Permitido identificar a blancos españoles. Prohibido a negros, árabes, asiáticos…
En España se vulneran cada año los derechos civiles de millones de personas convertidos en súbditos sin derechos.
Hace décadas que la policía española lleva a cabo identificaciones indiscriminadas y masivas, ilegales por no existir razón que permita hacerlas legalmente, que sirven para mejorar la inútil estadística del mando. No se permiten en ninguna democracia occidental por vulnerar derechos civiles de la ciudadanía, aunque aquí son millones cada año exigidas por los jefes, con retención, interrogatorio y si procede, cacheo. En 2009 los sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP, SPP) denunciamos órdenes verbales de identificar masivamente sin causa justificada porque ponían en riesgo la seguridad jurídica de los policías. Se remitieron escritos al Defensor del Pueblo, ministro de Interior, fiscalía general del Estado y otras instituciones. El Tribunal Supremo, en sentencia sobre la ley Corcuera, considera legal la identificación en la vía pública solo si el identificado era sospechoso de haber cometido un delito o de que podía cometerlo.
La campaña del Ministerio de Igualdad contra identificaciones racistas choca frontalmente con las órdenes policiales de identificaciones masivas. En España hay cada año millones de identificaciones contra ciudadanos de cualquier nacionalidad o raza. Estas identificaciones, lejos de reducir la criminalidad, la incrementan; mientras más injerencias en los derechos de la gente más delitos, porque a menos movilidad policial, más robos. Eso no importa ni a mandos ni a políticos.
Haría bien la esposa del vicepresidente segundo (me remito a lo dicho por su marido sobre la señora Botella, que no fue ministra) en preguntar para saber cuántos millones de personas son identificadas cada año en España en la vía pública; comprobará que el porcentaje de extranjeros identificados es similar o inferior al de extranjeros residentes en España, aunque menor que el de delitos que se cometen por personas extranjeras en nuestro territorio. Siendo así ¿pretende un permiso especial, patente de corso para negros, árabes, asiáticos…?
En España se vulneran cada año los derechos civiles de millones de personas convertidos en súbditos sin derechos, que pueden ser interpelados en la calle por un policía, retenidos, solicitada su documentación, interrogado durante varios minutos y si le parece bien al agente, cacheado, algo que no ocurre en ninguna democracia sin una razón objetiva para ello. La inmensa mayoría de los que lo padecen son blancos y españoles a los que nadie representa y defiende. En un Estado de Derecho debería entregarse documento al ciudadano cuyos derechos se suspenden prospectivamente a capricho del policía o por orden (verbal por ilegal) del mando.
La policía deja cientos de miles de llamadas al 091 sin atender cada año mientras hace millones de identificaciones a mayor gloria de sus jefes, que los utilizan como serviles lacayos en vez de para la seguridad de la ciudadanía. El mando debería hacer exactamente lo contrario: si un coche zeta presenta cada año varios detenidos por resistencia y otros coches de esa misma zona no, tienen a un chulo de uniforme en el barrio y debería corregirlo en vez de alentarlo. Si alguien hace 10 identificaciones diarias deberían enviarlo al psicólogo por si padece algún síndrome profesional peligroso (síndrome de Vietnam de los soldados), no felicitarlo.
Con esta campaña del Gobierno cualquier ciudadano árabe, asiático o de raza negra podrá denunciar cualquier identificación por racista, con apoyo del Gobierno y riesgo para la protección jurídica de los policías. Los sindicatos deberían plantarse, como en 2009, y exigir por escrito la orden de identificar, que no darán porque es ilegal. Conclusión: por seguridad, los policías no deberían identificar a nadie salvo fundada sospecha delictiva. Y cuando la haya, sea blanco, negro, árabe, asiático, español o extranjero, con criterio policial, adelante.