Legal y lícito : ni indulto ni olvido

La ley de la gracia del indulto, de 18 de junio de 1870, es el clavo ardiendo al que se aferra Sánchez para, indultando a los convictos del procés, amarrar los votos de los separatistas catalanes y sus afines, y así alargarse en la Moncloa. Ya con el expediente del indulto en avanzado estado de tramitación, Sánchez, varios de sus ministros y sus múltiples terminales mediáticas se han lanzado a una intoxicante operación política de propaganda y desinformación, basada en una pretendida “concordia” y en el rechazo a “la venganza y la revancha”. Desde el Gobierno se pretende así que olvidemos que fueron precisamente los convictos del procés quienes atacaron la convivencia y la concordia y que, precisamente por ello, fueron condenados. La fiscalía se ha opuesto al indulto. Asimismo, el Tribunal Supremo, en su preceptivo informe sobre el tema, lo ha considerado ”inaceptable”. 

Indultar a quien no quiere serlo repugna a la razón. Especialmente cuando ni tan siquiera se da el arrepentimiento de los indultables, que mostraría, al menos formalmente, el acatamiento de la legalidad que conculcaron. Por el contrario, éstos se ufanan proclamando que lo volverán a hacer. Tampoco existen razones de justicia, equidad o utilidad pública, que menciona la ley, para acceder a la gracia. Por ello, indultar en tales condiciones  supondría un insulto tanto a la justicia como a nuestra inteligencia. Sería, asimismo, una flagrante quiebra del principio de igualdad ante la ley; esa ley cuyo respeto a todos nos iguala. En ese contexto, no merece la más mínima tregua el nuevo vicario del fugado Puigdemont, Aragonés ―quien está haciendo oposiciones a presidiario o huido―, y quien acusa al Estado de “represión generalizada”. ¿Se referirá a lo que él y sus secuaces hacen contra la mayoría social catalana, que no es separatista? ¿Acaso alguien piensa seriamente que, en ese escenario, un indulto arreglaría algo?

La discrecionalidad para indultar, como atribución excepcional otorgada por la ley al Gobierno, nunca puede ser arbitraria. Asimismo, privilegiar al gobernante desleal y corrupto tampoco es admisible en un estado de derecho. Si se entiende por legal lo que está prescrito por ley y es conforme a ella y, por lícito, lo que obedece a justicia y razón, las acciones  de gobierno deben ser no solo legales sino también lícitas. Y puesto que la Constitución (art 1.2) establece que los poderes del estado emanan del pueblo español, el ciudadano tiene el derecho a exigir que tal excepcionalidad sea empleada no solo de manera legal, sino también lícita. Una doble condición, vital, que despóticamente obviaron gobernantes, como Calígula o Luis XVI, que solo respondían a sus propios intereses y paranoias. Éste es ahora, en mi opinión, el caso de Sánchez.

La insensata iniciativa del presidente Sánchez para autoindultarse intentando alargar su permanencia en el poder, está llevando a España a un alto y pernicioso grado de tensión. Aquél, fingiendo reparar fracturas, está provocando nuevos y graves desgarros y fisuras por todas partes, incluyendo su propio partido. Sánchez, decididamente, es un mal para España que debería ser madrugado políticamente. Bien en las urnas (lo más deseable), o bien por una revuelta interna en su partido, que le defenestre, para ser relevado por alguien capaz de recomponerlo. Una operación que ya parece estar “hormigueando”.