Caso Halsa-Términus, Fiscalía quiere piezas separadas y en pueblos separados

 

Desde el próximo martes día 6, a partir de las 9,30 de la mañana, las partes personadas en el Caso Halsa / Términus podrán acudir al juzgado Nº 3 de Almería a retirar la totalidad de la documentación de la instrucción que desde 2013 se lleva en aquella sede judicial y en secreto.

En pleno Siglo XXI los respectivos Procuradores podrán hacerse con el contenido de 11 pendrives  (32 Gb) y dos DVds, operación relativamente rápida y eficaz gracias a la digitalización del sistema. Sin embargo, lo que contienen varias decenas de tomos y legajos en papel -unos 360.000 folios- no han sido escaneados y, por tanto, es de presumir que el escáner de turno acabará echando humo a partir del martes.

Conviene que recordemos que lo que se ha conocido hace unas semanas y que tanta expectación e interés político y mediático ha levantado son solo un par de informes extensos y muy completos de la UDEF de Málaga, funcionarios que pueden sentirse orgullosos de haber presentado un laborioso y concienzudo trabajo, sin valoraciones no debidas, donde se ha dado veracidad y carta de naturaleza a gran parte de las informaciones que vieron la luz pública en otoño  del año 2013 a través de algunos medios de comunicación como El Pais y que apuntaban a supuesta financiación ilegal sobre todo del PP.

¿Qué sorpresas nos depara lo que está por conocerse de la instrucción de esta trama de corrupción económica y política en Almería a partir de la semana que viene?

Nadie se atreve a vaticinar nada porque realmente se desconoce, aunque el constatar que la policía judicial ha investigado y confirmado el material acusatorio descubierto en un contenedor de basuras, invita a pensar que el resto de la instrucción irá exactamente en la misma dirección, confirmando la mayor parte de las evidencias delictivas halladas.

Mientras llega el momento en el que se abran y se lean los legajos – con plazos judiciales demasiado cortos para procesar tanta información – y sus correspondientes sorpresas, conviene echar un vistazo a los pasos que las partes personadas en este macrosumario han empezado a dar y que, como se verá, levanta inquietud entre las acusaciones la posición adoptada por la fiscal representante del Ministerio Público con una propuesta diabólica disfrazada de eficacia procesal.

 

Así empezó el Caso Halsa, ahora llamado Operación Términus

 

En el Caso Halsa están personados como Acusación Popular la asociación anticorrupción AMAyT y cuatro concejales socialistas de La Mojonera, Francisco Navarro, Sofia Navarro, Francisco Gutierrez y Martín Collado. Les recuerdo que los valientes ediles socialistas tuvieron que denunciar solos, con sus nombres y apellidos, porque el partido a nivel provincial, con su SG José Luis Sánchez Teruel al frente, se negaron a que aparecieran las siglas del PSOE como denunciantes; se limitaron a asesorar a los concejales desde la dirección provincial del partido en materia jurídica, con Rodrigo Sánchez Haro como responsable jurídico; el partido socialista nunca fue combativo en la trama que apuntaba Halsa. ¿Sabia el PSOE de Almeria, a esas alturas, que podría existir financiación ilegal del PP y por eso no actuó?

Lo cierto es que el PSOE desde el primer momento mantuvo una posición muy tibia ante las revelaciones periodísticas. Muchos en el partido achacaron ese posicionamiento a la sospecha de que ayuntamientos del PSOE también hubiesen sido partícipes de determinadas prácticas tan ilegales como las de La Mojonera o Roquetas. El ayuntamiento de la localidad de Vícar, único feudo poblacional importante que logran mantener los socialistas en Almería, también aparece en recibos entregados por Halsa. Y en los círculos más críticos del PSOE de Almería (sanchistas de primera hora), se achaca esa falta de firmeza en el ataque político y judicial a la corrupción del PP en el hecho cierto de que un hermano de Sánchez Teruel – Pedro- era el ‘Auditor de Cuentas’ del Grupo Halsa en los años sometidos a investigación. El hombre de Susana Díaz en Almería siempre restó importancia a que su hermano trabajase para Halsa, al igual, dijo, que lo hacía para otras empresas como profesional auditor. Y con el líder del PSOE en Roquetas, Juan Ortega Paniagua, imposible contar por ser también socio de los dueños de Halsa en  Iniciativas Turísticas Roquetas de Mar que gestiona el parque acuático del municipio, Mario Park.

