En defensa de la Ley

La gran manifestación de hoy en Barcelona no ha sido una protesta más. No es una cuestión de mera contabilidad sobre el número de participantes sobre el que, como siempre, no se ponen de acuerdo la guardia urbana, la delegación del gobierno y los organizadores de la protesta. La exigencia pública de que se cumpla la sentencia firme del TSJC, que declaraba obligatorio el uso del castellano como lengua (también) vehicular en el 25% del tiempo dedicado a la enseñanza en Cataluña, es un acto de coraje de los manifestantes. El evento ha evidenciado la ínfima calidad democrática de nuestro país y, singularmente, del escenario catalán al fijar, cristalinamente, que allí no se cumple la ley cuyo imperio es el pilar fundamental del estado de derecho.

De nada valen los señuelos lanzados por unos u otros para despistar al respetable de lo que parece incontrovertible: la inmersión lingüística forzosa apesta a fascismo en bruto. Es ejemplo de  abuso de poder que deslegitima, por acción, a quien la impone (la Generalidad) y, por omisión, a quien la tolera (el Gobierno). Ambos son cómplices del desafuero de propiciar odio y tratar de atemorizar a quienes, legítimamente, exigen el cumplimiento de la ley. El acoso, la coacción o los escraches contra los que quieren una escuela bilingüe no son de recibo, porque sus pretensiones están avaladas por la ley, la fuerza moral y la razón. Máxime cuando se trata de un derecho tan elemental como el de ser educado en castellano “lengua española oficial del estado” (art. 3 de la Constitución). 

Poco vale escudarse en razones imaginarias o supuestas, para tratar de disimular las razones electoralistas que han propiciado la ausencia del señor Feijóo de la manifestación de Barcelona. No todo vale para despejar el camino a sus aspiraciones electoralistas; tal abandono cuestiona las voceadas y supuestas bondades de su potencial “entronización” en la Moncloa, tras las generales de 2023. Porque, como diría el castizo, malo sería salir de Guatemala para caer en “guatepeor”.  

Quizás, lo más pútrido de todo ello sea la insensata actitud del Gobierno. Porque éste, por un lado, abandona su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes, traspasando su compromiso con éstas a la sociedad civil y las familias de los educandos. Y, por otro, tolera la exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña, favoreciendo así la ruptura de lazos de esa región con el resto de España. En ese punto, el Gobierno emerge como una suerte de sicario y colaborador necesario del separatismo catalán.