Mercasevilla, empresa municipal de titularidad pública, no tiene capital para afrontar la deuda con la constructora Sando
Gonzalo Gragera / Redacción C.A.- En los últimos años, Mercasevilla ha sido ejemplo de empresa pública mal gestionada, amparada por el poder político y epicentro de corrupción. Cohecho, soborno, prevaricación, malversación… Una ristra considerable de delitos que destapó uno de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia reciente: el caso ERE.
Con todo este currículum a sus espaldas, la empresa municipal, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, solicitó esta semana el preconcurso de acreedores, cuya definición y desarrollo lo encontramos en el art. 5 bis de la Ley Concursal. Cuando hablamos de preconcurso no hablamos de un procedimiento judicial, sino de un periodo previo en el que se formaliza una solicitud que hace el deudor –en este caso Mercasevilla– por estar en situación de insolvencia. Antes de presentar el procedimiento judicial denominado concurso se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores en un plazo máximo de tres meses. Si al cuarto mes no hay acuerdo, se solicita el concurso, cuyas características son complejas y numerosas. Sí, el mismo proceso que el de Abengoa.
Mercasevilla, empresa municipal y por tanto pública, ha solicitado el preconcurso de acreedores para hacer frente a la sentencia judicial que le ordena pagar 11 millones a la empresa de construcción Sando.
¿Cómo se llega hasta aquí?
Sando reclamó el pago a Mercasevilla al incumplir esta última un contrato cuya finalidad era explotar parcelas del mercado de abastos. Ganó en la Audiencia de Sevilla, y ahora Mercasevilla ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Para comprender bien esta situación debemos remontar la historia a 2005, con el socialista Monteseirín gobernando en el Ayuntamiento con IU.
Sando firmó con Mercasevilla un contrato para la cesión de unos terrenos en los que la constructora levantó una serie de naves. Pasado el tiempo, Sando denunció a Mercasevilla por no facilitar el suministro eléctrico necesario para estas naves construidas. De este modo, tras un litigio judicial, se condenó a Mercasevilla a pagar 6,9 millones de euros. No quedó todo ahí, puesto que la Audiencia elevó la condena a 8,9 millones de euros, que, sumando los intereses de demora, supone una indemnización de 11 millones. En esta fase, Mercasevilla ha recurrido, como decíamos, al Tribunal Supremo. Hoy día estamos a la espera de que el órgano judicial dicte sentencia al respecto.
[blockquote style=»1″]¿Por qué debemos salvar con nuestro bolsillo las empresas que han estado sometidas al vaivén de la corrupción y la mala gestión cuando éstas quiebran o pasan apuros económicos y de solvencia? Carmen Castreño, presidenta de Mercasevilla, ha defendido la necesidad de esta operación cuyo destino será “proteger” a la empresa municipal.[/blockquote]
¿De quién es Mercasevilla?
En Mercasevilla participa el Ayuntamiento de Sevilla con un 51 % del capital, mientras que el 49 % pertenece a la sociedad estatal Mercasa. Es decir, dinero del contribuyente. De todos. Pero ahí no queda todo, pues, para afrontar la deuda con Sando, el Ayuntamiento de Sevilla protagonizó en un pleno extraordinario el pasado noviembre una modificación presupuestaria de 5,3 millones de euros para salvar a Mercasevilla. El resto de millones los aportará, claro, Mercasa.
¿Por qué debemos salvar con nuestro bolsillo las empresas que han estado sometidas al vaivén de la corrupción y la mala gestión cuando éstas quiebran o pasan apuros económicos y de solvencia? Carmen Castreño, presidenta de Mercasevilla, ha defendido la necesidad de esta operación ,cuyo destino será “proteger” a la empresa municipal. Por otra parte, Alberto Díaz, concejal del Partido Popular, justificó esta inyección de capital para “evitar la disolución y garantizar la titularidad pública”.
Una historia de corrupción
Para entender cómo hemos llegado a esta situación es bueno contextualizar los hechos y explicarlos de la manera más concisa y clara posible.
Enero de 2009. Empresarios del grupo La Raza, empresa sevillana dedicada a la hostelería, deciden solicitar una subvención de 900.000 euros a la Junta de Andalucía. Por sorpresa, reciben la visita de dos personajes que exigieron la mitad de la subvención a cambio de algo muy sencillo: una subvención mayor para dar cursos de formación. Por este suceso, fueron condenados dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas. Aun así, este último fue absuelto por el Tribunal Supremo al considerar vulnerada su presunción de inocencia en el procedimiento judicial.
Desde esta investigación, la justicia detectó numerosas irregularidades que desembocaron en el famoso caso de los ERE en Andalucía, investigado por la juez Mercedes Alaya hasta que concursó para obtener plaza en la sección 7ª de la Audiencia de Sevilla. Entre estas irregularidades encontramos la venta de unos terrenos propiedad de Mercasevilla en un concurso público, según la justicia, amañado; los ERE fraudulentos de Mercasevilla entre los años 2003 y 2007; delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de la gestión de una guardería para la empresa; por último, el suceso del militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza, el cual fue incluido en el ERE de Mercasevilla sin haber trabajado en la empresa municipal. Este descubrimiento en la investigación fue decisivo para destapar el caso.