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La Sentencia de los Eres y ‘el cebo’ del Supremo

Los magistrados se han limitado a anunciar el sentido de la mayoritaria decisión con un 'cebo', dejando para septiembre el texto íntegro de la sentencia.

 

Lo del Tribunal Supremo con la sentencia final del Caso Eres recuerda mucho esa técnica televisiva del ‘cebo’ de la que tanto se abusa, donde tras anunciar algo de supuesto interés ( o morbo) tardan minutos y minutos con inacabables autopromos y anuncios.

Los magistrados del Supremo por lo que parece llevaban tiempo con la decisión tomada en casación que no era otra que respaldar la sentencia de la Audiencia de Sevilla en la llamada pieza política de los Eres. O lo que es lo mismo, el proceso a la ‘cúpula de la pirámide’ (Alaya dixit) de tres décadas de socialismo en Andalucía. Solo les faltan las últimas puntadas a Sus Señorías para la confección ajustada del traje definitivo y en ello parece que están en este adelantado ferragosto. Hemos tenido la sensación – denominador común en una década larga del escándalo de los Eres- de que hasta el final la política se ha seguido entremezclando desde las sombras en decisiones teóricamente en manos de la flor y nata de la carrera judicial española y sobre el papel personas independientes; en concreto los cinco magistrados que han integrado la Sala II han sido: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre (Presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo García, Carmen Lamela Díez y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (Ponente).

En la votación final hubo dos posicionamientos claros en contra de la decisión mayoritaria de tres de ellos. En resumen, tres magistrados conservadores -Berdugo, Lamela y De Porres- consideran que ha existido malversación de caudales públicos y dos magistradas progresistas – Ferrer y Polo- que no, que solo prevaricación, anunciando el voto particular o discrepante de ambas. En este punto exacto es cuando empezamos a hablar del cumplimiento de penas de prisión decretadas, dependiendo si se ha malversado (robado) o se ha mirado para otro lado (prevaricado).

Pero como les decía, en este “Sálvame de lux” tan singular en el que se ha convertido el aparato judicial español de un tiempo a esta parte, donde no falta ni un perejil, los magistrados se han limitado a anunciar el sentido de la mayoritaria decisión, dejando para septiembre – tras la publicidad- el texto íntegro de la sentencia, cuando ya ni nos acordaremos de por dónde iba la vaina en julio a cuenta, por ejemplo, de un IPC previsiblemente más desatado que ahora. Por cierto, a esa sentencia se unirá entonces obligatoriamente el texto con la discrepancia jurídica razonada del 40% del tribunal, las dos magistradas discrepantes que se disponen a su redactado.   

Respecto a la figura del voto particular, el abogado Luis Sánchez Merlo, ha escrito un interesante artículo en La Nueva España donde, entre otras aportaciones explica los pros y contras del voto discrepante en un tribunal:

“La aplicación práctica de esta peculiaridad procesal —no frecuente en los órganos judiciales de nuestro entorno— se encona con argumentos a favor y en contra, de lo que se derivan tanto aspectos funcionales como disfuncionales. 

Los garantistas —incondicionales de su uso— consideran que la publicidad de las discrepancias mejora la comprensión del proceso argumentativo que conduce a la adopción de la ratio decidendi, y sirve como estímulo para futuras interpretaciones jurisprudenciales e interposición de los correspondientes recursos. 

Los detractores —del abuso de esta fórmula— arguyen que el voto particular pone seriamente en cuestión el principio de autoridad de las resoluciones judiciales, erosionando la potestad de las sentencias”. 

 

Fallo sin sentencia

Este anuncio del fallo de la sentencia sin el texto de la sentencia, tan poco habitual en el sistema judicial español, viene a confirmar, una vez más, que aquel caso que puso en marcha el PP andaluz de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido en el Juzgado Nº 6 de Sevilla de Mercedes Alaya, empezando a cavar la tumba electoral andaluza del socialismo de los cuarenta años, llega a su final con la misma politización que ha tenido en todas sus etapas judiciales previas desde que arrancó. Pero esta vez en el Tribunal Supremo, a la vista de todos los españoles, la guinda del pastel.

