Los árboles del bosque
Desde hace 25 años mandos policiales exigen verbalmente, nunca por escrito por su ilegalidad, que se hagan identificaciones en seguridad ciudadana.
En 1992 se aprobó la conocida como “ley Corcuera”. El Tribunal Supremo autorizó identificar en la calle a ciudadanos con dos condiciones: a) que sea sospechoso de haber cometido un delito, b) sospechoso de que puede cometerlo. Ello implica que el policía debe justificar su actuación y entregar un escrito al identificado como garantía para el mismo. La “Ley Mordaza” (2015) añade la identificación para comunicar infracción administrativa sin cambiar el sustento legal del acto: debe existir causa que justifique la identificación.
En la “Ley Corcuera” se decidió que un libro en comisaria (hoy son dos, para españoles y extranjeros) recogiera identidad y motivo del presentado por no estar identificado. Esos libros, en teoría para evitar abusos policiales, serían revisados cada dos meses por fiscalía. En 23 años de duración de la ley jamás ningún libro fue revisado. El director general de la Policía, Cosidó, dio en el congreso el dato de 25.000 identificados/año citando a los que habían sido trasladados a comisarías, ignorando millones de identificaciones anuales sin traslado que son retenciones en la calle durante 5, 10, 20 minutos… con cacheo incluido a criterio del policía, práctica ésta que no cuenta con ninguna protección legal para el ciudadano y no se produce en ninguna democracia de nuestro entorno por ser ilegal.
Desde hace 25 años mandos policiales exigen verbalmente, nunca por escrito por su ilegalidad, que se hagan identificaciones en seguridad ciudadana, cuantas más mejor, aleatoria e indiscriminadamente. Los policías saben que esa orden es ilegal pero la cumplen. Trabajan para el mando, no para la ciudadanía. Los mandos utilizan a los policías para sus estadísticas, su cuenta de resultados particular. Al hacerlo incumplen la ley, vulneran derechos civiles y perjudican la seguridad de la ciudadanía. Más tiempo el coche parado identificando con menos movilidad se traduce en más robos en esa zona.
Se están produciendo críticas porque la Policía identifica a personas con banderas de España tras años en los que se les ha alentado por los mandos a identificar ilegalmente, pisoteando desde el principio de autoridad policial el principio de respetar los derechos civiles de las personas. Si llevar bandera de España impide que te identifiquen todo el que lleve hachís para consumo propio, o un arma oculta, o quiera cometer un delito solo debería proveerse de una bandera española. Con motivo del acceso a la jefatura del Estado del Rey Felipe VI, cientos de policías recorrieron previamente su itinerario por Madrid visitando viviendas que habían colgado banderas republicanas y pidiendo que las quitasen de ventanas y terrazas. Un país donde no se puede mostrar una bandera no ilegal en tu ventana no es una democracia. Un país donde un policía te puede identificar en la calle y cachearte si le parece oportuno, retenerte 10 minutos o más y no darte ningún justificante de la razón de tal proceder convierte a la ciudadanía en súbditos sin derechos. Esta pasando hoy.
El enfoque de la seguridad ciudadana, el orden público y las prácticas policiales respecto al ciudadano no han cambiado en España en democracia respecto del funcionamiento con la dictadura. Felipe González decidió no cambiar nada por temor a lo ocurrido durante la II República. Se ha mantenido vigente el principio de autoridad policial sobre los derechos civiles de la ciudadanía. Un policía no debería poder identificar a una persona en la calle lleve o no bandera de España o cualquier otra, sin entregar un escrito que justifique por qué lo hace. Respetar los derechos civiles es la clave de bóveda de una democracia. Los arboles no nos dejan ver el bosque.