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Los ‘cerebros’ del Caso Poniente estaban en Abengoa

La sentencia confirma que, sin la participación de los ejecutivos de la multinacional, el saqueo de dinero público no se hubiese producido.

 

La Audiencia de Almería ha condenado a 32 de las 47 personas acusadas en la trama que afectó al Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, a través de la empresa mixta Elsur. Entre los condenados se encuentra un solo político, el que fuera alcalde del municipio, Juan Antonio Enciso Ruiz, el interventor municipal, jefes de importantes áreas municipales, un elevado número de empresarios y familiares y testaferros de los principales inculpados.

Intentar resumir y trasladar en un artículo periodístico el contenido de una sentencia judicial de 392 folios como la dictada en Almería hace dos semanas es tarea harto compleja. Máxime cuando el documento judicial a analizar es uno de los más minuciosos, complejos y enrevesados que el periodista haya podido leer en su vida profesional como cronista de tribunales. De la lectura de la densa y compleja sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Jesús Martínez Abad, lo primero que extraes es que, efectivamente, su redactado y elaboración no ha sido tan sencillo como echar un huevo a freír. Llegados a este punto convendrá dejar sentado que, tras su lectura, casi se entienden mejor los veinte meses empleados por el ponente para su redacción. Podrían haber sido menos, seguramente sí, pero quede constancia  que, a pesar de las muchísimas dilaciones que la propia sentencia contempla en esta macrocausa  atenuando penas, retrasos que han ralentizado la instrucción desde el año 2009, la sentencia  es objetivamente clara, documentada, precisa y comprensible para la gente de la calle que no sabe de leyes. No se trata de un escrito judicial al uso que solo entienden los iniciados, cualquier lector que dedique tiempo entenderá a la perfección lo sucedido con millones de euros públicos en El Ejido / Almería en la primera década del siglo XXI.

En el presente escenario, representando una esperpéntica y pestilente ópera bufa, un ramillete de empresarios y ejecutivos -la mayoría no eran de Almería- corrompiendo a políticos y funcionarios locales que, como ha quedado demostrado, se dejaban corromper encantados de la vida, sin oponer la más mínima resistencia.

 

Un botín de 54 millones

Efectivamente, el periodo investigado va desde el año 2002 al 2009 y en esos  siete años ha quedado demostrado en el proceso que la trama investigada llegó a apropiarse de 54.165.775 millones de euros procedentes del Ayuntamiento de El Ejido. Una cantidad, por cierto, infinitamente inferior con la que se llegó a especular durante el arranque de la instrucción, que estimaba entonces el saqueo en el doble, casi ciento veinte millones de euros. Parece evidente que una investigación judicial con más medios (y en menos tiempo) quizás hubiese podido documentar en el sumario el resto de millones públicos robados a la luz del día en la capital del Poniente almeriense. Pero bastante hicieron los investigadores con los siempre escasos medios disponibles para este tipo de macro investigaciones y sobre todo cuando se depende de laboriosos y complejos informes de la Agencia Tributaria y Hacienda.

Procede pues sobrevolar en el análisis los miles de hechos y datos con sus fundamentos jurídicos que valida la sentencia con todo lujo de detalles. Conviene recordar que, al cabo de 16 años de las primeras revelaciones realizadas por los periodistas de Onda Cero El Ejido (Eva Liria) y El Mundo de Almería (Javier Martínez de la Horra), se ha confirmado que los datos y hechos publicados entonces han coincidido plenamente con la verdad judicial demostrada ahora.

