Crisis en el Mar Rojo. España un aliado poco fiable
El Gobierno tendría que pedir la necesaria autorización al congreso de los diputados. Beneplácito que sería seguramente rechazado por sus socios.
La disparatada gestión del Gobierno de la potencial colaboración española en las acciones militares internacionales, orientadas a proteger la libre navegación y el comercio marítimo a través del Mar Rojo y el Estrecho de Bab el Mandeb, ha sido todo un vodevil. Tras un cúmulo de timoratas, dubitativas y contradictorias posturas españolas, la situación actual es que España ni participará en la operación Guardián de la Prosperidad liderada por EE. UU., ni tampoco contribuirá a la misión de la UE, en apoyo de la anterior, y que ya está en curso de constitución en Bruselas.
El viernes pasado, la ministra de defensa, Margarita Robles, en rueda de prensa, utilizaba, a guisa de engañabobos, variadas e insostenibles excusas de colegial de 1º de ESO para escabullirse de la operación europea. Además de vacuas y epicenas apelaciones a la diplomacia, la cooperación internacional y la paz mundial, el más estúpido de sus argumentos fue la insuficiencia de medios, debido a las misiones que España ya desarrolla en el exterior. Misiones que son, en su inmensa mayoría, de las fuerzas terrestres. Así, implícitamente, parecía señalar a nuestra Armada como incapaz de aportar una fragata a la misión o de, rápidamente, cambiar la ubicación y el cometido de una que ya estuviera empleada. Una mera cuestión de prioridades y, asimismo, de falta de fiabilidad del Gobierno con respecto a nuestros socios y aliados. De ahí que la ministra insista pertinaz y frecuentemente en lo contrario. Doña Margarita venía así a confirmar su apretada competición con la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Albares y Bolaños, para afianzarse en el puesto nº 2 del amplio ranking de troleros gubernamentales. Clasificación, obviamente, encabezada por Sánchez que ―al César lo que es del César―, resulta, como mentiroso, insuperable.
Lo más cierto es que, entre las misiones de la Armada española, la de asegurar la libre circulación de mercancías y la protección de las Líneas Marítimas de Comunicación, así como la lucha contra el terrorismo vía marítima tienen la más alta prioridad. Obsérvese también que, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Transporte (UNCTAD), más del 90% del comercio mundial se transporta por mar. Y, asimismo, que más del 80% del comercio español se transporta por vía marítima (incluyendo la derrota por el mar Rojo y el Estrecho de Bab el Mandeb). Y, consecuentemente, aquellas misiones, que el Gobierno no favorece, deberían ser prioridades en el caso. No es de recibo que Sánchez parezca complacerse en una simbiosis mutualista con el terrorismo, tanto nacional (filoetarras) como internacional. Este agrado está refrendado por las pútridas alabanzas a su gestión recibidas de Hamás y los hutíes de Yemen. Es decir, de los terroristas y piratas que tratan de colapsar la libre circulación de mercancías por las zonas apuntadas. Tras casi tres meses de paciente demora, los países de la operación Guardián de la Prosperidad les están administrando el remedio que insistentemente demandaban.
En fin, doña Margarita esconde la razón esencial por la que el Gobierno esquiva embarcarse en cualquier misión contra el terrorismo de los hutíes, ni tan siquiera en el marco de la UE. El argumento es puramente doméstico: el Gobierno tendría que pedir la necesaria autorización al congreso de los diputados (artículo 17 de la L.O. 5/2005 de la Defensa Nacional). Beneplácito que sería seguramente rechazado por sus socios, tanto de coalición como parlamentarios. Y, aunque tal autorización previsiblemente prosperaría con los votos del PP, eso evidenciaría la extrema debilidad e inconsistencia de este Gobierno salido de la investidura bastarda de Sánchez. Por eso, de nada sirvieron ni las llamadas al orden (telefónicas), primero de Biden a Sánchez y, hace cinco días, del JEMAD norteamericano, general Charles Q Brown, a nuestro JEMAD, AG Teodoro López Calderón. Un juego político en el que, me temo, ha fallado también la embajadora de EE. UU, en España, Julissa Reynoso, por no aleccionar a Washington que, para los asuntos de gran calado, no hay que llamar Sánchez sino a Puigdemont.