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Policías seguros, ciudadanos con derechos 

La formación policial enseña que el principio de autoridad anula cualquier derecho civil de cualquier ciudadano.

 

En la Policía Armada, cuerpo militar proveniente de la dictadura, un grupo de policías creó en 1977 un sindicato clandestino. En 1978 cambió su nombre a Policía Nacional, su uniforme del gris al marrón y seguía siendo un cuerpo militar cuando ingresé, en 1980. Milité en ese sindicato desde 1982 (legalizado en 1984) hasta 2016. Queríamos cambiar de policía militar a civil, de soldados sin derechos a policías con ellos, y con el lema “Policía civil al servicio del pueblo” manifestamos nuestro compromiso con la democracia. Exigimos también que los agentes dejaran de ser camareros, albañiles, barrenderos… y trabajaran como policías. 

 

Queríamos una policía civil homologable con policías democráticas de nuestro entorno. Abrazamos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por la ONU; la Resolución 690 sobre la Policía del Consejo de Europa de 1979, y la Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobando el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Después añadimos algunos principios básicos de actuación de la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pautas de conducta de obligado cumplimiento en policías democráticas europeas que fueron aprobadas por partidos de izquierda y derecha: socialdemócratas, eurocomunistas, de centro, conservadores, liberales, democristianos… En España, por la herencia de la dictadura, la ignorancia y la deficiente formación a los policías, defenderlas no te convertía en policía demócrata sino en policía “rojo”, socialista.  

 

La policía en España siguió una ruta distinta a los países de nuestro entorno. Cuando se preparaban planes formativos para que los procedimientos policiales respetaran los derechos civiles de la ciudadanía, como es obligado en democracia, llegó Corcuera y mandó parar. Los policías no tenían que saber mucho sino obedecer ciegamente las órdenes de los mandos. Mantuvo a los policías como soldados y así siguen hoy. Obediencia ciega al mando, máxima injerencia sobre las personas ordenando identificaciones, interrogatorios y cacheos en la calle para sus inútiles estadísticas, provocando millones de identificaciones anuales sin razón justificativa y por ello ilegales, contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. “Hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos”, dijeron políticos, mandos y policías haciendo de Romanones. 

 

Que los ciudadanos en democracia tienen derechos que deben ser escrupulosamente respetados no se estudia en las academias policiales españolas, sean estatales, autonómicas o locales. La formación policial enseña que el principio de autoridad anula cualquier derecho civil de cualquier ciudadano, mientras el de veracidad concede patente de corso a malos profesionales para sancionar a cualquiera abusando de su autoridad “por mis… galones”. No es un asunto ideológico de izquierdas o derechas, es una cuestión de modelo de sociedad y de policía, de democracia y ciudadanos con derechos o súbditos y vasallos sin ellos. Ningún policía en una democracia europea puede parar en la calle, identificar y cachear a un ciudadano por capricho, sin razón objetiva y razonada para hacerlo… salvo en España. ¡Spain is different!

 

En democracia, las injerencias policiales en la vida de la gente deben ser mínimas, las imprescindibles; cuando se cometa un delito, infracción o a requerimiento de ayuda de una persona, porque si se produce por iniciativa policial se vulneran derechos civiles. Si un policía te identifica, interroga, cachea sin explicarte de qué resultas sospechoso, no vives en una democracia de ciudadanos libres con derechos. Si puedes organizar una manifestación violenta, o cortar las calles durante días sin que la policía actúe (Cataluña), tampoco vives en una democracia con estado de derecho. ¿Ocurren estas cosas habitualmente en España? Entonces…

 

En democracia, una ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es básicamente para proteger y servir a los ciudadanos, respetar sus derechos civiles y proteger a los policías en su tarea. Ni los policías pueden estar desprotegidos ni los ciudadanos sometidos como súbditos o vasallos sin derechos de dictaduras o regímenes autárquicos. La democracia es un régimen de personas libres con los derechos inherentes a tal condición. 

 

Algunas prácticas de policías de distintas administraciones en España no son aceptadas en países democráticos de nuestro entorno. Según el Informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de marzo pasado, somos el único país democrático europeo donde un ciudadano puede ser identificado, interrogado y cacheado en la calle sin ninguna razón para ello y sin necesidad de argumentar por qué se hace. Se identifica a capricho del policía (estatal, autonómico o local) o por orden del mando (siempre verbal por ser ilegal), para estadísticas de falsa eficacia que no reducen la criminalidad. En democracia es tan fundamental combatir manifestantes violentos y delincuentes como no violar derechos civiles interfiriendo en la vida de los ciudadanos con identificaciones y cacheos prospectivos.    

 

El año 2000 se inventó el premio al policía del mes. Lo recibió un policía de Madrid por hacer más de 600 identificaciones, todas abusivas porque no había razón para injerirse en la vida de ciudadanos (víctimas) cuyos derechos fueron vulnerados. Solicitamos examen psicológico del agente por si padecía el conocido como “síndrome de Vietnam”, enfermedad mental que aquejaba a soldados norteamericanos a la vuelta de la guerra, que les llevaba a considerar como soldados enemigos al conductor de autobús, camarero, cartero… Tiempo después recibimos en el sindicato policial SUP una llamada del consulado francés en Málaga, preguntando si había alguna directriz para identificar a ciudadanos franceses porque recibían quejas de sus nacionales identificados cuando paseaban. El secretario no quería creer que en España cualquier policía podía identificar a cualquier ciudadano sin razón, por su simple voluntad. Lo de hacer estadísticas para el mando y los políticos era más incomprensible porque según él, ambos deberían encargarse de lo contrario: impedir abusos policiales contra las personas. En 2021 se mantienen prácticas policiales incompatibles con un régimen democrático de ciudadanos libres con derechos civiles. Son responsables los gobiernos de PSOE, PP, mandos policiales de todos los cuerpos y una muy deficiente formación profesional impartida desde hace 30 años.

 

Los policías que pretenden actuar con patente de corso contra una ciudadanía sin derechos civiles no son profesionales para una democracia. Los cambios que se plantean, aunque algunos carecen de sentido y son demagogia populista, no restan eficacia ni operatividad a los policías ni los ponen en riesgo. Exigir lógica y coherencia en escritos policiales no acaba con el principio de veracidad (¿se hacen ahora sin esos requisitos?). Respetar los derechos de la ciudadanía como norma fundamental no impide ejercer la fuerza necesaria contra los cafres en manifestaciones o los delincuentes violentos, a los que hay que tratar conforme exijan las circunstancias dentro de la legalidad. Solo a ellos cabe aplicar el principio de autoridad, no a cualquier ciudadano para identificarlo sin razón justificativa porque es un abuso ilegal impropio de un policía en democracia. 

 

Si Interior prohíbe identificaciones y cacheos arbitrarios ordenando a los mandos que los controlen e impidan, habrá resuelto el nudo gordiano de la vulneración de derechos civiles desde la ley “Corcuera” ampliada por la ley “Mordaza”. Si dota a los policías de cámaras en el uniforme, armas taser y un profundo reciclaje, por fin tendremos democracia, policías seguros y ciudadanos con derechos.