Violencia política, máquina de fango

Con motivo de una crítica parlamentaria de una diputada de VOX a la ministra de Igualdad, UPodemos respondió con una campaña política y mediática secundada por el PSOE, el Gobierno, los partidos que lo apoyan y medios de comunicación afines. El desacuerdo con la crítica ejercida desde un escaño de la oposición contra la ministra del Gobierno produjo una reacción desproporcionada, de violencia política. Calificando de machista la intervención de la diputada voxista, prenden la hoguera política y mediática para quemar a quienes piensen distinto y tengan la osadía de decirlo, aunque sea en un debate parlamentario.

El fanatismo camuflado de feminismo exige que en el debate político no se trate igual a quienes critican desde la izquierda que a quienes lo hacen desde la derecha. Es legítimo que la ministra de izquierda insulte a los jueces tachándolos de machistas (la mayoría son mujeres) por aplicar su ley con errores groseros que permite reducir condenas a violadores, pero criticar a la ministra desde la derecha por dicha norma es una crítica machista, aunque quien lo haga sea una mujer. La etiqueta de machista en el catálogo de identificar enemigos desde el Gobierno y sus acólitos, junto con la de fascista, es una descalificación perpetua para opinar y participar en democracia. Es una expulsión definitiva del “partido” que quieren jugar el Gobierno, los acólitos y sus medios de comunicación con sus reglas, que cambian cuando quieren a mitad de partido, sus árbitros y con rivales como fue Costa Rica para España en el inmundo mundial de Catar.

Esta reacción es otra vuelta de tuerca hacia el burka mental que llevan años tratando de imponer a la sociedad; lo que dijo la diputada de VOX no fue más allá de lo que hace años dijo la pareja de la ministra de igualdad, Pablo Iglesias, de la esposa de Aznar y no en un debate parlamentario, en un debate en televisión de La Sexta, entonces amiga de UPodemos y hoy considerada por ellos aliada del fascismo. Solo una democracia deficiente o una partidocracia basura puede considerar libertad de expresión un comentario si lo dicen los de una ideología, y fascismo machista si lo dicen desde una ideología distinta. ¿Qué diferencia lo que dijo Pablo Iglesias de lo que dijo Carla Toscano? ¿Por qué uno ejercía su legítima libertad de expresión y la otra es machista y fascista por decir lo mismo?

Habiendo oído debates y críticas políticas desde la Transición hasta hoy a políticos como Blas Piñar, Alfonso Guerra, Cascos o Iglesias, entre otros muchos, nunca presencié una utilización tan demagógica, populista y grosera de una crítica para victimizarse y distraer el meollo de la cuestión como han hecho ahora Irene Montero, UPodemos, los partidos que lo secundan y medios de comunicación. Lo que dijo Carla Toscano no es ni más violento ni más falso que lo que dijo Pablo Iglesias de Ana Botella: ni Ana Botella habría sido alcaldesa de Madrid sin ser la esposa de Aznar, ni Irene Montero ministra sin ser la pareja de Pablo Iglesias. La doble vara de medir ensucia la política, los medios de comunicación y el debate social. Que el Gobierno esté en primera línea del combate político contra la oposición con todo tipo de campañas, montajes y artimañas y no gobernando para la mayoría ciudadana es una anomalía democrática peligrosa.

Hemos asistido a violencia política, entendida como declaraciones fuera de tono, acusaciones sin fundamento o imputación de falsedades al enemigo político (lo de rival forma parte de la historia), y a violencia física con insultos, acoso y apedreamiento en mítines de VOX y Cs, por “demócratas” que pretendían impedir el ejercicio de la libertad política consagrada en la Constitución. Estos actos no levantan grandes condenas del resto de partidos que los ven con indiferencia, y la mayoría de medios de comunicación los despachan con menciones asépticas sin la crítica contundente que merecen los mismos.      

