Nos la han vuelto a colar

El Gobierno le ha cogido gusto a eso de engañar descaradamente a los ciudadanos. A la sombra del resto de escándalos en los que se ve envuelto, que no son pocos, no ceja en su empeño de distorsionar el Estado de Derecho para imponer su particular visión del mundo y privilegiar a sus principales caladeros de votos. Le memoria es frágil, pero las vulneraciones individuales de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos todavía siguen presentes. Y está por ver si desaparecen con el fin del Estado de Alarma o permanecen soterradamente sin que nadie se dé cuenta. Como hemos señalado vez tras vez, una vez que una norma se aloja dentro del Ordenamiento Jurídico, es muy difícil sacarla de ahí. O, si se saca porque algún tribunal la considere ilegal o el Tribunal Constitucional la deje fuera de juego, ya se encargarán sus promotores de aprobar otra que en el fondo diga lo mismo, y vuelta a empezar. Eso por no mencionar que la creciente politización el Poder Judicial convierta la lo legal en ilegal y lo inconstitucional en constitucional. No será la primera vez.

Pero, mientras nos acomodamos al reciente autoritarismo estatal hasta normalizarlo, no puede quedar sin reproche el escaso valor que a la inteligencia de los españoles otorga el Gobierno de Pedro Sánchez. A sabiendas de la irregularidad cuanto menos (desde nuestro punto de vista jurídico, abierta inconstitucionalidad) de la legitimación para la Expropiación de Viviendas de titularidad privada por vía de la modificación del Plan Estatal de Vivienda por una Orden Ministerial (https://confidencialandaluz.com/el-boe-del-sabado-es-inconstitucional/) que se publicó en el BOE precisamente un sábado, con la perspicacia de que así pasaría desapercibida y los medios no le darían apenas importancia. E incluso aunque levantara ampollas, ello quedaría sepultado bajo la avalancha de muertos, contagios e histeria desatada en los momentos más duros del Coronavirus. Y  así ha sido. De hecho, apenas si la oposición se lo ha hecho sentir al Gobierno a la hora de decidir o no darle su apoyo para las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma. Un cálculo duro, cruel y astuto.

Ahora nos encontramos con una situación similar: otra irregularidad jurídica publicada un sábado en el BOE para camuflarla bajo el Estado de Alarma. El sábado antes precisamente de que se permitiera salir por primera vez al conjunto de los españoles a la calle para aliviar el confinamiento. Al fin y al cabo, después de dos meses encerrados, ¿a quién diablos le importan los padrones municipales?  Dicho y hecho. BOE núm. 122, de 2 de mayo de 2020 (Ref. BOE-A-2020-4784), artículo 3. Nos vamos a su punto 3:

‘Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio.   Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el     domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como   domicilios válidos en el Padrón.’

De aquí se extraen dos consecuencias: Primera, que quienes hayan ocupado una vivienda y no sean, por tanto, titulares de la misma, pueden empadronarse en un municipio al residir en él habitualmente; Segunda, que la situación irregular de la vivienda, cuando no la ausencia de ella, no es impedimento para la adecuada regularización padronal. Es decir, que quien haya ocupado una vivienda o viva en la calle de manera irregular puede acceder a la inscripción en el Padrón Municipal en pie de igualdad que el resto de los ciudadanos. A nadie mínimamente inteligente se le escapa la aberración jurídica que ello supone, especialmente a efectos probatorios en los litigios que versen sobre la titularidad de la vivienda en los casos de una ocupación prolongada. Un certificado de empadronamiento puede convertirse en algo muy beneficioso para un ocupa en un juzgado, aunque la controversia gire, se insiste, en torno a un título jurídico de propiedad, que será en todo caso lo decisivo. Cuestión diferente es la obligación de los poderes públicos de impedir que existan personas que tengan que hacinarse en ‘infraviviendas’.

Dicho lo anterior, hay más. El punto 4 de este artículo 3:

‘Empadronamiento de reclusos. El empadronamiento de reclusos en         el municipio en el que se encuentra el centro penitenciario sólo podrá          realizarse a petición de los mismos. Admitir el empadronamiento forzoso de los reclusos supondría imponer una pena accesoria a la de prisión, que al no estar expresamente prevista resultaría contraria al artículo 25 de la Constitución Española.’

         Y aclara en su siguiente párrafo:

‘A sensu contrario, los reclusos tienen el derecho de elegir como      domicilio habitual el que asignen a efectos de empadronamiento, no    siendo pues la residencia efectiva el criterio a aplicar en este caso.’

         Es decir, que los reclusos de los centros penitenciarios pueden escoger libremente dónde empadronarse, independientemente de la residencia efectiva en el municipio o no. Un derecho del que no gozan los ciudadanos que no han cometido delitos, a los cuales se les exige, como pone de manifiesto el artículo 1 de este mismo cuerpo legal, la residencia habitual en el municipio en el que se vaya uno a inscribir. Como se puede percibir sin duda alguna, se establece normativamente un privilegio legal para los presos sobre el conjunto de la ciudadanía no delincuente, quebrando, como en otras tantas situaciones y casos, la Igualdad ante la ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española.

Pero lo más alucinante está aún por llegar, poniendo de manifiesto que la Clase Política en poco se diferencia entre sí, más allá de las soflamas y de los cruces de acusaciones electoralistas: esta resolución es una copia íntegra de otras dos anteriores, ambas publicadas en el BOE: una de 1997 durante el Gobierno de Aznar (https://www.boe.es/eli/es/res/1997/07/21/(1)), y otra de 2015 durante el Gobierno de Rajoy (https://www.boe.es/eli/es/res/2015/03/16/(1)). Es decir, durante dos gobiernos del Partido Popular. Y aunque se han mantenido en la práctica invariables durante estos años, su intención era tan inequívoca como la que ha llevado al PSOE y a Unidos Podemos a resucitarlas.

La situación notoriamente favorable para ocupas, indigentes y presos que presenta este BOE nos lleva a efectuar dos preguntas fundamentales: ¿Por qué hay que establecer privilegios jurídicos para determinados grupos? ¿Y por qué esta distinción tiene que afectar además a los grupos menos merecedores de privilegio alguno, si es que alguno lo fuera? Que cada cual saque sus propias conclusiones. Pero no es un secreto para nadie a estas alturas de la película que la mano de Unidos Podemos está detrás de semejante re-edición del esperpento. Fiel a su política de privilegiar socialmente a todos aquellos colectivos reales o imaginarios a los que dice representar para situarlos en una posición de fuerza sobre el resto de los ciudadanos para ganarse así la recompensa del voto y asegurárselo. Haciendo gala de una siniestra simetría con los conservadores en la demostración, una vez más, de que el oportunismo discriminatorio trasciende ideologías.

No nos engañemos. Ha tenido que estallar este ‘escándalo’ para que la ciudadanía tuviera conocimiento de que esta norma había estado vigente durante años sin que lo supieran. Y ahora se ha abierto la caja de pandora. Desde la misma esencia de sus comienzos, la Clase Política española se ha empeñado en criminalizar la meritocracia y en subvencionar la mediocridad, el apesebramiento y el parasitismo para mantener al pueblo bajo su bota chantajeándole privilegios y dinero por votos. Esta es la realidad de la falsa ‘política del cambio’ en este país, de la que este vergonzoso BOE no es más que el último eslabón de la cadena. Otra violación de los principios del Estado de Derecho para perjudicar a la gente honrada y ensalzar una picaresca española mal entendida que censura el esfuerzo y el trabajo a la vez que recompensa la vagancia y el crimen.

A ver quién se atreve ahora de culpar a los jóvenes que se van.