Justicia tardía no es Justicia

Y así es. El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal se ha levantado contra lo que viene siendo una práctica habitual en los juzgados, el señalamiento ad eternum de la fecha de los juicios. Es algo que los letrados y otros operadores jurídicos sufren desde tiempos inmemoriales, hasta tal punto que se ha normalizado y ha llegado a formar parte de los gajes del oficio. Como la corrupción, los abusos o el hambre en África. No obstante, olvidamos muchas veces que la normalización es tan sólo el primer paso hacia la invisibilización. En este caso, de un problema y de las personas que hay detrás. Sé bien de lo que hablo porque, como letrado, puedo tener el honor de llamar a Daniel compañero pero, sobre todo, amigo. Mi solidaridad con él ha sido completa desde el primer momento, no dudando en hacer mía su reivindicación. Como, por fortuna, han hecho otros muchos, abogados o no. 

Y es que hablamos de un problema estructural motivado por algo que se sabe que existe pero que pocos se atreven a decir en voz alta: la escasa importancia que para algunos juzgados y tribunales tienen los derechos de las personas y el trabajo de los abogados, obligados a soportar las deficiencias del sistema judicial. Retrasos injustificados, irregularidades, atropellos gratuitos de los derechos, cuando no la más lacerante chulería. Ojo, no quiere decir esto que todos los juzgados funcionen igual, ni que en todos los tribunales le vayan a dar a uno golpe de remo. Afortunadamente, este mundillo está lleno de excelentes profesionales que se esfuerzan por hacer bien su trabajo. Pero todo su esfuerzo queda en la nada cuando la maquinaria se ha pervertido hasta un punto en que no respeta los derechos y las aspiraciones legítimas de las personas. La Tutela Judicial Efectiva es un Derecho Fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Conviene no olvidarlo.

El amigo y compañero Daniel ha requerido el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) en su recurso ante el Tribunal Constitucional, demandando amparo ante los retrasos judiciales injustificados que están produciendo.

Fruto de ello es una petición que circula por la red en la plataforma change.org para obtener el apoyo tanto del Colegio como del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),

Frente a la costumbre que tienen muchos representantes de algunos gremios de no mojarse demasiado en asuntos polémicos, las acciones del letrado le honran. Primero porque hace falta valor para poner a algunos juzgados en la picota cuando meten la pata, y segundo porque se necesita osadía para poner el reto ante las narices de un colegio profesional. Valga esto para quienes, falsamente, afirman que los abogados no se dejan la piel por los derechos de sus clientes. Mucho más allá del dinero que se ponga encima de la mesa y de la ingratitud que a menudo se recibe a cambio. 

Numerosos grupos y colectivos parecen hacerse eco del pulso entablado por el abogado sevillano, entre los cuales se encuentra el joven partido político Despertar Social. Hasta la fecha, la única formación que ha prestado un apoyo público y explícito a la iniciativa de Daniel Sánchez. Depende ahora del apoyo que desde los colectivos de la profesión jurídica quiera dársele. Por lo que a mí supone, es incondicional. Y así ha de ser para el resto de los compañeros. Porque si triunfa, la victoria será de todos.