Políticas públicas y dependencia
Análisis económico de las políticas públicas: la atención a las personas en situación de dependencia.
En la evaluación del impacto de las decisiones de gasto en políticas públicas, suele estar ausente un enfoque que ponga la mirada analítica en el conjunto del presupuesto de las Administraciones. De este modo, las reducciones de inversión en un determinado programa se interpretan a priori como un ahorro, sin examinar el efecto que producen sobre otras partidas presupuestarias que atienden necesidades primordiales de la ciudadanía.
Si dejar de prestar un servicio, o dejar de hacerlo con la intensidad que se precisa, supone un deterioro en las condiciones de las personas a las que va dirigido que tiene el efecto de aumentar el consumo de otros incluso más caros que los que hemos dejado de atender, el pretendido ahorro de dinero público se evapora pudiendo llegar incluso a suponer hasta un incremento de gasto en el total del presupuesto.
Es necesario dejar de tomar decisiones con la mentalidad de un esmerado contable de visión limitada en cada ministerio, consejería o área, para ampliar el foco y realizar un análisis económico de las decisiones sobre las políticas públicas y su impacto en el conjunto del presupuesto, incluyendo sus efectos en la actividad económica y en el empleo.
Un ejemplo interesante lo podemos encontrar en dos estudios publicados por FEDEA, en el que se analiza la relación entre la atención a las personas en situación de dependencia y el gasto sanitario desde dos perspectivas.
El primer estudio es de 2016 y examina si la atención a la dependencia reduce los ingresos hospitalarios que pueden evitarse. La conclusión es elocuente, la expansión de la cobertura de la Ley de Dependencia mejora la eficiencia del sistema de salud, reduciendo las hospitalizaciones de las personas que reciben cuidados y haciendo más breves las estancias hospitalarias en el caso de que se produzcan. En conjunto, el estudio estima el ahorro en hasta un 11% de los costes relacionados con las hospitalizaciones de estos colectivos. Estos resultados sugieren que estas políticas públicas contribuyen a reducir las ineficiencias en la atención hospitalaria, minorando específicamente su número, frecuencia y duración. La coordinación sociosanitaria, por consiguiente, puede aumentar el ahorro total en el gasto público y mejorar la eficiencia si se mantiene una adecuada atención a la dependencia.
El segundo estudio es de 2021 y aborda el efecto de los beneficios de la atención a las personas en situación de dependencia sobre el uso de la atención médica. Considera que el aumento de la esperanza de vida y las enfermedades crónicas de las persona mayores, tienen un efecto directo en los sistemas de salud aumentando la presión asistencial. La implementación de buenos sistemas de cuidados a largo plazo para la población dependiente, contribuye a reducir esta presión puesto que promueve hábitos preventivos y la adherencia a los tratamientos médicos, reduciendo los ingresos hospitalarios relacionados con la edad. Estima que la atención a las personas dependientes supone una reducción del 60% de las hospitalizaciones evitables, así como las visitas no programadas de pacientes a los centros de atención sanitaria. En definitiva, la asignación de recursos presupuestarios a la Ley de Dependencia puede no sólo aumentar el bienestar de los beneficiarios del sistema de cuidados, sino también contribuir sólidamente a contener el aumento de los costes de la sanidad.
Y a todo ello debemos sumar el efecto de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la economía y en el empleo. El estudio “La atención a la dependencia como motor de desarrollo económico” elaborado por la profesora Belén Díaz Díaz de la Universidad de Cantabria, publicado en la Revista Internacional de Sociología en 2014, muestra que la tasa de retorno de los recursos asignados es muy alta, de cada euro, 0,59 retornan a la Administración; el sector de atención a la dependencia es intensivo en mano de obra, estimando que la generación de empleo asciende a 36 trabajadores por cada millón de euros de gasto de la Administración; el multiplicador de la producción asciende a 2,38, de manera que por cada euro invertido por la Administración en el sector, la producción aumenta 2,38 euros. Tiene además otros efectos en la economía tremendamente positivos: la capacidad de generar empleo y riqueza vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico, la oportunidad de racionalizar el gasto sanitario con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces como hemos visto, y la oportunidad de reducir el coste de oportunidad de las familias que se quedan sin posibilidad de trabajar fuera del hogar por tener que atender a un familiar.
Por todo ello, el dinero que se emplea en las políticas de atención a la dependencia más que un gasto es una buena inversión, no solamente económica por los efectos positivos descritos, sino también por la cohesión social y la mejora del bienestar individual y colectivo, tan necesarios para sustentar la esperanza en el bien común y la convivencia cívica como sólidos cimientos de las democracias, con la mirada puesta en hacer una España mejor.