Lo primero que hay que decir es que la sentencia en cuestión ofrece un retrato extremadamente realista de una sociedad, la almeriense,  con sus propias singularidades, pero perfectamente adaptable a otros escenarios andaluces  de esa misma época. Mismos perros con distintos ladridos. La corrupción no es una lacra que crezca solo bajo plástico, ni mucho menos, desgraciadamente es un virus transversal. En el caso almeriense ayudó bastante a mantener un constante y permanente saqueo de dinero público la ‘insularidad’ o si se prefiere la incomunicación de Almería con el resto de Andalucía, unida con Sevilla sólo por caros vuelos subvencionados y por una A92 concluida en 2002, diez años más tarde. Durante años ir a Almería era viajar lentamente a otro mundo y así lo percibía el viajero nada más llegar y divisar los poblados de indios y vaqueros en el desierto de Tabernas.

 

Foto fija ‘de lux’

En la sentencia del Poniente todo queda plasmado en una foto fija de la política, la sociedad y la economía provincial  donde no falta un perejil. Hasta se sabe el coste de las dos grandes bodas que, pagadas con dinero saqueado, celebraron la familia Amate en La Boticaria por 33.748,40 euros, un lujoso hotel que ‘El Cani’ levantó en Alcalá de Guadaíra  o la boda a todo tren de Pepe Alemán y su esposa Isabel Carrasco -condenada también- en el Hotel Ritz por 110.309,36 euros; por no hablar de las facturas de quince mil euros en caviar de Río Frio para el interventor municipal entre otros muchos gastos suntuosos. O el casi medio centenar de propiedades inmobiliarias adquiridas a nombre del clan sevillano de la familia Amate. Muchas de esas operaciones realizadas con dinero más negro que el carbón, según el tribunal.

Pese a que la política y sus moradores tanto del PSOE como del PP han sido los grandes responsables en términos políticos de lo sucedido en El Ejido – mirando para otro lado- la sentencia solo condena a uno de esos políticos, al exalcalde Juan Enciso Ruiz a una pena de cinco años y tres meses de prisión y 13 de inhabilitación por la comisión de un delito de malversación.

De Enciso los magistrados sostienen, entre otras cosas, que “no se ha acreditado que dichos pagos (por él recibidos) encubrieran donaciones o comisiones ilícitas en su condición de regidor municipal y tampoco se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”. En el fondo Enciso aparece en la sentencia como un pobre hombre que firmaba todo lo que el ambicioso Interventor le ponía por delante, dándose por satisfecho con las migajas del suculento pastel de comisiones montado a su alrededor a propósito de la empresa ElSur; calderilla recibida por Enciso que invertía en el que iba a ser su retiro, un cortijo restaurado en Laroles, en las Alpujarras granadinas con viñas y bodega incluida. “Según tasación pericial judicial de Ana Belén González Gálvez, el valor de construcción de la vivienda y almacén es de 64.880 euros, y el de construcción de la bodega es de 57.778,60 euros. El valor total de las construcciones asciende a 122.658,60 euros”. Ese es el valor  oficial del gran ‘tesoro’ del único político condenado en esta causa.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería han llegado a la misma conclusión, con datos confirmados durante la instrucción de la causa, que quienes denunciaron en 2007 lo que estaba sucediendo entre ElSur y el ayuntamiento de El Ejido a través de un entramado de subcontratas corruptas. Clavaron la denuncia que partió entonces a través del abogado Francisco José Sánchez Ramón y un reducido grupo de trabajadores de ElSur, algunos de los cuales serían finalmente ‘testigos protegidos’ en el proceso.

 

Dos patas para un saqueo

El saqueo de las arcas del ayuntamiento se pudo poner en marcha gracias a dos patas fundamentales, aunque solo una de ellas mereció en su día el pomposo título de “cerebro de la trama”. José Antonio Alemán Bracho, a la sazón funcionario público como Interventor municipal  y consejero de ElSur, fue considerado por la policía judicial como la mente que lo había diseñado todo.  Sin embargo algo no casaba en esta consideración policial. Un tipo, supuestamente tan capaz y tan inteligente no podía tener el comportamiento de un nuevo rico caprichoso, manirroto, prepotente, fanfarrón y bastante canalla en los negocios. En esas conversaciones telefónicas grabadas por la policía durante la larga instrucción de la magistrada Montserrat Peña no se trasladaba precisamente una imagen de Pepe Alemán como la de un hombre inteligente y cauto. Sus ansias de protagonismo social como miembro de la nueva aristocracia del dinero situaban su comportamiento más cerca del bajo vientre que del cerebro.

