida economía sumergida.

Pero tengo que reflexionar y aclarar el título de esta columna. ¿Cómo es eso de la obligación del Estado en el uso de la economía sumergida en Andalucía?

Existen dos tipos de economía sumergida, una la denomino local y afecta a la gran parte de la población, la otra es la mercantil, tipo que a su vez habría que dividir por volumen de empresas, negocios o autónomos.

En Andalucía, según datos oficiales de la Encuesta de Población Activa – EPA, en el primer trimestre de 2024 éramos 3.377.700 andaluces los que aparecíamos como ocupados, un 46,5% y 3.156.200 andaluces como Inactivos, un 43,5%. Igualmente nos marcaba una tasa de paro del 17,77% que corresponde a 730.000 andaluces afiliados al desempleo.

Si a ello le incorporamos la diferencia del PIB per cápita de los andaluces con el resto de ciudadanos españoles, diferencia que supera los 7.200 euros anuales, así como las diferencias de tributación por IRPF, en la que superamos a comunidades como Madrid, Galicia, Canarias o La Rioja, en los salarios de 16.000€, ya que en los salarios de 20.000€ o más, solo nos superan cinco de las diecisiete Comunidades Autónomas que hay en España. Indicando igualmente el índice de pobreza severa y no sumando a ello nada más, resulta que llego a la siguiente reflexión.

Referente a esa obligación de economía sumergida local:

¿Si una familia media en Andalucía, según el INE, tiene el ingreso más bajo del país?, ¿qué ocurre cuando no se llega a final de mes con saldo en la cartera?, ¿Cuándo no hay para pagar los gastos de electricidad, agua u otros corrientes?, ¿Qué sucede cuando no pueden consumir carne de ternera o pescado?, ¿Qué ocurre cuándo no podemos pagar la formación y sus gastos a los nuestros?, etc…

Veamos un ejemplo social y de la inmensa parte de los andaluces.

Mañana se nos rompe o no funciona un grifo, o al menos esa es la consecuencia que detectamos en nuestro hogar. Llamamos a un fontanero y… Entiendo que el resto de la reflexión sobra.

Si la situación económica de nuestra tierra nos lleva a tomar la decisión de pagar 80 euros más el IVA correspondiente (casi 100 euros), o bien solo los 80 euros, por no hablar que la persona que nos solucione el problema sea un, conocido o no, parado que ni tributa para realizar la actividad, por lo que, debido a sus menos costes nos cobra solo 50 euros, que los necesita para sumar a su desempleo y poder llegar a final de mes, a veces.

Siempre existirán defraudadores, personas que quieran ahorrarse todo, pero os aseguro que también existen aquellos a los que no les queda otra. Pese a lo expuesto, aun hay muchos grifos goteando, desgraciadamente aún hay muchos que no llegan ni a esos 50 euros de sobre coste. Esa es la economía sumergida obligada por todos nuestros gestores, por el Estado, (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Diputaciones, Gobierno Central… TODOS).

El siguiente cuadro, al compararnos con el resto de Comunidades, o lo que es lo mismo, al valorar el qué hacen por Andalucía nuestros gestores, habla por sí solo.

 

 

La economía sumergida a la que denomino mercantil y en su versión de negocios y autónomos, es muy similar. Debemos entender que, en nuestra tierra, la gran parte de negocios y autónomos, no son empresas ni tienen espíritu mercantilista, siendo esta vía una salida forzada al auto empleo. Parados de larga duración, de avanzada edad para la demanda social de empleo, muchas mujeres, etc. Personas que, a duras penas llegan a cubrir costes, que hipotecan su patrimonio por un empleo, por una actividad. A todos ellos no los puedo considerar empresa.

Apuntando que no debemos confundirnos cuando hablamos de patrimonio con propiedades, hecho muy común. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de cualquier ente, físico o jurídico. Es decir, muchos se quedan endeudados de por vida solo por aquello de conseguir una actividad o empleo, por salir adelante. Esa también es la economía sumergida obligada por todos nuestros gestores, por el Estado, (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Diputaciones, Gobierno Central… TODOS).

Y la economía sumergida a la que denomino mercantil, en su versión empresas (excluyo negocios y autónomos), no puedo ni debo más que reprocharla, esa es la economía sumergida que menos se da pese a la que se conozca o produzca nos suene escandalosamente abultada, pero con seguridad la que menos afecta a esos datos que la realidad nos presenta, la que pesa, duele y hace daño es la otra, la que bajo ningún concepto debía existir debido a la pésima situación económica de los andaluces.

Después de lo visto, resulta que también existe una economía sumergida en grandes empresas consentida por el Estado. Hoy la Ley Concursal permite, por aquello de defender puestos de trabajo entre otras, a todas las empresas que se agarren a ella, la merma parcial de la misma, descuentos o quitas, entre otras de todo tipo y superiores, del 50% por Hacienda es más que popular, la no inactividad e inmunidad a estos defraudadores existe en cuanto, esas mermas, no son convergentes con el resto de la población. Sin matices legales, Ley de Segunda Oportunidad y similares, el que lea esto que no declare 500 euros en su declaración y, cuando la Hacienda Pública le reclame, que le pida una merma para poder seguir tirando, para no ir al paro, que se lo pida, verás lo que le responden.

Esa consideración con los grandes defraudadores, esa también es la economía sumergida consentida por todos nuestros gestores, (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Diputaciones, Gobierno Central, Jefatura del Estado… TODOS y desde años y años).

Es evidente que el trato que se debe dar a esta materia y para el caso de Andalucía, tiene que ser muy distinto al resto del país. Ahí están las diferencias que marca esa peculiaridad, la situación cuantitativa en la que nos encontramos. Y eso solo se consigue estando representados desde el Parlamento Europeo hasta el Gobierno Central, ya que, hasta el día de la fecha, nada de nada. Siendo huérfanos de legislación efectiva que apunte a una convergencia, al menos con el resto del país.

Nuestras peculiaridades son tantas y nuestra situación económica tan mala que, somos los andaluces los que tenemos que compensar tanta desigualdad, y eso sin voz, sin representantes andalucistas, nunca existirá. Se han reído y ríen continuamente de Andalucía en el reparto presupuestario, todos y de todos los colores, ahí están los resultados y sus trayectorias. Una recuperación económica empieza desde los andaluces, desde nuestros votos. Tenemos que abrir los ojos y no depositar nuestra confianza en servidores de gobiernos centrales que siempre terminarán fieles a sus mandantes, que desviarán lo que fuere necesario para, mantener con nuestras propinas*los consentimientos que siempre son económicos para comunidades ajenas a nuestras necesidades. (Propinas*=Votos de los andaluces para grupos o partidos no andalucistas).