Olor a Gobierno podrido

El caso del niño de 5 años, en Canet de Mar, cuya familia exigió el cumplimiento de la sentencia firme del TSJC que obliga a que el 25 % de la enseñanza pública en Cataluña sea impartida en español (castellano), está generando demasiados fuegos artificiales. Socaliñas utilizadas, tanto por el ejecutivo autonómico como por el Gobierno de la Nación, para desviar la atención del fondo de la cuestión. Porque el asunto de fondo no es ni de enseñanza ni de lenguas sino de rebeldía institucional, de violencia contra derechos y libertades, de impunidad delictiva, de derechos del menor y de xenofobia. 

Los jerarcas separatistas fueron condenados por la sedición de 2017. Posterior y gratuitamente fueron indultados. Y, a pesar de ello, su desafío al estado de derecho pervive desde las instituciones catalanas. Nada más conocerse la firmeza de aquella sentencia, tanto el consejero de educación, González, como el presidente de la Generalidad, Aragonés ―ambos, como se ve, de apellidos de apabullante raíz catalana―, avisaron que tal sentencia “no se cumpliría”. Ambos, situándose al borde de la prevaricación, refrendaron su rebeldía mediante carta a los directores de los colegios públicos, exhortándoles a seguir con el modelo educativo actual (que prácticamente ignora el español). El señor González, además, se personó esta semana en Canet del Mar llamando a la desobediencia y alentando a los separatistas a mostrar su rechazo al fallo judicial. 

El “pecado” de la familia del menor ha sido exigir su derecho. Y, por ello, está siendo presionada, extorsionada y amenazada en redes y algunos medios. Violencia que supone, colateralmente, una extorsión preventiva a otras familias, para que se abstengan de plantear similar exigencia. En todo caso, la familia del menor está dando un brillante ejemplo de coraje y dignidad frente al matonismo separatista y la rebeldía institucional de las autoridades autonómicas, potenciados por la ―en mi opinión―, pasividad dolosa del Gobierno de España. 

Un tal Donaire, miembro de la policía autonómica ha expresado, en Twitter, que “este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase”. Indecente propuesta persecutoria inmediatamente coreada por otros “apuntándose a apedrear la casa del niño”. Una actitud inaceptable en un servidor público. Lo peor es que tan despreciable conducta no haya sido inmediatamente sancionada por vía jerárquica, sin perjuicio de la penal por presunta incitación al odio. Esa ausencia punitiva es un nuevo baldón para los Mossos, que confirma su carácter de policía política. Tal impunidad es tan flagrante que ha llevado al TSJC a emitir, el pasado viernes, una providencia que ordena lo obvio: “que se adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”.

Ni qué decir tiene que, también, se está violando la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1.989, de las Naciones Unidas. Convención, ratificada por España, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Que, asimismo, establece la “no discriminación” como el primero de sus principios fundamentales. Mientras tanto, Gabilondo, supuesto “Defensor del Pueblo” ―cuando, más bien, se muestra como “Defensor del Puesto”―, se pone de perfil como si el asunto no fuera de su incumbencia. Por no hablar del silencio del llamado “Sindic de Greuges de Catalunya” que, hipotéticamente, es defensor de la infancia y los adolescentes con la misión de garantizar los derechos de éstos, de acuerdo con las leyes y la mencionada Convención (que cita expresamente los campos de educación, segregación, y acoso).

Lo de la escuela “El Turó del Drac”, de Canet de Mar, es un nefasto botón de muestra de la grave discriminación que, en Cataluña, sufren las familias que no practican la “religión” separatista. “Doctrina” que recuerda aquella xenófoba  ideología del nacionalsocialismo alemán. Luctuoso fenómeno frente al cual resulta estentóreo el silencio del Gobierno de Sánchez, y que permite adjetivar a éste como política y moralmente podrido.

Son seguramente cientos de miles de padres e hijos que, en Cataluña, quisieran la educación en el idioma oficial de todo el Estado. Familias entre las que, por cierto, se encuentran las de muchos militares allí destinados, que vienen callando ante el contumaz pisoteo de sus derechos en el campo de la enseñanza. Pero la sentencia firme sobre el caso incita y aconseja  el ¡ya basta! para, siguiendo el ejemplo de la familia de Canet, levantar la voz, en el marco de la ley, en defensa de su derecho a que sus hijos sean escolarizados, al menos, en un 25% de español. Si no lo hicieran ahora, que no se quejen después.