Pero si Pepe Aleman era solo la aparente pero necesaria guinda local y legal al pastel de la trama, ¿quién o quiénes fueron los auténticos ideólogos, los cerebros, de este saqueo de dinero público organizado?

Lo que sí queda patente es que durante el periodo investigado los resortes de control establecidos por el Estado de Derecho fallaron o no funcionaron de forma deliberada. Que cada uno saque sus propias conclusiones mientras examina quiénes mandaban en Abengoa y qué políticos se sentaban en su Consejo de Administración.

 

Los cerebros de Abengoa

La sentencia 92/23 de 30 de marzo pasado nos aporta luz al respecto y confirma lo que siempre se sospechó pero nunca tuvo eco en los pocos medios que se ocuparon del caso antes del 20 de octubre de 2009, día de detenciones y registros. La clave fundamental del Caso Poniente estuvo desde el principio en el Grupo Abengoa, concretamente en el escuadrón de ejecutivos, primeros espadas entonces de la multinacional que presidía Felipe Benjumea, que enviaron a Almería a ¿gestionar? la empresa mixta El Sur de El Ejido.

Por cierto, formalmente el Grupo Abengoa nunca ofreció ni una explicación a lo que se estaba destapando por la Justicia en El Ejido. Su responsable de Comunicación, Patricia Malo de Molina, siempre amable y exquisita en el trato, pero ni una palabra, ni una declaración de la corporación más mimada por el socialismo gobernante, desde que Felipe Gonzalez siendo Isidoro almorzó con Don Javier Benjumea Puigcerver en su comedor privado de Abengoa. Hubo rechazo absoluto a informar de la crisis de Almería, como si Abengoa nada tuviese que ver con  los Marañón, Molina, Borrero… todos finalmente imputados y condenados, menos el fallecido Marañón,  nombres todos muy significados en el equipo de gestión del grupo empresarial sevillano.

José María Marañón Martín. Consejero de Elsur, presidente no ejecutivo de Aygesa y apoderado de Abensur. Quizás el ejecutivo más importante  del grupo Abengoa, que falleció el 4 de noviembre de 2021, una vez concluido el juicio oral.

Francisco Javier Molina Montes, Vocal del Consejo de Administración desde la constitución hasta 14­10­/2004. Presidente Ejecutivo de BEFESA.

Antonio Marín Hita, Vocal del Consejo de Administración desde la constitución hasta 14/10/2004. Secretario General de Befesa.

José María Caballos Cabrera. Vocal del Consejo de Administración desde 20/03/02 hasta 14/10/04. Administrador mancomunado de Abensurasa.

Antonio Ramón Borrero Villalón. Vicepresidente del Consejo de Administración desde 14/10/2004 hasta 25/5/2010. Administrador mancomunado de Aygesur. Director General de Aygesa.

-Manuel Fernández Heras. Vocal del Consejo de Administración desde 14/10/2004 hasta 7/4/2010. Director de producción de Aygesa, condición en la que ejercía el control de la Dirección de Producción de ElSur.

-Miguel Ángel Abad Chamón. Vocal del Consejo de Administración desde 14/10/2004 hasta 30/9/2009. Apoderado Mancomunado de Aygesa.

-Justo Fernando Bolaños Hernandez. Vocal del Consejo de Administración desde 14/10/2004 hasta 25/5/2010. Director de Administración de Aygesa.

 

Beneficios de hasta el 53%

“Durante el periodo 2002 a 2009 el socio mayoritario de Elsur- dice la sentencia refiriéndose al Grupo Abengoa- ha incumplido el régimen contractual pactado con el Ayuntamiento de El Ejido, apropiándose a través de los mecanismos que se dirán, tanto en beneficio propio, como consintiendo que los demás implicados en la trama lo hicieran, de los fondos públicos que recibían del consistorio, mediante la realización de las actividades ilícitas que se irán exponiendo”.

