Narcotráfico y corrupción
Transparency International trabaja desde hace años en investigar y descubrir los lazos que unen la corrupción con el narcotráfico.
El giro producido en la autoría de la muerte de dos guardias civiles en aguas del puerto de Barbate atribuida ahora por la propia Benemérita a un presunto traficante marroquí, me permite algunas consideraciones respecto al narcotrafico y a sus apoyos y a las propuestas de algunas organizaciones involucradas en el estudio del crimen organizado y de sus benefiarios empresariales y a quienes a través de la corrupción intenta rentabilizar todo el aparato de persecución y defensa de comerciantes narcos, banqueros ocultos y blanqueadores del dinero que produce.
Transparency International trabaja desde hace años en investigar y descubrir los lazos que unen la corrupción con el narcotráfico. Desde 2016, junto a Interpol y la UNODOC, realizan el proyecto Crimjust, con fondos de la Unión Europea. El proyecto pretende reducirla influencia del crimen organizado y la corrupción en la seguridad y el Estado de Derecho. Crimjust ha estudiado e investigado las formas de facilitar la cooperación internacional en materia penal, con prioridad a las que pongan de manifiesto las relaciones patrimoniales transfronterizas que permitan seguir, con enormes dificultades, el hilo de todas las redes criminales.
El informe de Europol publicado en abril pone de relieve que el 60% de las redes criminales que operan en la UE utilizan métodos de corrupción para alcanzar sus objetivos ilícitos. Abordar la corrupción es debilitar la delincuencia organizada. La detección y la represión se han convertido en importantes complementos de las políticas de prevención. Se trata de políticas públicas que hay que diseñar y poner en marcha. Coordinación entre los diferentes servicios y agencias pertinentes y la cooperación europea e internacional. Ningún país europeo ganará la guerra contra el narcotráfico sin combatir la corrupción y el blanqueo, y sin conjuntar su policía, su justicia y su inteligencia financiera. En esta materia como en muchas otras, sin un estado mayor con mando único, la guerra está perdida ab initio. Por ejemplo, solo las incautaciones por vía judicial permitirán atacar el patrimonio de traficantes y corruptos que los amparan y dirigen o apoyan y las lentitudes, descoordinaciones y reinos de taifas de los juzgados y tribunales españoles están muy lejos de conseguir la mínima eficacia en ese terreno. Combatir la “delincuencia de la parte superior del trafico” puede hacerse más efectiva introduciendo en el Código Penal el delito de presunción de blanqueo. El art. 3º, apartado 3º de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre de 1990) afírma la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elementos de los delitos que se describen en el párrafo 1º de dicho artículo, entre los que figura el de blanqueo de dinero, procedente en nuestro caso del trafico de estupefacientes. Como ocurre en otros territorio del ordenamiento jurídico español una simple decisión del Congreso de los Diputados apoyada por la totalidad de sus señorías permitiría del instrumento de coordinación, confiscación y seguimiento adecuados de las medidas a ejecutar. Basta instrumentalizar en la Administración de Justicia el apárataje del que dispone la Hacienda Pública, instalado en la Real Casa de la Aduana, para dar un paso de gigante en la lucha con las delincuencias, incluidas el crimen organizado y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Si los gobiernos socialistas y conservadores, incluido el del brillante aconsejador permanente de lo que tienen que hacer los demás y él y sus vicepresidentes económicos o hicieron, n han tenido tiempo en estos cincuenta años para hacerlo, puedo uno llegar a la penosa conclusión que es preferible seguir asi. Los Mellados, las Peñas, los Samperes, las Alegrias y Gamarras puede aclarar a los ciudadanos que prefieren la confusión y seguir sustrayendo rentas salariales a permitir madrastras de narcotraficantes en Marbella.