La Montero o el elogio del disparate

El despropósito con el que semanalmente nos gratifica el Gobierno ha llegado, esta vez, de la mano de la indocumentada ministra de igualdad, Irene Montero, de la que nadie se explica cómo pudo llegar hasta cajera de supermercado. Aquél es una pieza legal (“Solo sí es sí”) tan funesta que, pretendiendo asegurar los derechos de las mujeres mediante el incremento del rigor penal de los delitos sexuales contra ellas, ha logrado justo lo contrario: relajar la responsabilidad penal de los delincuentes y espantar a las mujeres, particularmente a aquellas que fueron víctimas de “asaltos” sexuales.

Los convictos de tales delitos han empezado a solicitar la revisión de sus condenas en aplicación de la nueva ley y los jueces, al así hacerlo, han tenido que rebajarlas. Ello ha desencadenado un alarmante goteo de revisiones a la baja propiciado, precisamente, por quienes (y “quienas”) han hecho de la supuesta protección a las féminas una lucrativa religión. Y doña Irene, en vez de asumir políticamente su error, se ha revuelto contra los jueces acusándoles, de facto y en mogollón, de no cumplir con su deber, de desconocimiento en el campo de la violencia de género y de falta de preparación técnica.

Pero, aunque la ministra sea el mascarón de proa del disparate, la culpabilidad está bastante repartida bien que, ahora, no sean pocos los que se pongan de perfil. Porque el engendro legislativo vio la luz tras aprobarse el correspondiente proyecto de ley en el consejo de ministros, así como pasarlo por las dos cámaras del parlamento. Y, además, con informes desfavorables, respectivamente, del Consejo de Estado, del  Consejo General del Poder Judicial y de los letrados de las Cortes. Fue un trayecto legislativo tan inútil como chapucero como consecuencia directa del chafallón régimen de partidos que sufrimos y que, en la práctica, coloca al poder legislativo bajo la bota del ejecutivo y, más concretamente, de la omnipotencia franquista de Sánchez.

No se puede obviar que, en la conformación del churro legislativo, es de especial gravedad la culpa compartida por los tres ministros a los que, al ser magistrados de profesión, se les supone expertos en técnicas legislativas: Fernando Grande-Marlasca, de interior; Pilar Llop, de justicia; y, cómo no, Margarita Robles, de defensa. Así las cosas, nada extrañaría que Irene Montero, el elogio del disparate, fuera la candidata podemita a la alcaldía de Madrid.