Este procedimiento, además, nació de dos denuncias distintas que, al ser judicializadas y tener conexión clara sus protagonistas y hechos, fueron inicialmente unidas en una sola. En octubre de 2013 es AMAyT con los recibos hallados en la basura y poco después los concejales socialistas de La Mojonera con las irregularidades del entonces alcalde y diputado autonómico José Cara. Los presentaron en la Fiscalía Superior del TSJA en Granada al aparecer personas aforadas. Cierto, por estar aforado Pepe Cara el procedimiento se dilató un tiempo hasta que, forzado por el partido y la presión ambiental, optó por dimitir y someterse a la jurisdicción ordinaria.

Téngase en cuenta que en este tipo de procedimientos, en general, el mejor sistema de defensa de los sospechosos suele ser intentar dilatar la instrucción y ganar tiempo que siempre ayudará a reconocer  prescripciones por un tribunal. Son constantes las referencias de la policía a la “no entrega” de expedientes o documentos a los que les faltaban páginas. Lo de ‘colaborar con la Justicia’, la famosa muletilla en momentos de apuro, parece que nada de nada.

Iniciada nuevamente la actividad instructora en estas últimas semanas, tras el trabajo de años de la UDEF, al margen de lo que se ha empezado a conocer, el procedimiento sigue su camino en la vía jurisdiccional que le ha tocado actualmente. Las partes han elevado ya al juzgado sus peticiones de comparecencias -como ‘investigados’ la mayoría de empresarios, políticos y funcionarios- de más de medio centenar de personas, entre los que destacan los alcaldes y concejales afectados por las concesiones de obras, así como los representantes legales de las mercantiles implicadas y, por supuesto, los funcionarios que , apuntan las evidencias, prevaricaron durante años recibiendo a cambio grandes sumas de dinero que, en la mayoría de ocasiones, salían de los reformados de obras que ellos mismos autorizaban como técnicos y que pagaban los contribuyentes. Todo ello ante la supuesta supervisión y autoridad de los políticos intervinientes en cada caso. al frente de las Juntas de Contratación.

Será muy ilustrativo escuchar en su momento a los políticos implicados para que expliquen al juez, sobre todo, cómo presidiendo todas las Juntas de Contratación y adjudicando muchos cientos de millones en obras públicas han salido adelante unos expedientes con tantas  trampas e irregularidades como ha evidenciado la investigación policial. Incluso se acompañaban expedientes con informes técnicos hechos a mano y sin firma de quién se hacía responsable.

De la misma forma que, algunos de los que se pretende convocar como testigos a declarar, parece que conocen muy bien las ‘claves’ de los recibos de dinero B entregado, entre otras la que se lleva la parte del león de las mordidas o comisiones y que crípticamente se denomina en todos como “POL”.

Muchos se preguntan si querrá decir ‘Partidos políticos’ y hay quien sospecha que puede querer indicar Programa Operativo Local, también con las siglas POL ¿O las dos cosas? Desde luego si se refieren estas comisiones a fondos europeos el problema es doble porque puede resultar muy embarazoso para España en estos momentos ante Bruselas. (También para la Diplomacia de Pablo Casado ) Desde luego si se confirmase, la OLAF tardaría muy poco en dirigirse al juzgado interviniente para pedirle información ‘no declarada secreta’ sobre el sumario. Así al menos actuaron cuando arrancó el Caso Marismas en Sevilla, 42 millones europeos para modernizar regadíos que nadie sabe a dónde fueron a parar, sumario que sigue vivito y coleando por cierto.

