«La Manada» en libertad
Leída la sentencia en numerosas ocasiones con todo detalle, cada vez estoy más convencido de la inocencia de los acusados.
Un violador, un asesino o un pederasta son los delincuentes más indignos y merecedores de desprecio social y las más duras condenas de entre toda la fauna delincuencial que pueda existir en la especie humana. Quede establecido como cuestión previa para defender la inocencia de los cinco acusados de La Manada, que según mi opinión NO son violadores. Ya he opinado de este asunto en dos ocasiones en este medio así que no repetiré argumentos, salvo decir que leída la sentencia en numerosas ocasiones con todo detalle, cada vez estoy más convencido de la inocencia de los acusados.
La decisión del tribunal que juzgó en primera instancia a los miembros de “La Manada” de permitir su libertad en tanto se resuelven los recursos contra la sentencia ha provocado la misma reacción mediática política y social que cuando se conoció la sentencia, con ataques a la justicia y linchamiento de los acusados, sin respeto a sus derechos que son los de cualquier persona en un Estado de Derecho. Insultos, descalificaciones, amenazas y posicionamientos políticos sin haber leído el Auto se vienen produciendo desde ayer, desde el PP a Podemos, desde OKdiario a Público, en todas las radios y televisiones con el mismo discurso: son culpables, hubo violación y la justicia se equivoca, todo ello en coincidencia con la marea social desatada por este asunto que no se produjo por casualidad.
Con la lectura de la sentencia y el conocimiento que se ha filtrado del sumario las evidencias respecto de la inocencia de los acusados a mi entender son diáfanas, demoledoras, y confío que la justicia se imponga al tsunami interesado,
creado artificialmente contra cinco inocentes, primero por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después por el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse porque sea cual sea el sentido de la sentencia del Tribunal Superior será recurrida por una de las partes. En el caso de la oleada política, mediática y social por la puesta en libertad de los acusados no importa que exista jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo y Constitucional señalando que la alarma social no puede influir en una sentencia de culpabilidad o inocencia y que la prisión provisional no puede alargarse como anticipo de una previsible condena posterior. ¿Qué más da el estado de derecho, la ley y la doctrina existente desde hace décadas en España? Estamos ante un experimento social que veremos como acaba, que trata de evidenciar que con determinadas palancas, informaciones falsas y difusión masiva se puede dirigir la sociedad y superar las instituciones, las leyes y el estado de derecho, los instrumentos que nos hacen una sociedad de personas libres, iguales y con derechos.
Estamos en un caso que ha sido “fabricado” artificialmente, que ha calado en la sociedad y que los medios de comunicación y los políticos están alentando acríticamente, siguiendo la liebre que les soltaron desde que ocurrieron los hechos,
sin reflexión ni análisis porque nadie está dispuesto a enfrentarse con argumentos a una movilización social del nivel que la que se ha conseguido con este caso. Los responsables políticos conocidos de esta situación son el Gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona, ambos personados en la causa y cuya posición política contra la Constitución no es ajena a lo que está ocurriendo. También son responsables los dos jueces que condenaron y que lo hicieron señalando hechos contrarios a las pruebas que constan en el sumario, quizá por la enorme presión social política y mediática, pruebas a las que sí se remite con todo detalle y rigor el juez discrepante en su voto particular.
Algunos indicios de la fabricación de este caso son que la policía que tomó la primera declaración de la denunciante, a las siete de la mañana, ha declarado en el juicio oral que ésta le dijo que sabía que la habían grabado pero que por error no lo hizo constar en su declaración. Con ello privaba a las defensas de una de las razones por las que ella pudo denunciar: el temor a que se filtrara la grabación. El informe presuntamente pericial de la Policía Foral de los videos grabados por los acusados con sus teléfonos fue desmontado en el juicio oral por el juez del voto discrepante, al reconocer el miembro policial que había extremos que no habían hecho constar; preguntado expresamente por el juez si ha visto en los vídeos que la denunciante se dirige al pene de uno de los acusados, lo toma en su mano y realiza movimientos masturbatorios, la respuesta del policía es que ese gesto pudo producirse porque se iba a caer y se sujetó y por eso no lo hizo constar. Respecto a la “limpieza” de ruidos en las grabaciones de los vídeos para oír con mayor claridad su contenido, la Policía foral dice que no es posible hacerlo en un informe escrito pero no entrega las cintas para su audición al tribunal. El magistrado y el experto con amplia experiencia en dichos asuntos coinciden en que los sonidos son más de una mujer que actúa voluntariamente manteniendo relaciones sexuales y que los sonidos son de placer y no de dolor (ella mismo negó que hubiera sentido ningún dolor).
Hay una actuación de la Policía Foral, que obedece órdenes políticas del Gobierno foral como la policía local del ayuntamiento, ambos en manos abertzales y personados en el caso, que ha pasado desapercibida y que es muy importante en este puzzle que han construido para dar consistencia al caso.
No debe olvidarse que gobierno foral y ayuntamiento se han manifestado por la condena a los jóvenes de Alsasua que agredieron a dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas y que no han hecho nada contra el acoso al que están sometidos los padres de una de dichas mujeres en el pueblo, con su negocio en venta por ser imposible que puedan seguir allí. La Policía Foral encontró en uno de los teléfonos un vídeo de algunos miembros de La Manada y sobre el mismo realizan arduas gestiones (muchas más que las que hicieron para aclarar el contenido y sonido de las cintas), localizando a una joven en Pozoblanco, Córdoba, trasladándose a dicha localidad para realizar gestiones y abrir allí una nueva causa por abusos contra algunos de los implicados. El asunto se judicializó, hace dos años que se difundió con falsedades pero no existe ni imputación contra ellos por lo que no han podido defenderse, aunque por la opinión pública ya han sido condenados y se da por hecho que son violadores reincidentes por las informaciones falsas vertidas interesadamente sobre lo ocurrido en Pozoblanco. Si esa actuación interesada y filtración a los medios de comunicación tenía por objeto reforzar la presunción de culpabilidad de los acusados han conseguido un pleno acierto.
Cinco sevillanos, uno militar y otro guardia civil con unas prácticas de dudosa moralidad y un trato a las mujeres bastante despreciable han servido para una determinada estrategia política de unos ante la cobardía de todos, políticos y medios de comunicación, que no han profundizado lo más mínimo en los hechos ocurridos.
Si las 11 sesiones del juicio oral no hubiesen sido a puerta cerrada, si no se hubiesen filtrado datos falsos de una presunta violación sobre una mujer que fue abandonada desnuda en un descampado tras usar con ella burundanga (extremos radicalmente falsos, según las declaraciones de los amigos que acompañaban a la joven de Pozoblanco el día de autos), si el informe presuntamente pericial de la Policía Foral hubiese sido pericial de verdad, y si se hubiesen oído las cintas, en la que un juez y el mejor experto sobre estas materias han oído una actividad sexual consentida, quizás la reacción social habría sido distinta y la mediática y política, a rebufo de la anterior, también. Se persiguen objetivos políticos y se usan a asociaciones de mujeres para desestabilizar a las instituciones. La justicia pondrá a cada uno en su lugar.