Sin olvidar que la Constitución Española ordena que “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”, optar solo por el anuncio del sentido de la sentencia – lo justifican en base al ‘interés general’ que levanta la causa, como si los españoles no pudiésemos esperar un par de meses más para conocer tan importante decisión al completo- da pie a pensar que no es casual ‘el cebo’ del anuncio: están condenados, pero en septiembre les contaremos el cómo y por el qué. De esta forma han limitado y orillado el debate juridico y judicial, dejándolo en el terreno político cuyo recorrido es mínimo por razones obvias.   

Aunque no se han publicado detalles al respecto, solo valoraciones y opiniones, parece claro que la publicación solo del fallo de la sentencia, ha servido para evitar que el constreñido debate jurídico abierto hubiese hecho saltar por los aires, una vez más, la muy escandalosa politización de la Justicia en España y que tiene a propios y extraños (Europa) con la boca abierta. Particularmente en un escenario considerado como la gran catedral de la Justicia española, el Tribunal Supremo, casi ná. La expectación parece garantizada, entre otras razones porque será muy ilustrativo conocer cómo en los fundamentos de una sentencia de esas características se pueden plasmar esos supuestos posicionamientos ideológicos de jueces, ya sean las progresistas o los conservadores. 

Publicar la sentencia íntegra, voto discrepante incluido conforme ordena la Ley, habría sido lo más deseable para el interés general de la sociedad española, pero especialmente para el PSOE que no ha entrado en el fondo de la cuestión precisamente por no conocer los puntos de colisión entre los tres magistrados conservadores frente a las dos progresistas. De momento, en lo referido a Griñán, el tribunal tiene claro que «El acusado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó”. Según los magistrados, Griñán actuó «asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Asumir la eventualidad, sí, eso se dice.

 

El PSOE les da el cariño que antes no les dio

El PSOE, perjudicado políticamente por la sentencia, se ha visto maniatado para poder criticar y desarmar la decisión judicial con argumentos jurídicos, de tal forma que solo les ha quedado repartir cariño, abrazos y besos; hacer lo que el partido no hizo cuando Susana Díaz les pidió a Chaves y a Griñán sus actas parlamentarias y les obligó a dimitir como senador y como diputado –“Pepe, Susana no ha matado”– frase de Chaves que resume aquel tenso capítulo del socialismo sureño.

Tarde, casi a la hora de los funerales, el PSOE se ha volcado en ensalzar con muestras de afecto -propias de visita a tanatorio- las virtudes de honradez personal y política que adornan a los dos expresidentes federales del PSOE y de la Junta, ahora condenados en firme.

En este punto de los nombres propios llama bastante la atención que la inmensa mayoría de opiniones se concentren en uno solo de los condenados, el de Pepe Griñán. La mayoría de opiniones dan a entender que les indigna  especialmente «la condena a prisión del pobre Pepe».

Quienes conocemos a Griñan hace años, en mi caso desde que en los ochenta fue Viceconsejero de Quino Galán en la Consejería de Trabajo con Rafael Escuredo de presidente de la Junta, tenemos la percepción de que ha sido y es una persona honesta en el más amplio sentido de la expresión, como también que su rasgo político fundamental no es precisamente el haber sido “un hombre de partido” al uso. Por eso rechina tanto que le hayan condenado a entrar en la cárcel Sevilla 2, precisamente por una decisión política errónea,  descontrolada en la ejecución por su partido como fue el establecer con dinero público sin control redes clientelares vía Eres subvencionados con fondos públicos. (Gran parte de esas redes, por cierto, que hoy votan al PP de la mayoría absoluta, partido que sigue pagando legalmente desde la Junta de Moreno Bonilla los 680 millones que dicen los del PP que ‘han robado’ los socialistas andaluces con los Eres).

