Piedras en un camino volcánico

Con el indulto a los sediciosos del procés, Pedro Sánchez se ha hecho cómplice del separatismo y lo ha oxigenado. Asimismo, ha metido al Estado en un camino hacia una supuesta concordia, que los destinatarios rechazan si no desembocase en la independencia de Cataluña y, consecuentemente, en la voladura del propio Estado. De ahí la estrategia monclovita de erosión del prestigio de las personas, instituciones y organismos que no comulguen o se resistan a las tesis sanchistas. Son “piedras en el camino y que hay que desempedrar” (Ábalos dixit); meteoritos, nada menos, como la Constitución, las leyes y las instituciones. Todo un perverso discurso que recuerda la “insoportable cancamurria pedantesca y el traqueteo gramatical”, que denunciaba Galdós en su “La Primera República”.

La palabra de don Pedro nada vale. Ni tan siquiera para sus socios separatistas. Así lo ha mostrado, el pasado miércoles, en el pleno del Congreso, el chulesco cachetazo de Rufián (ERC), en respuesta a la redundante afirmación de Sánchez de que “nunca jamás” aceptaría un referéndum de autodeterminación: “también dijo que nunca habría indultos. Denos tiempo”. Quizás, don Pedro, con una credibilidad por los suelos y con un discurso parecido a un grifo pasado de rosca, podría estar afectado de un síndrome agudo de cesarismo. Afección que le estaría llevando a creerse capaz de resolver, en dos años, el problema de España en Cataluña pendiente desde Felipe IV.

La piedra en el camino es ahora el Tribunal de Cuentas, al que Sánchez acusa de politización y, con acento despreciativo, califica como mero organismo administrativo. Lo que es falso, por ser un organismo constitucional, definido en el artículo 136 de la Constitución, como “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del estado, así como del sector público”. Añadiendo, para despejar dudas sobre la independencia y movilidad de sus miembros, que “los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces”.

Seamos claros. El gran “pecado” del Tribunal de Cuentas es ahora investigar la malversación del “Diplocat” y las delegaciones catalanas en el exterior. Es su trabajo. Por tanto, no se trata de ajustar cuentas, sino de ajustar las cuentas. El Tribunal ha exigido a más de 30 prebostes independentistas que, en el plazo de 20 días, depositen una fianza de 5,4 millones de euros para evitar el embargo de sus bienes. Palabras mayores en catalán donde ―ya se sabe―, “la pela es la pela”. Incluso se habla con desfachatez de utilizar dinero público de la Generalidad, es decir, de todos los catalanes, para pagar lo malversado por unos pocos. El tema no es banal porque si, al final, los malversadores no resarcieran al estado los caudales gastados en fechorías, eso sería tanto como una invitación a la insumisión fiscal de los demás.

La respuesta al problema de España en Cataluña no puede ser renunciar a la Constitución. Recurrir a sucedáneos para retorcerla y así regalar al separatismo, por ejemplo, un referéndum, por la vía del artículo 92 de la Constitución, no es de recibo. Bien que, en esa hipótesis, habría de reformarse previamente la L.O. 2/1980 para circunscribir el referéndum sanchista solamente a Cataluña. Aunque como tengo la convicción de que el sanchismo no va a ser eterno, el problema más serio, cuando Sánchez desaparezca, es que podría dejar a España al borde de un conflicto civil. Fenómeno que, como los volcanes, mantiene un rescoldo permanente. Y, como España es una nación muy volcánica, todos habremos de acostumbrarnos a convivir con tal fenómeno.