A estos ‘patas negras‘ del Grupo Abengoa habría que sumar a quienes como el empresario sevillano José Amate Rueda, dejaron la disciplina interna de Abengoa en ElSur para volar solos con la complicidad de los que se quedaron dentro con la gestión, propiciando la creación de empresas fantasmas solo con trabajadores, sin máquinas, logrando desorbitados beneficios mediante falsificación de facturas y un largo rosario de actuaciones punibles.

Según el tribunal Amate “se limitó a unas subcontrataciones carentes de estructura y organización empresarial alguna, sin prácticamente aportar ningún tipo de maquinaria, vehículos, herramientas u otro tipo de materiales”. Amate fue ejecutivo de ElSur, Jefe del Área de Parques, Jardines y Edificios Públicos desde 1996 hasta 2003. A partir de esta última fecha ocupó el puesto de Director de Explotación, posteriormente denominado Producción de Elsur hasta septiembre de 2006. Afirma la sentencia: “Aprovechó su posición en la empresa mixta para subcontratar servicios que aquélla debía prestar al Ayuntamiento valiéndose para ello de empresas controladas por él al frente de las cuales figuraban testaferros y miembros de su familia” constata la sentencia que también añade que el importe total de la sobrefacturación del grupo de empresas controladas por Amate Rueda “asciende a la cantidad de 24.688.222,63 euros, habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 53,49%, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación..” Lo mismo sucede en el caso del grupo de empresas de Juan Antonio Galán: “El importe total de la sobrefacturación del grupo de empresas controladas por el acusado Juan Antonio Galán Martínez en el periodo 2002 ­2009 asciende a la cantidad de 15.649.200,99 euros, habiendo obtenido un porcentaje medio de beneficio del 48,21%”.

Impresiona conocer con detalle el inmenso patrimonio inmobiliario – casi medio centenar de propiedades- logrado por este clan sevillano integrado por el padre, la madre, un hijo médico, dos hijas y dos yernos, todo gracias al saqueo.

 

ElSur, 230 millones, un pozo sin fondo

Para hacerse una idea sobre como ha evolucionado la inversión de dinero público en relación con ElSur, con el Grupo Abengoa como socio privado mayoritario, baste con recoger estos datos ahora confirmados judicialmente:

­-La previsión inicial por canon para el periodo 1996 a 2008 ascendía a 47.936.725,45 euros y se ha multiplicado por 3,57 veces hasta 171.604.300 euros.

-La previsión por obras y servicios fuera de canon para el periodo 1996 a 2008 de 34.125.467,29 euros se ha multiplicado por 1,64 veces hasta 56.131.400 euros.

­ -Desde 2002 a 2008 la previsión inicial por canon era de 29.287.319,85 euros y se ha multiplicado por 4,8 veces hasta 141.225.800 euros.

-­La previsión por obras y servicios fuera de canon para el periodo 2002 a 2008 de 20.855.120,02 euros se ha multiplicado por 1,86 veces hasta 38.958.100 euros.

Ya en la página 127 de la sentencia puede leerse un primer aldabonazo sobre responsabilidades de la multinacional andaluza:

“Durante el periodo 2002 a 2009 el socio mayoritario de Elsur ha incumplido el régimen contractual pactado con el Ayuntamiento de El Ejido, apropiándose a través de los mecanismos que se dirán, tanto en beneficio propio, como consintiendo que los demás implicados en la trama lo hicieran, de los fondos públicos que recibían del consistorio, mediante la realización de las actividades ilícitas que se irán exponiendo”.

Este es uno de los ejes fundamentales que la sentencia deja claro que ha sido clave para sostener el entramado de corrupción padecido en la comarca del Poniente almeriense.