Cristina Cifuentes sufrió un escrache en la calle con insultos, escupitajos, empujones y amenazas de muerte. Desde entonces hasta hoy han sido muchos los escraches a políticos y políticas de diferentes partidos. Según el partido de Irene Montero en palabras de su entonces líder Pablo Iglesias, los escraches son “jarabe democrático”, un derecho del pueblo contra la casta política, una justa forma de expresar malestar en democracia contra los cargos públicos. Eso sí, cuando ellos acceden a esa casta y se van a vivir de Vallecas a un chalet, (lo que prometió Iglesias que nunca haría, aislarse del pueblo), impiden el jarabe democrático del pueblo con decenas de guardias civiles para no probar la misma amarga “medicina” que recetaban para otros.

“La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, dice un texto breve de Juan de Mairena, heterónimo de Antonio Machado. Quienes no condenan agresiones en mítines a dirigentes de otros partidos, intentos de golpes de Estado, apoyan indultos a sus promotores y pactan eliminar el delito de sedición, acusan y pretenden aislar y expulsar del juego democrático a un partido político muy de derechas, pero que no cuestiona el régimen democrático. Tener como objetivo político cambiar la estructura del Estado invirtiendo la descentralización se considera un atentado contra la Constitución por aquellos que defienden derogarla, y con ello derogar la Monarquía, el régimen del 78 y acabar con la unidad territorial de la nación. Son objetivos políticos de UPodemos, ERC, Bildu, PNV y otros que sostienen al Gobierno de la nación que quieren desmontar. La tolerancia hacia ideas distintas ha muerto. Aplican el pensamiento único talibán como una máquina de fango contra quienes discrepan de sus políticas y pretenden exterminarlos.   

La escritora Evelyn Beatrice Hall en la biografía de Voltaire escrita en 1906, “Los amigos de Voltaire”, dijo “No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”. Con ese espíritu vino la democracia y asistimos en TVE a debates políticos en los que participaba Blas Piñar cuestionando la Constitución, la Monarquía y la democracia (“La Clave” de José Luís Balbín), o actos conjuntos de Manuel Fraga y Santiago Carrillo transmitiendo que la democracia es tolerancia, diálogo y respeto al que piensa distinto. Esa democracia se perdió por el camino y nunca llegó a su destino. Ha transmutado en una partidocracia asfixiante donde se pretende imponer una forma de pensar criminalizando las ideas políticas que no coincidan con las de la izquierda radical, el nacionalismo y los independentistas.

Hay quienes piensan que VOX es fascista y están en su derecho a decirlo. El mismo derecho tienen quienes piensan lo contrario, que si se atreven a decirlo son etiquetados como fascistas. La velocidad con la que se “dispara” el adjetivo señala la mentalidad fascista de quien lo hace. Que el Gobierno y sus medios afines estén tratando de incrustar esa idea en la sociedad, añadiendo que el PP es también ultra, y Cs, dependiendo de que apoye o no al Gobierno, lo mismo, puede ser una estrategia política errónea con efectos negativos para la democracia/partidocracia que habitamos. Cuando se acaba el discurso político llegan las urnas y ya conocemos lo ocurrido en Italia con la “ultrafascista” Meloni, o en Francia con el socialismo (menos del 5% de votos). No se puede defender la legitimidad democrática de Bildu que nunca ha condenado un crimen de ETA porque lo votan 277.621 ciudadanos, y despreciar y criminalizar a VOX y a sus 3.656.979 votantes (3.382.358 más que Bildu) porque plantea reformar la estructura del Estado de las autonomías.

La obra de teatro que interpretan los políticos en su mundo de yupi se aleja cada día más de los problemas reales de la ciudadanía. Criminalizar al rival político en democracia es peligroso. Jugar con fuego puede prender un incendio de consecuencias imprevisibles, imposible de controlar. Todos los españoles tenemos derecho a decidir el futuro de nuestra nación; ningún Gobierno, ley ni pacto entre partidos políticos puede impedirlo si no es por la fuerza y acabando con el régimen democrático y las libertades. El Gobierno, con su rumbo político pone en riesgo la convivencia y está inyectando en la sociedad un veneno mortal contra la democracia.