 

Caso Marismas: el juez propone a José Luis Sánchez Teruel como investigado

 

Para que se hagan una idea de la importancia política de lo que está en juego en Almería, solo hay que escuchar al presidente de la Junta que  ha adoptando el guion del manual del PP para la ocasión, vaticinando como hizo su Secretaria General, Loles López, que esto acabará “archivado” como tantas y tantas piezas que han ido cayendo  en los tribunales contra el ‘eficaz gestor’ de Roquetas que Moreno Bonilla considera a Gabriel Amat . Todo ello sucede ante una sociedad almeriense resignada pero no sorprendida, aunque quizás más mosqueada que en otras ocasiones a estas alturas de pandemia. El Sr. Presidente de la Junta, por lo que se le ha oído, ¿ya conoce de antemano qué decisiones tomarán los jueces en este caso?  Es lo mismo que durante años dijo Susana Díaz de Manolo Chaves y Pepe Griñán, lo mismo, presunción de inocencia y que hablen los jueces. Con un pequeño matiz, no fue descarada anunciando archivos. Sería muy interesante conocer los asesoramientos jurídicos o informaciones complementarias que ha tenido Moreno Bonilla para estar tan seguro de que esto acabará en archivo. En Almería desde luego suelen pasan estas cosas y puede que hasta tenga razón en esta ocasión el presidente a la vista de lo que quiere hacer Fiscalía, tema sobre el que me referiré más adelante.

Y de nuevo vuelven a sacar el manido mantra de la ‘presunción de inocencia’ para «los nuestros» que están bajo sospecha, incluido Pepe Cara González, el actual presidente del IFAPA que nombró su Gobierno hace unos meses. A Moreno Bonilla parece que le trae al pairo ver, negro sobre blanco, un acta notarial de compra de acciones de su compañero Pepe Cara a los de Halsa, patrimonio que nunca declaró ni en el Parlamento, ni ante el partido ni en el registro de bienes del Ayuntamiento que presidía. Y además se han documentado negocios incompatibles en su pueblo siendo alcalde con la mercantil de la que era accionista. Esa , por lo que parece, no es suficiente evidencia para que el presidente tome la decisión haciendo honor a su palabra de pulcritud y limpieza de la que presumía antes, de sanear y relevar al presidente del IFAPA para que pueda defenderse con las manos libres, sin implicar o salpicar a la institución que preside, a la Consejería de Agricultura y a la propia Junta de Andalucía.

 

El Caso HALSA llega al Parlamento tras el nombramiento del presidente del IFAPA

 

Junto a los escritos de las acusaciones pidiendo la lista de personas que deben ser llamadas a declarar ante el juez, el redactado por AMAyT añade la solicitud de “intervención judicial» con la fuerza policial si hiciese falta de los ayuntamientos de Roquetas y La Mojonera con el objeto que los funcionarios de la UDEF entren y obtengan los documentos y expedientes que durante años se han negado a entregar, pese a que les han sido solicitados de forma reiterada.

 

Llegó la fiscal y mandó parar

Pero ha sido el último de los escritos conocidos esta semana el que más inquietud ha despertado ante el devenir procesal del Caso Halsa. Lo firma una profesional veterana en sus funciones y conocedora de la realidad de Almería desde hace once años en que fue destinada como fiscal Mª Ángeles González Magán. Nos es pues una recién llegada a la Carrera ni a la plaza, sino más bien una veterana, seguramente si es observadora bastante conocedora del patio social y político almeriense.

“Interesamos la incoación de piezas separadas con los mismos y la documental que se adjunta y la remisión a los juzgados Decanos de Instrucción de El Ejido y de Roquetas de Mar, en cuyas demarcaciones territoriales se llevaron a cabo las diversas contrataciones objeto de investigación con las respectivas corporaciones municipales”.

 

 

En pocas palabras la Fiscalía de Almería, después de ocho años de instrucción y el gasto que ha supuesto la investigación de la Udef en el Caso Halsa, propone volver prácticamente a la casilla de salida en aras a una operatividad que desde AMAyT no comparten ya que obvian entre otras cosas “las obras realizadas en los municipios de Níjar, Diputación Provincial de Almería, Vícar, Carboneras, pues de ello e indistintamente a nuestra denuncia – dicen- se hace constar en el informe de la UDEF. Es decir, de forma selectiva y excluyente, el Ministerio Fiscal obvia que por los mismos hechos se ha investigado otras obras de otros municipios y otros «recibís» de pagos en «b» a políticos y financiación de campañas electorales”.