Solo entre los años 2002 y 2009 ElSur le facturó al ayuntamiento por el canon anual y por obras fuera de canon un total de 230.456.510 millones de euros.

“En el importe de esas facturaciones iban comprendidas las sobrefacturaciones que los distintos grupos empresariales y sus propietarios, acusados en esta causa, iban efectuando a ElSur, en la realización de las distintas subcontratas que celebraban con la Empresa Mixta, todo ello con la connivencia de los representantes municipales, principalmente del Alcalde, el acusado Juan Antonio Enciso Ruiz, a la sazón presidente del Consejo de Administración; y el Interventor Municipal y miembro asimismo del Consejo de Administración de ElSur, el acusado José Antonio Alemán Bracho”.

Así, los ejecutivos de la empresa mixta, fueron responsables de haber “llevado a cabo una sobrefacturación en concepto ‘Gastos de Apoyo a la Gestión y Asesoramiento‘, servicios que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se pongan de manifiesto la veracidad de los mismos y, que tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían eran de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de ElSur para justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio”.

 

Trampas para ‘favorecerse ilícitamente’

Entre los años 2002 y 2003 logran facturar 2.046.688,59 millones de euros, gracias a unos contratos “que ni siquiera están firmados ya que fueron creados once meses después de su fecha, y cuyo contenido es idéntico, con la finalidad de justificar la facturación que había girado a ElSur por dichos servicios inexistentes” (…) “En dichos contratos figuran como intervinientes, por una parte, el ya fallecido José Marañón Martín, en representación de Abensur, a la sazón Director General de Befesa (Abensur) y Consejero de ElSur. Y, por otra parte, en representación de Elsur, su gerente, el acusado Manuel Caballos Piñeiro. Ambos proceden del Grupo Abengoa, y fueron puestos en esos destinos por este holding empresarial para el control del mismo y así favorecerse ilícitamente.

Esos carísimos asesoramientos inexistentes fueron oscurecidos convenientemente “con la finalidad de hacer más opaca la operativa que llevaban a cabo, desglosaron este concepto en otros dos que denominaron «Fee«, comprensivo de supuestos servicios generales prestados, y “Extra Fee«, supuestos servicios bajo demanda prestados”. Un total de 16.548.086,59 millones resultó el montante global de la defraudación cometida en algo mas de siete años, desde 2002.

Según la sentencia estas y otras actividades ilícitas “fueron consentidas por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Ejido el acusado Juan Antonio Enciso Ruiz, y el Interventor Municipal del Consistorio, el acusado José Antonio Alemán Bracho, quienes permitieron, haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio, que las mismas pudieran tener lugar. Para ello, y a sabiendas, el Interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado, y, el Alcalde autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente como se ha descrito”.

 

Escándalo y contexto temporal

En conclusión, el saqueo juzgado en Almería nos presenta un balance judicial bastante ejemplarizante con numerosas penas de prisión y lo más importante, la orden de devolver lo robado que se haya podido documentar, que no es poco.

La Justicia ha llegado hasta donde se lo han permitido tanto los medios disponibles, como la voluntad política de poner patas arriba el Poniente almeriense, incluyendo Roquetas de Mar, La Mojonera y otras localidades. Ahí está todavía en instrucción el sumario del Caso Halsa / Operación Términus que ya enseñó la patita en el Caso Poniente y tanto el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez (fallecido durante la vista oral) como la instructora Peña decidieron no abrir más melones y concentrarse, ojo, no en El Ejido, sino exclusivamente en la empresa ElSur.

Tampoco se debe olvidar el contexto político del momento, especialmente singular en Almería, reino de omertá permanente entre los lideres del bipartidismo local. Por un lado el PP denunciando a su antiguo alcalde Juan Enciso, “el mejor alcalde de España” le había llegado a definir Javier Arenas. Por otro la complicidad vergonzante nunca confesada del PSOE con los corruptos, ayudando bajo la mesa a tres tránsfugas de El Ejido a controlar una Diputación de 27 miembros en la que el PP perdía la mayoría con los tres descolgados, uno de ellos José Añéz Sánchez, que incluso llegó a lucir el traje de presidente.

