Del Gobierno y su cuchipanda separatista

Para que Sánchez permanezca en la Moncloa, no hay acción de gobierno superior a la de obedecer los mandatos del separatismo catalán. La prioridad a comienzos de 2024 es aprobar en las Cortes una ley de amnistía (o de “impunidad”), de más que dudosa constitucionalidad, para blanquear los delitos, incluyendo los de terrorismo, cometidos durante los últimos años con ocasión del “procés”. Purificación ampliable, de paso, a los amiguetes, correligionarios y otros compinches de los golpistas. Toda una burla a la justicia.

Previamente, Sánchez y sus secuaces en el Gobierno han ido detentando puestos y derribando obstáculos en las instituciones. De ahí que se ufanen auto titulándose como gobierno de progreso, porque ciertamente no paran de progresar en su deriva totalitaria. Ahora se encuentran frente a la penúltima barrera: el poder judicial ―la “Ultima ratio regis” está, de momento, en conserva; pero todo se andará―. Proliferan los ataques de los golpistas catalanes contra la judicatura, para desacreditarla ante la opinión pública. Hablan, incluso, de un supuesto “lawfare”, señalando a jueces como responsables de persecuciones contra aquéllos no por sus delitos, sino por razones ideológicas. El último y más vergonzoso caso lo ha protagonizado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que se ha unido así a la cuchipanda separatista, al lanzarse al cuello del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón,  que lleva el caso contra Puigdemont, entre otros, por supuestos delitos de terrorismo en relación con “Tsunami Democràtic”.

En fin, demasiada confusión y muy poca vergüenza. Como ejemplo de ese sacar adelante como sea la “ley de impunidad”, está el caso de los letrados del congreso de los diputados.  Tal comenzó con el informe, de tufillo prevaricatorio, del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo,  sobre la proposición de ley de la amnistía presentada por el sanchismo. Ese caballero, en vez de limitarse a darle trámite,  entró favorablemente en el fondo de la proposición y , con ello, puso ruedas al tema. Ahora, al pasar el asunto a la comisión de justicia, las letradas adscritas a la misma han despachado el correspondiente informe técnico en el que, de forma detallada, contundente y altamente profesional, plantean serias dudas sobre la constitucionalidad de la “ley de impunidad”.

En honor a la verdad hay que decir que  no es cierto lo que muchos medios han publicado, acusando a Armengol de guardar en un cajón, durante seis días, dicho informe. En la mecánica de la tramitación parlamentaria, tal informe técnico, de 10 de enero, no va dirigido ni a la presidenta del Congreso, ni al letrado mayor, sino a la ponencia de la comisión de justicia, que es quien debe dar la forma definitiva a la proposición de ley, antes de pasarla al pleno para su aprobación. Lo que es diáfano es que el letrado mayor y los letrados rasos no marchan al mismo paso.

El escenario político se ensucia a pasos agigantados. Los augurios no son buenos y si saliera adelante la amnistía, inmediatamente se pondría la autodeterminación sobre la mesa. No parece muy sólida la confianza de algunos en que la Comisión Europea intervendría para paralizar tanta demencia. Lo más claro de todo es que Sánchez es el más maligno veneno para la democracia. Y si ésta no le derriba pronto, en breve nos envenenaremos todos y volveremos a las andadas.