 Siendo Griñán presidente de la Junta algunas horas de charla mantuve con él sobre la corrupción en su partido, casos de los que tenía constancia desde que asumió el mando (antes estaba en otras cosas) y que decía que no estaba dispuesto a tolerar y por supuesto erradicar. Para ello no dudó en emplear a los llamados entonces ‘griñaninis’ – Susana Diaz, Mario Jiménez y Rafa Velasco– y ponerles a trabajar para desmontar algunos manejos de determinados ‘compañeros’ en algunas provincias. 

Tampoco contemporizó con el pasado inmediato que menos le gustaba en el partido. Con gran coste político interno Griñán llegó a cortarle el paso al conocido como el “consejero de Almería», Martín Soler Márquez, al que le llegó a ofrecer hasta ¡dos consejerías! – Medio Ambiente o Empleo- que Griñán sabía de antemano que no aceptaría. Soler, hombre con ambiciones, quería una macroconsejería económica con mayor capacidad presupuestaria y peso político, en definitiva una especie de vicepresidencia de facto y proyectarse como virtual heredero de un Pepe Griñán que consideraban de transición. El cargo fue ocupado finalmente por Antonio Avila y Soler abandonó la primera línea aunque siguió batallando  orgánicamente contra Griñán a través de sus fieles en Almeria. Martín Soler fue el candidato propuesto por el aparato regional (Luis Pizarro) para sustituir a Chaves cuando Zapatero se lo llevó de vicepresidente, De su entrevista con Griñan en la Casa Rosa el 22 de marzo de 2010  salió dando un portazo y muy cabreado.

El papel de los dirigentes del PSOE en Almería, cómplices políticos descarados y a la luz del día de los imputados en la Operación Poniente, reflejado con detalle en las diligencias judiciales de la macrocausa, (hoy en espera de sentencia), no fue precisamente ejemplar y el extenso volumen de la instrucción fundamental evitó la apertura de nuevas piezas que salían de la investigación en el Poniente almeriense y que afectaban también a cuadros socialistas. Griñan acabó mandando a Mario Jimenez a Almería para anunciar la continuación de acciones judiciales contra Gabriel Amat y sus concejales a cuenta del Teatro Auditorio, con un 120% de coste superior al inicialmente presupuestado y declarado ilegal por el TSJA. Aquel anuncio dio por finiquitada durante un breve periodo, hasta que llegó Susana, la política de ‘omertá’ reinante entre el PSOE y PP de Almería y que tan poco gustaba al nuevo SG del PSOE-A Pepe Griñán.

En esos primeros compases del mandato de Griñán, el entonces presidente hoy condenado a seis años de prisión y quince de inhabilitación por el TS, no ocultaba a su entorno o con quien hablaba en confianza la irritación y el repelús que le producía el que se estuviesen cometiendo irregularidades tipificadas en el Código Penal al amparo de las siglas del partido.  Tampoco tenía buena opinión sobre las ‘malas compañías’ con las que veía a algunos de sus compañeros comer, cenar e ir de ferias. Siempre creí que a Griñán no le temblaría el pulso a la hora de combatir determinados comportamientos y prácticas sistémicas en su partido, pero su mandato fue breve, no tuvo tiempo de demostrarlo. Solo percibimos a toro pasado un gesto final que entonces no se valoró en los titulares. Tras saber Griñán por Emilio Llera, consejero de Justicia y Fiscal en excedencia entonces, que Alaya pensaba señalarlo como “investigado” en los Eres, decidió su dimisión y el relevo exprés que dio entrada a Susana Díaz. Una propuesta de imputación judicial siendo presidente no entraba en su forma de entender el ejercicio del poder, dimitiendo y asumiendo responsabilidades políticas para no perjudicar al partido, pero sobre todo – dijo- para preservar el buen nombre de la institución autonómica que presidía. Ese día, además, Jose Antonio Griñán  Martinez ofreció a los periodistas su declaración patrimonial de bienes desde el año 2009 hasta el 2012, el último ejercicio disponible.

 

Manolo Chaves, el responsable político de los Eres

Pero ¿por qué no se incide de forma expresa como se hace con Griñán en la honestidad de la figura de Manolo Chaves a la hora de sacarle del fango que, evidentemente, subyace en el caso Eres y con abundancia?