 

El desglosar el procedimiento en piezas separadas, entiende la Acusación Popular, “que tendría como objeto el análisis y estudio de cada una de las obras y sus expedientes, cuestiones estas que la UDEF ya ha realizado. Por el contrario lo que no se ha realizado es la averiguación de la supuesta financiación ilegal de partidos, PP y PSOE, pues el Ayuntamiento de Vícar, gobernado en aquellas fechas por el PSOE, también contaba con recibo de financiación de campaña”.

 

En su argumentación contraria a que se diluya el sumario entre dos juzgados de dos pueblos distintos, separadamente, recuerdan que “en el informe (UDEF) se manifiesta que queda demostrado la creación de un Entramado formado por la familia Morales y sus empresas del que forman parte técnicos funcionarios de distintos ayuntamientos de la provincia,  y que esto sería imposible sin la participación de los cargos públicos (Políticos). Ésta, es una de las claves e interconexión del entramado que es inseparable a todos los hechos que se han realizado en los distintos municipios”.

También se oponen  ya que vislumbran un camino que probablemente les echaría del proceso como Acusación Popular – ya han tenido varios intentos de echarles-  al exigirles fianzas que no tienen al no disponer de ningún ingreso o subvención. “Un claro perjuicio para esta Acusación, pues de no atender las mismas (fianzas) sería expulsados de esas piezas separadas, como así ya nos ha sucedido en los juzgados de esta Audiencia Provincial, donde, casualmente y acto seguido han venido sucediéndose, de forma continuada, los archivos de esas piezas separadas”.

La última sentencia favorable a Amat se ha conocido esta semana por lo de Playa Serena y efectivamente, otra muesca más en el tablero de éxitos judiciales de Amat en la Justicia que se imparte en Almería.

Finalmente señalan que “Lo que esta parte interpreta es, que lo procedente, en el actual momento procesal no es otra cuestión que la declaración de ‘investigados’ de todos aquellos a los que la UDEF identifica, salvo ulterior criterio de S.Sª y que en el traslado a las partes, por ésta, así los definiremos”.

 

Deslocalizar un sumario, ¿pinchar el globo?

Llegados a este punto hay que echar la vista atrás y acordarse de cómo empezó a desinflarse el caso de los Cursos de Formación en Andalucía, tan o mucho más grave que el de los Eres porque se enriquecieron mucha más gente a la que no le hacían falta para comer la pensión de un Ere. Fue cuando del asunto empezaron a entender juzgados de toda Andalucía y del tema nunca más se supo. Deslocaliza que nada queda.  Mercedes Alaya, por cierto, denunció públicamente la existencia de una ‘omertá’ entre PP y PSOE para que no se investigase el uso de la millonada de los fondos de Formación y que afectaban a intereses de uno y otro partido. «Mi percepción personal, – decía la magistrada- y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» (…) «había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas.» afirmó Alaya.

A veces tras el pretexto de la eficacia y la operatividad de la Justicia se ocultan de forma interesada o torticera hechos relevantes, como la presunta financiación de un partido, algo que no parece que sea en este caso de especial interés para la Sra. González Magán, la fiscal que quiere piezas repartidas por juzgados de pueblo.

No hay que saber Derecho, solo ser de Almería, para intuir que puede haber empezado el ultimo intento por salvar al general Amat, convencido como estaba de que podría jubilarse tranquilamente tras el chorreón de archivos judiciales que le han beneficiado en el ultimo año y pico. Puede que Moreno Bonilla tenga hasta razón y todo acabe en agua de borrajas, aunque sea con la cabeza de Pepe Cara rodando cuesta abajo como chivo expiatorio. Lo mismo que el socialista Pérez Montoya, en prisión, al que le han hecho zamparse todos los cristales de una gestión delictiva del PSOE y del PP en Diputación. Así funcionan las cosas en Almeria, control de riesgos y cálculo de bajas. Cuantas menos mejor, más bocas selladas. Un tipo en la cárcel siempre acaba dando problemas.

 

 

Nota final.- La moción de censura que el PSOE quiere impulsar contra Amat  en Roquetas parece que entra en vías de fracaso. El veterano dirigente de la derecha y alcalde de Roquetas ha optado por la vía milagrosa y se ha encomendado a Lourdes. Y parece que la señora le dará su amparo y protección.  Don Gabriel es el más listo de todos, sin duda…hasta que los suyos le meten la pata.