Releer las conversaciones grabadas por la policía en 2007-08 es un ejercicio que con la perspectiva  que ofrece el tiempo, enriquece en matices un cuadro digno de presidir el museo de los horrores del pelotazo. Es tan densa la instrucción, incluso tan pedestre, que en el sumario se colaron personas y situaciones de escaso interés para la investigación policial. Pero leer sus nombres o sus iniciales, sus conversaciones, nos ayudaba a comprender mejor un escenario donde mandaba gente que había decidido pasarse el Código Penal por el forro y todo por que se sentían inmunes, porque eran amigos del poder o detentaban el poder. Sí, brujuleando con los investigados aparecieron nombres ilustres como el del ex ministro Pepe Barrionuevo intermediando con Isidoro Alvarez presidente de ECI para que le comprase el mármol de la fachada del nuevo Corte Igles de El Ejido a Cosentino, tienda que supuso una soterrada batalla con la capital Almería aspirante a tener el suyo;  a don Julio Iglesias de Usell, Secretario de Estado de Universidades con Aznar, cuñado de Pepe Alemán, con el que charlaba habitualmente de lo divino y de lo humano, o con Carlos Herrera, siempre a la búsqueda de buenos platos y recomendación de buenos restaurantes entre los nuevos ricos del lugar. También aparecieron chispazos de glamour con algunas señoras que luego aparecerían como ricas y famosas en la tele; todo, todo respondía al dulce encanto de una aristocracia rural que intentaba clonar un cacho de Marbella en Almerimar, aunque rodeada de plásticos. Hasta el entonces número dos de la Fiscalía de Almería, Fernando Brea, se coló de rondón en el sumario y en sus grabaciones. El Teniente Fiscal fue pillado en una conversación con su amigo Juan Enciso donde no hablaban precisamente del tiempo ni del precio de los tomates.

 

Apoyo socialista bajo la mesa

Esa alianza entre los socialistas y los lideres políticos de la trama corrupta del Poniente, el sector más ultramontano del PP almeriense de entonces, se tradujo en un descarado apoyo mediático, poniendo a su disposición la red de emisoras locales de la provincia, pagada por Diputacion, que difundía las vomitonas insultantes de cada mañana desde la radio municipal de Enciso contra todo el que se movía. Optaron por el ataque que creían que era la mejor defensa y como no existía nadie a quien responsabilizar de la acción de la justicia, la emprendieron contra los periodistas mensajeros y sus medios. Todos éramos unos trincones, unos sicarios del PP y unos corruptos, el clan no entendía que hubiese periodistas que no recibían consignas y que se dedicaban a hacer bien su trabajo y contar la verdad. No obstante viene a cuento recordar una anécdota.

Los periodistas perjudicados por los insultos y las infamias del aparato de propaganda del ayuntamiento de El Ejido pudieron organizar y celebrar al final una dulce venganza al hacerles creer, (dos semanas antes del 20 de octubre que la policía entró a saco en el ayuntamiento y ElSur), que Fiscalía había archivado sus investigaciones sobre El Ejido. El diálogo esa mañana entre Enciso y su periodista de cabecera en la radio municipal , reproducido en este enlace al final del post, fue antológico por ridículo, dando por hecho de que todo había terminado felizmente y que, efectivamente, los periodistas denunciantes éramos unos embusteros y unos canallas.  Aquel día todo el consejo de administración de ElSur – se eligió la fecha de reunión para lanzar la fake- brindó con champán Grand Cru en el lujoso restaurante La Costa. Pepe Alemán incluso se permitió enviar un mensaje al periodista, haciéndome saber lo feliz y contento que estaba, sin saber que tenia los días contados para dormir una temporada larga en El Acebuche. Pero desde ese día, tras el susto y la duda de tantos meses, la mayoría dejó de hablar habitualmente por sus móviles.