Porque Manolo Chaves, en términos políticos, fue el máximo responsable del Caso Eres y eso lo saben casi todos dentro del PSOE…y también se empieza a saber fuera. Chaves dimitió obligado por Susana Díaz en lo que oficialmente se interpretó como una asunción de responsabilidades políticas por parte de los expresidentes. Esa dimisión o cese “llegó demasiado tarde en el caso de Manolo Chaves», piensan algunos en el partido. A esas alturas, tras varios años de batalla política y judicial, los procedimientos crecían más y más de forma peligrosa por los contenidos que iban apareciendo. Con una instructora, Mercedes Alaya, sin complejos ni piedad, sin miramientos ni contemplaciones con los investigados a los que aplicó todo el rigor que la Ley le permitía y más. Los grandes denunciantes y acusadores del Caso Eres, el PP de Arenas y el juez Zoido, en aquellos primeros tiempos seguramente se habrían dado por satisfechos con la dimisión de Manolo Chaves -caza mayor- que, de haberse producido, les hubiese cambiado el paso y cortocircuitado el interés político por investigar más a fondo los Eres, tal y como en realidad acabaría sucediendo con las gravísimas consecuencias de todo tipo que ha tenido. Nunca hubo dimisión, Chaves nunca pinchó el globo cuando pudo hacerlo.

Aparte de las responsabilidades políticas que debiera haber tomado y no tomó Chaves como sí hizo Pepe Griñán a finales de agosto de 2013, el presidente Chaves quizá encuentre en la hemeroteca la respuesta a la motivación de por qué solo se incide en la honestidad de Pepe Griñán, alguien que nunca ha resultado salpicado por ningún escándalo familiar. Ahí están los asuntos Climocubiertas, MATSA, o las intermediaciones de Ivan Chaves, escándalos políticos sin consecuencias judiciales, pero convenientemente aireados y agitados por los medios conservadores que dañaron considerablemente la imagen personal y política del presidente Chaves, poniéndole bajo sospecha de beneficiar a su familia desde la presidencia y quedando manchado su apellido ante mucha gente que no le conoce.

Al margen de todos los aspectos peculiares que rodean la comunicación de esta sentencia del Tribunal Supremo de interés para los andaluces , se comprende el descosido que la misma ha podido generar en el PSOE de Pedro Sánchez en meses preelectorales, aunque el dirigente socialista no parece haberle dado demasiada importancia ya que ha puesto de número dos del partido a María Jesús Montero, su ministra de Hacienda, integrante en su día de los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana. De la misma manera que no se comprende cómo el PSOE andaluz no aprovecha la ocasión para explicar didácticamente qué cosas hicieron mal en el pasado que no sucederán si vuelven al gobierno. La gente echa de menos más autocrítica, no basta con el perdón de confesionario tan empleado para salir del paso. Qué lecciones políticas ha obtenido el PSOE de este escándalo que lo es y no solo por los millones robados que son los que figuran en sentencia, con nombres y apellidos, también ha sido escandaloso el contexto, todo lo que ha rodeado el desarrollo de este culebrón durante once años con políticos, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, abogados, prostitutas y periodistas de por medio.

En el PSOE saben perfectamente que entre los investigados/condenados por el caso Eres hay bastantes que merecen el respeto, la solidaridad, el apoyo y la comprensión, como también los hay que se merecen más silencio que el resto, especialmente aquellos  que, para demostrar su poderío en el partido, se pasaban la legalidad por el forro ante las narices de todos; con razón les llegaron a llamar los nuevos señoritos o caciques andaluces.

Juan Espadas seguramente estará tomando nota sobre esa forma de hacer política caciquil durante años que se refleja en los documentos judiciales de esta macrocausa. Un modo de hacer política que explicaría la constante pérdida de votos  del PSOE-A consulta tras consulta. Un modo de ejercer la política que puede tener la tentación de imitar el PP de la gran mayoría y si lo hace caerá en las mismas trampas  que el PSOE con los Eres o similares. El principio del fin.