Por supuesto Canal Sur TV pasó de puntillas por este caso de corrupción como con otros. Ya entonces nuestra tele pública padecía el mismo virus que ahora: no es noticia lo que molesta al que manda en San Telmo. Y el PSOE de Chaves protegió a los corruptos del Poniente, incluso lideres socialistas como Luis Pizarro o Martín Soler almorzaban con ellos en el Parlamento al inicio de curso político o en las casetas VIP de la feria de abril. Como no iban a estar tranquilos y confiados Juan Enciso y Pepe Alemán en la Feria de Sevilla de 2009, a solo seis meses de entrar en la cárcel, compartiendo manzanilla y langostinos con el entonces poderoso consejero de Innovación y aspirante a suceder a Manolo Chaves, el almeriense Martín Soler Márquez y la flor y nata de Abengoa con Felipe Benjumea al frente.

 

El PSOE, tocado para siempre

El camino judicial del Caso Poniente, pese a esta primera sentencia, aún no ha concluido. Queda trecho y sobre todo tiempo cuando hablamos de posibles recursos de casación ante el Supremo a elevar en 30 días hábiles, antes del 18 de mayo como fecha límite. En términos políticos  el asunto está finiquitado. La Justicia ha puesto, negro sobre blanco, lo que muchos, demasiados quizás, ya sabían al arrancar la primera década de siglo y nunca denunciaron. El PSOE ha pagado caro electoralmente aquella cama redonda con los extremistas de El Ejido. Nunca lograron levantar cabeza electoral y siguieron los años consolidándose en el poder y el control institucional de Almería la derecha y Gabriel Amat, su líder y referente junto a Javier Arenas que acabó censado en Almería, con lujoso apartamento en Playa Serena y una avenida a su nombre en Roquetas de Mar. No en vano, el caso Poniente, es fruto entre otras cosas de una lucha interna por el poder dentro del PP de Almería librada entre Enciso, Amat y sus leales. Fue gente del PP de Amat quienes encargaron el famoso “Informe Pícaro”, una exhaustiva investigación patrimonial de lo que se suponía que estaban robando a la luz del día el clan de Enciso y Alemán. El informe no era para llevarlo al juzgado aunque su contenido lo pedía a gritos, en realidad fue encargado para intentar doblegar al adversario y que claudicase en sus aspiraciones por controlar el partido en Almería.

Cuando los medios soltaron las primeras informaciones sobre la trama Poniente, desde el PP se apresuraron a filtrar el Informe, aunque convenientemente maquillado para sacar del mismo, entre otros, apellidos como el de la familia del hoy alcalde del PP Francisco Góngora y una polémica operación urbanística por la que años después acabarán procesados a denuncias precisamente del Partido de Almería, el partido de Enciso. El hoy alcalde fue delfín de Enciso y su responsable de Urbanismo.

Fueron las documentadas y contrastadas informaciones periodísticas publicadas a partir del 14 de febrero de 2007 las que empujaron ese otoño al Fiscal Superior en Granada, Jesús García Calderón, a interesarse por sendas denuncias presentadas por el PP e IU que permanecían desde mayo en un cajón de la Fiscalía almeriense. La larga declaración de un testigo anónimo ante la unidad policial de la Fiscalia Superior, durante una lluviosa madrugada en Granada, fue quizás el primer paso formal de una macrocausa que sin duda ha dejado huella, particularmente en la sociedad almeriense que, una vez más, ha podido comprobar como otros listos de Sevilla han ido a llevárselo por la cara. Estos por lo menos van a tener que devolver lo robado a la caja de todos.

20 meses esperando la sentencia del Poniente

 

Este artículo se publicó originariamente en ExtraJaén el viernes 14 de abril de 2023